Revista Temas de Derecho Constitucional

276 Revista Temas de Derecho Constitucional de salud generalizados, garantizar el acceso a medicamentos y aprovechar enfoques innovadores para proteger el derecho a salud y alcanzar la CSU (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2019). En el informe de política “Anclaje de la cobertura universal de salud en el derecho a la salud,” la OMS analiza los indicadores clave del compromiso financiero con CSU. Es un desafío crear un objetivo de gasto en salud en relación con el PIB que funcione para todos los países, independientemente de su crecimiento económico y sus prioridades nacionales. El resumen de políticas de la OMS se refiere a un punto de referencia im- portante: el Centro de investigación Chatham House sobre Seguridad de Salud Global en su publicación “Responsabilidades compartidas: Un marco global coherente para el financiamiento en salud” establece que el porcentaje objetivo de PIB invertido en salud debe ser al menos 5% para todos los países. Desafortunadamente, en los últimos años, algunos Estados no han podido alcanzar un punto de referencia tan bajo y han continuado reduciendo el porcentaje del PIB que in- vierten en atenciónmédica. Los datos más recientes del Banco Mundial sobre el gasto ac- tual en salud (% del PIB) muestran que países como Haití, Burundi, República Centroafri- cana redujeron la parte de su presupuesto nacional que se destina a resolver necesidades básicas de salud. Según la OMS (2017), el gasto promedio en salud per cápita es de USD 1,011, pero la mitad de los países del mundo gastan menos USD 366 por persona (p. 13). Además, el presupuesto de salud proporcionado por donantes privados, ayuda externa o cooperación internacional se ha reducido a menos del 1% (p. 11). Uno de los desafíos de entender el gasto en salud como un indicador CSU relevante, es que el gasto no siempre se traduce en mejores protecciones financieras para los pacien- tes. Según una publicación reciente de la OMS, “los países están gastando más en salud, pero la gente todavía paga demasiado de sus propios bolsillos. Los gobiernos proporcio- nan un promedio del 51% del gasto en salud de un país, mientras que más del 35% del gasto en salud por país proviene de gastos de bolsillo. Una consecuencia de esto es que 100 millones de personas son empujadas a la pobreza extrema cada año ”. (OMS, 2019) El acceso a la atención médica aún representa un desafío para muchas comunidades debido a disparidades y exclusiones sistemáticas. Una de las formas de reducir las desigualdades entre las diferentes regiones y ciudades dentro de un mismo país ha sido la promulgación de leyes y políticas nacionales que cubren a toda la población al mismo tiempo que se centran especialmente en los más vulnerables. Muchos gobier- nos han promulgado políticas para cubrir servicios clave como la atención materna y la asistencia al parto, mosquiteros para niños o vacunas (Banco Mundial, 2016). Otros Es- tados han incorporado el derecho a la salud en sus constituciones, como Sudáfrica en 1996 y México en 2013 (OMS, 2015). En 1988, Brasil inició una serie de reformas que cu- brieron aproximadamente a tres cuartas partes de la población, llegando a cerca de 140 millones de personas, reduciendo la mortalidad infantil y reduciendo las disparidades entre el norte y el sur del país. Otras experiencias notables de expansión de cobertura en salud han tenido lugar en economías más pequeñas. Por ejemplo, Burundi introdujo recientemente un nuevo sistema de financiación de salud basado en el rendimiento y Níger ha reducido significativamente sus tasas de mortalidad infantil a través de la