Objeto de la Ley
Declara el río Aburrá, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos para garantizar su conservación, protección, mantenimiento y restauración integral.
Río Aburrá, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos para su conservación, protección, mantenimiento y restauración
Declara el río Aburrá, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos para garantizar su conservación, protección, mantenimiento y restauración integral.
Comité de Orientación y Protección del Río Aburrá, representante legal del río liderado por las Corporaciones Autónomas Regionales y el Área Metropolitana.
Autoridades ambientales, entes territoriales y empresas pueden destinar recursos presupuestales. Cooperación público-privada permitida.
Reconoce el POMCA (Plan de Ordenación de la Cuenca de Aburrá) como marco fundamental para la gestión integral.
Plan integral de concientización para las 14 comunidades municipales de la zona de influencia de la cuenca del río Aburrá.
La ley rige a partir de su promulgación el 12 de agosto de 2025, con reglamentación en los siguientes 6 meses.
Promulgación y entrada en vigencia de la Ley 2533 de 2025
Plazo máximo para la expedición de reglamentación del COPRA por las autoridades ambientales (6 meses)
Implementación del plan integral de socialización y concientización en los 14 municipios
Apropiación presupuestal y presentación de informes de ejecución al COPRA
Comité de Orientación y Protección del Río Aburrá. Representante legal del río creado por esta ley, liderado por las Corporaciones Autónomas Regionales y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Plan de Ordenación de la Cuenca de Aburrá. Instrumento de planificación reconocido como marco fundamental para la gestión integral de la cuenca.
Concepto jurídico que otorga personalidad legal al río Aburrá, permitiéndole ser titular de derechos y obligaciones para su protección y conservación.
Área geográfica donde todas las aguas superficiales convergen hacia un punto común. En este caso, la cuenca del río Aburrá que abarca 14 municipios.
Entidades públicas encargadas de administrar los recursos naturales renovables y el medio ambiente en su jurisdicción territorial.
Beneficios que los ecosistemas proporcionan a los seres humanos.