Sentencia C-088/93

TRATADO INTERNACIONAL-Trámite Excepcional

Respecto de los tratados o convenios internacionales respecto de los cuales se predica el supuesto fáctico previsto en el artículo 58 transitorio de la Carta de 1991, el Constituyente contempló un especialísimo procedimiento para la formación y expresión de la voluntad legislativa, consistente en exceptuarlo tanto de los cuatro (4) debates que, de ordinario exige la Carta para que un proyecto se convierta en ley de la República, como de la sanción presidencial. En relación con los tratados que se encontraren en la situación descrita, el Constituyente dió por satisfecho el requisito constitucional de aprobación congresional con su discusión y aprobación en primero y segundo debate en una de las dos cámaras legislativas, siempre y cuando ambos tuvieren lugar en la misma.

TRATADO INTERNACIONAL/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD/CONGRESO DE LA REPUBLICA/COMPETENCIA

Tanto el Congreso como el Presidente de la República desbordaron sus competencias constitucionales al pretender expedir -el primero- y sancionar -el segundo- leyes sobre materias que, sustraídas expresamente de los procedimientos ordinarios de actuación de tales poderes, el Constituyente sometió a un especialísimo proceso de gestación, tal como el previsto en el artículo 58 transitorio respecto de los tratados y convenios internacionales que, al momento de entrar a regir la nueva Carta Política ya hubiesen sido aprobados por una de las dos Cámaras. Mal podían el Senado y el Presidente de la República hacer caso omiso del mandato constitucional citado, y proseguir con el trámite de aprobación y de expedición de la referida ley. Dicho proceder comporta ostensible transgresión a la disposición transitoria No. 58 de la Carta, razón que siendo de por sí suficiente para declarar la inexequibilidad de la ley.

TRATADO INTERNACIONAL-Ratificación/CORTE CONSTITUCIONAL/COMPETENCIA/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

La ratificación presidencial de los Tratados Internacionales está condicionada a la decisión jurisdiccional de control constitucional que pronuncie la Corte Constitucional. Respecto de esta clase de actos, el control previo, la única ratificación presidencial constitucionalmente válida es la que se efectúe después de que la Corte Constitucional, como resultado de la culminación del proceso de revisión constitucional que le compete efectuar al tenor de lo dispuesto en artículo 241-10 de la Carta, lo declare ajustado a la Constitución.

SALA PLENA

RADICACION L.A.T. 004

Revisión Constitucional de la ley 11 de 21 de julio de 1992, "por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, adoptado en Ginebra el 8 de junio de 1977".

(Protocolo I)

MAGISTRADO PONENTE:
CIRO ANGARITA BARON

Sentencia aprobada mediante Acta No. 17

Santafé de Bogotá, D.C., febrero 26 de mil novecientos noventa y tres (1993).

I. ANTECEDENTES

Mediante oficio S.J. 24102, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a esta Corte copia de la ley 11 de 1992, por medio de la cual el Congreso de la República aprobó el 21 de julio de 1992 el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), así como copia del texto de este instrumento certificada por el jefe encargado de la División de Asuntos Jurídicos, para su revisión constitucional.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en sesión efectuada el 13 de agosto del pasado año, de conformidad con el Programa de Trabajo y Reparto aprobado para ese mes, repartió al suscrito el negocio materia de revisión en el presente proceso.

Con el fin de observar lo dispuesto en el artículo 44 del decreto 2067 de 1991 que sujeta la tramitación de las revisiones oficiosas de las leyes aprobatorias de tratados internacionales al procedimiento ordinario previsto para las leyes estatutarias, el Magistrado Ponente, mediante providencia de agosto 31 de 1992, decretó la práctica de pruebas y ordenó la fijación en lista del negocio en la Secretaría General por el término de diez (10) días para asegurar la intervención ciudadana que consagran los artículos 242-1 C.N. y 7o. inciso 2o. del decreto antes citado.

Así también ordenó que se surtieran las comunicaciones de rigor al señor Presidente de la República, al señor Presidente del Congreso y a la señora Ministra de Relaciones Exteriores. Extendió la referida comunicación al Defensor del Pueblo y al Director de la Comisión Andina de Juristas.

Finalmente, dispuso que se surtiera el traslado al señor Procurador General de la Nación quien oportunamente rindió el concepto de su competencia.

Cumplidos, como están, los trámites y requisitos constitucionales y legales, procede la Corte Constitucional a resolver.

II. TEXTO

Se transcribe a continuación el texto de la ley 11 de 1992, aprobatoria del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo  a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, adoptado en Ginebra el 8 de junio de 1977 (Protocolo I), el cual corresponde a la copia certificada que remitió el Ministerio de Relaciones Exteriores.

LEY No. 11 DE 1992
21 DE JULIO 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES (PROTOCOLO I), ADOPTADO EN GINEBRA, EL 8 DE JUNIO DE 1977"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

Visto el texto del "PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES (PROTOCOLO I), que a la letra dice:

PROTOCOLO ADICIONAL  A LOS  CONVENIOS DE  GINEBRA DEL  12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES (PROTOCOLO I)

PREAMBULO

Las Altas Partes contratantes, 

Proclamando su  deseo ardiente de que la paz reine entre los pueblos,

Recordando que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, todo  Estado tiene el deber de abstenerse en  sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra  forma incompatible con los propósitos de las  Naciones Unidas, 

Considerando que es necesario, sin embargo, reafirmar y desarrollar las disposiciones que protegen a las víctimas de los conflictos armados, así como completar las medidas para reforzar la aplicación de tales disposiciones,

Expresando su convicción de que ninguna disposición del presente Protocolo ni de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 puede interpretarse en el sentido de que legitime o autorice cualquier acto de agresión u otro uso de la fuerza incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, 

Reafirmando, además, que las disposiciones de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y del presente Protocolo deben aplicarse plenamente en toda circunstancia a todas las personas protegidas por esos instrumentos, sin  distinción alguna de carácter desfavorable basada en la naturaleza o el origen del conflicto armado o en las causas invocadas por las Partes en conflicto o atribuidas a ellas,

Convienen en lo siguiente:

TITULO I
                                                                      
DISPOSICIONES GENERALES
                                                                      
Artículo 1 - Principios generales y ámbito de aplicación 

1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar el presente Protocolo en toda circunstancia.

2. En los casos no previstos en el presente Protocolo o en otros acuerdos  internacionales, las  personas civiles y los combatientes quedan  bajo la  protección y el imperio de los  principios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de  los dictados de la conciencia pública.
 
3. El presente Protocolo, que completa los Convenios de   Ginebra del  12 de  agosto de 1949 para la protección de las víctimas de  la guerra, se aplicará en las situaciones previstas en el artículo 2 común a dichos Convenios.

4. Las  situaciones a  que se  refiere el párrafo precedente comprenden los  conflictos armados en que los pueblos luchan contra la  dominación colonial  y la  ocupación extranjera y contra los regímenes racistas,  en el ejercicio del derecho  de los  pueblos a  la libre  determinación, consagrado en la Carta de  las Naciones  Unidas y en la Declaración sobre los principios  de derecho  internacional   referentes  a  las relaciones de  amistad y  a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 2 - Definiciones

Para los efectos del presente Protocolo:

a) se  entiende por  "I Convenio  ¯, "II  Convenio  ¯,  "III Convenio y  "IV Convenio,  respectivamente, el Convenio de Ginebra para  aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas  armadas en  campaña, del l2 de agosto de 1949; el Convenio  de Ginebra  para aliviar la  suerte  de  los heridos, enfermos  y  náufragos  de las fuerzas armadas en el  mar, del  12 de agosto de 1949; el Convenio de Ginebra sobre el trato  a los  prisioneros de  guerra, del 12 de agosto de 1949; y  el Convenio  de  Ginebra  sobre  la  protección  de   personas civiles  en tiempo  de guerra,  del 12 de agosto de  1949; se  entiende por  "los Convenios los cuatro Convenios  de Ginebra  del 12  de agosto  de 1949 para la protección de  las víctimas de la guerra; 

b) se   entiende  por   "normas  de  derecho  internacional  aplicables en  los conflictos armados las contenidas en los acuerdos internacionales  de los que son Parte las Partes en conflicto, así  como los  principios y  normas  generalmente reconocidos  de  derecho  internacional  aplicables  en  los  conflictos armados; 

c) se entiende por potencia protectora un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en el conflicto y que, habiendo sido designado  por una Parte en el conflicto y aceptado por la Parte  adversa, esté‚ dispuesto a desempeñar las funciones  asignadas a  la Potencia  protectora por los Convenios y por  el presente Protocolo; 

d)  se   entiende  por   sustituto  una  organización  que reemplaza a  la Potencia  protectora de  conformidad con  lo  dispuesto en el artículo 5.

Artículo 3 - Principio y fin de la aplicación 
Sin  perjuicio  de  las  disposiciones  aplicables  en  todo  momento: a) los  Convenios y el presente Protocolo se aplicarán desde el comienzo  de cualquiera  de  las  situaciones  a  que  se  refiere el artículo 1 del presente Protocolo; b) la  aplicación de  los Convenios y del presente Protocolo  cesar , en  el territorio  de las  Partes en  conflicto,  al término general  de las  operaciones militares y, en el caso  de  territorios   ocupados,  al término  de  la  ocupación, excepto, en  ambas circunstancias,  para las  personas cuya liberación definitiva,  repatriación o  reasentamiento tenga lugar    posteriormente.    Tales    personas  continuarán beneficiándose  de  las  disposiciones  pertinentes  de  los Convenios y  del  presente  Protocolo  hasta  su  liberación definitiva, repatriación o reasentamiento.

Artículo 4 - Estatuto jurídico de las Partes en conflicto
La aplicación de los Convenios y del presente Protocolo, así como la  celebración de  los acuerdos  previstos  en  estos  instrumentos, no afectarán al estatuto jurídico de las Partes en conflicto.  La ocupación de un territorio y la aplicación  de los  Convenios y  del presente  Protocolo no afectarán al  estatuto jurídico del mismo.

Artículo 5  - Designación  de las Potencias protectoras y de su sustituto

1. Es deber de las Partes en conflicto, desde el comienzo de éste,  asegurar   la  supervisión  y  la  ejecución  de  los  Convenios y  del presente  Protocolo mediante  la aplicación   del sistema  de Potencias  protectoras, que  incluye,  entre  otras  cosas,   la  designación  y  la  aceptación de  esas Potencias,  conforme   a  lo   dispuesto  en   los  párrafos siguientes. Las  Potencias protectoras estarán  encargadas de  salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto.

2. Desde  el comienzo  de una  de las  situaciones a  que se  refiere el  artículo 1,  cada una de las Partes en conflicto designar   sin   demora  una   Potencia  protectora  con  la finalidad de  aplicar los Convenios y el presente Protocolo,   y autorizar ,  también sin  demora y con la misma finalidad,la actividad  de una  Potencia protectora que, designada por   la Parte adversa, haya sido aceptada como tal por ella.

3. Si  no ha  habido designación  o aceptación  de  Potencia protectora desde el comienzo de una de las situaciones a que se refiere el artículo 1, el Comité Internacional de la Cruz   Roja,  sin   perjuicio  del   derecho  de   cualquier   otra organización humanitaria  imparcial  a  hacerlo  igualmente, ofrecer  sus  buenos oficios  a las  Partes en conflicto con miras a la designación sin demora de una Potencia protectora  que tenga el consentimiento de las Partes en conflicto. Para ello, el Comité podrá , inter alia, pedir a cada Parte que le remita una lista de por lo menos cinco Estados que esa Parte considere aceptables  para actuar en su nombre como Potencia protectora ante una Parte adversa, y pedir a cada una de las Partes adversas  que le  remita una  lista de  por lo  menos cinco Estados  que esté  dispuesta a aceptar para desempeñar la función  de Potencia  protectora de  la otra Parte; tales listas serán  remitidas al    Comité dentro de las dos semanas siguientes al  recibo de la petición; el Comité las cotejar  y solicitar  el asentimiento de cualquier Estado cuyo nombre figure en las dos listas.

4. Si,  a pesar  de lo  que  precede,  no  hubiere  Potencia protectora, las  Partes en conflicto aceptarán sin demora el ofrecimiento que  pueda hacer  el Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier  otra organización que presente todas las garantías  de  imparcialidad  y  eficacia, previas  las debidas consultas con dichas Partes y teniendo en cuenta los resultados de  esas consultas,  para actuar  en  calidad  de sustituto. El  ejercicio de  sus funciones por tal sustituto estar   subordinado  al  consentimiento  de  las  Partes  en conflicto; las Partes en conflicto pondrán n todo su empeño en facilitar la  labor del  sustituto en  el cumplimiento de su misión conforme a los Convenios y al presente Protocolo.
                                                                      
5. De  conformidad con  el artículo  4, la  designación y la aceptación de  Potencias protectoras  con  la  finalidad  de aplicar los  Convenios y  el presente Protocolo no afectarán al estatuto  jurídico de  las Partes  en conflicto  ni al de          ningún territorio, incluido un territorio ocupado.
                                                                      
6. El  mantenimiento de  relaciones diplomáticas  entre  las Partes en conflicto o el hecho de confiar a un tercer Estado  la protección  de los  intereses de  una Parte  y los de sus   nacionales conforme  a las  normas de  derecho internacional   relativas a  las relaciones  diplomáticas, no ser  obstáculo   para  la   designación  de   Potencias  protectoras  con  la  finalidad de aplicar los Convenios y el presente Protocolo.
                                                                      
7. Toda  mención que  en adelante  se haga  en  el  presente Protocolo de una Potencia protectora designar  igualmente al sustituto.                                                          
                                                                      
Artículo 6 - Personal calificado                                    
                                                                      
1. Las Altas Partes contratantes procurarán, ya en tiempo de  paz, con  la asistencia  de las  Sociedades nacionales de la Cruz Roja  (Media Luna  Roja,  León  y  Sol  Rojos),  formar personal calificado  para facilitar  la  aplicación  de  los Convenios y  del presente  Protocolo  y,  en  especial,  las actividades de las Potencias protectoras.                           
                                                                      
2. El  reclutamiento y la formación de dicho personal son de la competencia nacional.                                            
                                                                      
El  Comité  Internacional  de  la  Cruz  Roja  tendrá  a  disposición de  las Altas  Partes contratantes las listas de las personas  así formadas que las Altas Partes contratantes  hubieren preparado y le hubieren comunicado al efecto.              
                                                                      
  4. Las  condiciones para  la utilización de los servicios de ese personal  fuera del  territorio nacional  serán, en cada caso,  objeto   de  acuerdos  especiales  entre  las  Partes  interesadas.                                                        
                                                                      
Artículo 7 - Reuniones                                              

El depositario  del presente  Protocolo, a petición de una o varias Altas  Partes contratantes  y con la aprobación de la  mayoría de  ellas, convocar  une reunión de las Altas Partes contrantes para estudiar los problemas generales relativos a la aplicación de los Convenios y del Protocolo.
                                                                      
TITULO II                                                           
                                                                      
HERIDOS, ENFERMOS Y NAUFRAGOS                                       
                                                                      
SECCION I - PROTECCION GENERAL                                      
                                                                      
Artículo 8 - Terminología                                           
                                                                      
Para los efectos del presente Protocolo:                            
                                                                     
a) se entiende por heridos y enfermos las personas, sean militares o  civiles,  que  debido  a  un  traumatismo,  una enfermedad u  otros  trastornos  o  incapacidades  de  orden   físico o  mental, tengan  necesidad de asistencia o cuidados    médicos y  que se abstengan de todo acto de hostilidad. Esos términos son  también aplicables  a las  parturientas, a los recién,  nacidos  y  a   otras  personas  que  puedan  estar  necesitadas de  asistencia o  cuidados médicos inmediatos, como  los  inválidos  y  las  mujeres  encintas,  y  que  se  abstengan de todo acto de hostilidad; b) se entiende por náufragos¯ las personas. sean militares  o civiles,  que se  encuentren en situación de peligro en el mar o en otras aguas a consecuencia de un infortunio que las afecte  o   que  afecte  a  la  nave  o  aeronave que las transportaba, y que se abstengan de todo acto de hostilidad.
Estas personas  siempre que sigan absteniéndose de todo acto de hostilidad,  continuarán considerándose náufragos durante su salvamento, hasta que   adquieran  otro  estatuto  de conformidad con los Convenios o con el presente Protocolo; c)  se   entiende  por " personal  sanitario"  las  personas  destinadas por  una Parte  en conflicto exclusivamente a los fines sanitarios  enumerados en  el  apartado  e),  o  a  la administración   de    las   unidades sanitarias   o   al funcionamiento o  administración de los medios de transporte sanitarios.  El   destino  a  tales  servicios  podrá   tener carácter permanente o temporal. La expresión comprende:             
                                                                      
i) el  personal sanitario, sea militar o civil, de una Parte en conflicto,  incluido el  mencionado en  los Convenios I y II, así como el de los organismos de protección civil; ii) el personal sanitario de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja  (Media Luna  Roja, León  y  Sol  Rojos)  y  otras sociedades nacionales  voluntarias  de  socorro  debidamente reconocidas y autorizadas por una Parte en conflicto; iii) el  personal sanitario  de las unidades o los medios de transporte sanitarios  mencionados  en  el  párrafo  2  del artículo 9; d) se  entiende por  "personal religioso" las personas, sean militares o  civiles, tales  como los  capellanes, dedicadas exclusivamente al ejercicio de su ministerio y adscritas:
i) a las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, ii) a  las unidades  sanitarias o  los medios de transporte sanitarios de una Parte en conflicto, iii) a  las  unidades  o  medios  de  transporte  sanitarios mencionados en el párrafo 2 del artículo 9, o iv) a  los organismos  de protección  civil de  una Parte en conflicto.   
                                                                      
La adscripción  del personal  religioso puede tener  carácter permanente o  temporal, y  son aplicables a ese personal las disposiciones pertinentes del apartado k) :  e)   se    entiende   por    "unidades    sanitarias"   los  establecimientos y  otras formaciones  militares o  civiles,  organizados con  fines sanitarios,  a  saber:  la  búsqueda,  recogida, transporte,  diagnóstico o  tratamiento (incluidos    los primeros auxilios) de los heridos, enfermos y  náufragos,    así como  la prevención  de las  enfermedades. La  expresión   comprende, entre  otros, los  hospitales  y  otras  unidades   similares, los centros de transfusión de sangre, los centros    e institutos  de medicina  preventiva  y  los  depósitos  de   material sanitario,  así  como  los  almacenes  de  material   sanitario y de productos farmacéuticos de esas unidades. Las  unidades sanitarias  pueden ser fijas o móviles, permanentes  o temporales;                                                                       
  f) se  entiende por "transporte sanitario" el transporte por   tierra, por  agua o  por aire  de los  heridos,  enfermos  y   náufragos, del personal sanitario o religioso o del equipo y   material sanitarios  protegidos por  los Convenios  y por el   presente Protocolo;                     
                                                                      
  g) se  entiende por " medio de  transporte  sanitario" todo    medio de transporte, militar o civil, permanente o temporal,     destinado exclusivamente  al transporte  sanitario, bajo  la   dirección de  una  autoridad  competente  de  una  Parte  en   conflicto;   h) se  entiende  por "vehículo  sanitario " todo  medio  de   transporte sanitario por tierra;    i) se  entiende por "buque y  embarcación sanitarios"  todo   medio de transporte sanitario por agua;  j) se  entiende  por  "aeronave  sanitaria"¯  todo  medio  de transporte sanitario por aire;   k) son  "permanentes" el  personal sanitario,  las  unidadades  sanitarias y  los medios  de transporte  sanitarios  que  se   destinan exclusivamente  a fines  sanitarios por  un período   indeterminado. Son "temporales" el  personal sanitario, las   unidades sanitarias  y los  medios de  transporte sanitarios  que  se   dedican  exclusivamente  a  fines  sanitarios  por   períodos  limitados   y  durante   la  totalidad  de  dichos   períodos.  Mientras   no  se   especifique  otra  cosa,  las   expresiones "personal   sanitario",  "unidad  sanitaria"  y    " medio  de  transporte  sanitario"abarcan el personal,las unidades y los mediso de transporte sanaitarios  tanto  permanentes como temporales;    l) se entiende por "signo distintivo" la cruz roja, la media   luna roja  o el  león y sol rojos sobre fondo blanco, cuando  se utilicen  para la  protección de  unidades  y  medios  de    transporte sanitarios  y del personal sanitario y religioso, su equipo y material;   m)  se   entiende  por  "señal  distintiva"  todo  medio  de    señalización especificado en el Capítulo III del Anexo I del   presente  Protocolo   y  destinado   exclusivamente   a   la    identificación de las unidades y de los medios de transporte  sanitarios.  
Artículo 9 - Ambito de aplicación     1. El  presente Título,  cuyas disposiciones tienen como fin mejorar la condición de los heridos, enfermos y náufragos, se aplicará a todos los afectados por una situación prevista en el artículo 1, sin ninguna  distinción  de  carácter desfavorable por  motivos  de  raza,  color,  sexo,  idioma,   religión o  creencia, opiniones  políticas o de otra índole,   origen  nacional   o  social,  fortuna,  nacimiento  u  otra   condición o cualquier otro criterio análogo . 
2. Las  disposiciones pertinentes  de los  artículos 27 y 32  del I  Convenio se  aplicarán a  las unidades sanitarias y a   los medios  de transporte  sanitarios permanentes (salvo los  buques hospitales, a los que se aplica el artículo 25 del II  Convenio), así  como al  personal de esas unidades o de esos   medios de  transporte, puestos a disposición de una Parte en conflicto con fines humanitarios:                                   
                                                                      
a) por  un Estado  neutral u otro Estado que no sea Parte en ese conflicto; b) por  una sociedad  de socorro  reconocida y autorizada de tal Estado; c) por una organización internacional humanitaria imparcial.        

 Artículo 10 - Protección y asistencia              
                                                                      
1. Todos  los heridos,  enfermos y náufragos, cualquiera que sea  la   Parte  a   que pertenezcan,  serán  respetados  y     protegidos.                                                         
                                                                      
2.  En  toda  circunstancia  serán  tratados  humanamente  y recibirán, en toda la medida de lo posible y en el plazo más   breve, los  cuidados  médicos que exija su estado. No se hará  entre  ellos  ninguna  distinción  que  no  esté  basada  en  criterios médicos.                                                  
                                                                      
Artículo 11 - Protección de la persona 
     
1. No  se pondrán  en peligro,  mediante  ninguna  acción  u  omisión injustificada  la salud  ni la integridad física  o   mental de  las personas  en poder  de la Parte adversa o que sean internadas,  detenidas  o  privadas  de  libertad  en cualquier otra forma a causa de una situación prevista en el   artículo 1.  Por consiguiente,  se  prohíbe  someter  a  las   personas a  que se  refiere el presente artículo a cualquier acto médico  que no  esté indicado  por su estado de salud y  que no  esté de  acuerdo con las normas médicas generalmente  reconocidas que  se aplicarían  en  análogas  circunstancias  médicas a los nacionales no privados de libertad de la Parte que realiza el acto.                                                
                                                                      
2. Se prohíben en particular, aunque medie el consentimiento de las referidas personas:                                                                
a) las mutilaciones físicas; b) los experimentos médicos o científicos; c) las extracciones de tejidos u órganos para trasplantes, salvo si  estos actos  están justificados en las condiciones previstas en el párrafo 1.                                          
                                                                      
3.  Sólo   podrán  exceptuarse   de  la   aplicación  de  la prohibición prevista  en el  apartado c)  del párrafo  2 las donaciones de  sangre para  transfusiones  o  de  piel  para injertos, a condición de que se hagan voluntariamente y sin coacción  o   presión  alguna,   y  únicamente   para  fines terapeuticos en  condiciones que  correspondan a las normas médicas generalmente reconocidas  y   a   los   controles  realizados en beneficio tanto del donante como del receptor.        
                                                                      
 4. Constituirá  infracción grave del presente Protocolo toda acción u  omisión deliberada que ponga gravemente en peligro la salud  o la integridad física o mental de toda persona en   poder de  una Parte  distinta de  aquella de la que depende, sea que  viole cualquiera  de las prohibiciones señaladas en  los párrafos  1 y  2,  sea  que  no  cumpla  las  exigencias prescritas en el párrafo 3.                                         
                                                                      
5. Las personas a que se refiere el  párrafo 1 tienen derecho  a rechazar cualquier intervención quirúrgica. En caso de que  sea rechazada,  el personal  sanitario procurará  obtener una declaración escrita en tal sentido, firmada o reconocida por el paciente.                                                        
                                                                      
6. Toda Parte en conflicto llevará  un registro médico de las donaciones de  sangre para  transfusiones  o  de  piel  para injertos, hechas  por las  personas  a  que  se  refiere  el   párrafo  1,   si  dichas  donaciones  se  efectúan  bajo  la  responsabilidad de  aquella Parte.  Además, toda  Parte  en   conflicto procurará   llevar un  registro de todo acto médico realizado respecto  a personas  internadas, detenidas  o  en  cualquier otra  forma privadas  de libertad  a causa  de una   situación prevista  en el  artículo 1. Los citados registros  estarán  en  todo  momento  a  disposición  de  la  Potencia   protectora para su inspección.                                      

  Artículo 12 - Protección de las unidades sanitarias                 
                                                                      
  1. Las  unidades sanitarias serán respetadas y protegidas en  todo momento y no serán objeto de ataque.                           
                                                                      
  2. El  párrafo 1 se aplica a las unidades sanitarias civiles siempre que cumplan una de las condiciones siguientes:              
                                                                      
a) pertenecer a una de las Partes en conflicto; b)  estar   reconocidas  y   autorizadas  por  la  autoridad competente de una de las Partes en conflicto; c) estar  autorizadas de  conformidad con  el párrafo  2 del artículo 9  del presente  Protocolo o  el artículo 27 del I Convenio.                                                           
                                                                      
3. Las   Partes  en   conflicto  pueden  notificarse el emplazamiento de  sus unidades sanitarias fijas. La ausencia de tal  notificación no  eximirá  a  ninguna de las Partes de observar lo dispuesto en el párrafo 1.                              
                                                                      
4. Las  unidades sanitarias  no serán   utilizadas en ninguna  circunstancia para  tratar de  poner objetivos  militares  a cubierto de los ataques. Siempre que sea posible, las Partes en conflicto se asegurarán de que las unidades sanitarias no estén situadas  de manera  que los  ataques contra objetivos militares las pongan en peligro.                                    
                                                                      
Artículo 13  - Cesación  de la  protección de  las  unidades sanitarias civiles                                                  
                                                                      
1. La  protección debida  a las  unidades sanitarias civiles solamente podrá  cesar cuando se haga uso de ellas, al margen  de sus  fines humanitarios,  con objeto  de  realizar  actos  perjudiciales para  el enemigo.  Sin embargo,  la protección cesar á únicamente después de  una intimación que, habiendo   fijado cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos.
                                                                        
2. No se consideran  actos perjudiciales para el enemigo:    
                                                                      
a) el  hecho de que el personal de la unidad esté dotado con armas ligeras  individuales para  su defensa  propia o la de los heridos y enfermos a su cargo; b) la custodia de la unidad por un piquete, por centinelas o por una escolta; c) el  hecho  de  que  en  la  unidad  se  encuentren armas portátiles y  municiones recogidas a los heridos y enfermos, aún no entregadas al servicio competente; d) la  presencia en  tal unidad,  por  razones médicas,  de miembros de las fuerzas armadas u otros combatientes.               
                                                                      
Artículo  14   -  Limitaciones  a  la  requisa  de  unidades sanitarias civiles

1. La  Potencia ocupante tiene la obligación de asegurar que  las  necesidades   médicas  de  la  población  civil  en  el territorio ocupado sigan siendo satisfechas.  
                                                                      
2. La  Potencia ocupante  no podrá ,  por tanto, requisar las unidades sanitarias  civiles, su equipo, su  material y los servicios de  su personal,  en tanto que estos recursos sean  necesarios para prestar los servicios médicos requeridos por la población  civil y para continuar la asistencia médica de los heridos o enfermos que ya estén bajo tratamiento.               
                                                                      
3. La  Potencia  ocupante  podrá  requisar  los  mencionados recursos siempre  que continúe  observando la  regla general prevista en el párrafo 2 y bajo las condiciones particulares siguientes:   
                                                                      
a) que  los recursos  sean necesarios  para  el  tratamiento médico inmediato  y apropiado  de los  heridos y enfermos de las fuerzas  armadas  de  la  Potencia  ocupante  o  de  los prisioneros de guerra; b) que  la requisa  se mantenga  únicamente mientras  exista dicha necesidad; y  c) que  se adopten  disposiciones  inmediatas  para  que  se continúe atendiendo  las necesidades médicas de la población  civil,  así   como  las  de  los  heridos  y  enfermos  bajo tratamiento, afectados por la requisa.                              
                                                                      
Artículo 15  - Protección del personal sanitario y religioso civil 

1. El personal sanitario civil ser  respetado y protegido.
2. En  caso necesario se proporcionará al personal sanitario civil toda la ayuda posible en aquellas zonas en las que los servicios sanitarios civiles se  encuentren  desorganizados por razón de la actividad bélica.
                                                                      
3.  En   los  territorios  ocupados,  la  Potencia  ocupante proporcionará  al  personal sanitario  civil  toda  clase  de ayuda para  que pueda desempeñar su misión humanitaria de la mejor manera.  La Potencia  ocupante no podrá exigir que, en  el cumplimiento de su misión, dicho personal dé prioridad al tratamiento de cualquier persona, salvo por razones de orden  médico. No  se le  obligará a  realizar tareas  que no  sean compatibles con su misión humanitaria.
                                                                      
4. El  personal sanitario  civil  podrá   trasladarse  a  los lugares  donde   sus  servicios sean  indispensables,  sin perjuicio de las medidas de control y seguridad que la Parte en conflicto interesada juzgue necesarias.

5. El  personal religioso civil será  respetado y protegido.Son aplicables  a estas  personas las disposiciones de  los Convenios y del presente Protocolo relativas a la protección  y a la identificación del personal sanitario.                       
                                                                                                                                           
Artículo 16 - Protección general de la misión médica
1. No  se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme  con la deontología, cualesquiera que fuesen las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad.
                                                                      
2. No  se podrá obligar a  las  personas  que  ejerzan  una  actividad médica  a realizar  actos ni  a efectuar  trabajos  contrarios  a   la  deontología   u  otras   normas  médicas   destinadas a  proteger a  los heridos  y a los enfermos, o a   las disposiciones de los Convenios o del presente Protocolo,  ni a abstenerse de realizar actos exigidos por dichas normas   o disposiciones.
                                                                      
3. Ninguna persona que ejerza una actividad médica podrá ser obligada a dar a nadie que pertenezca a una Parte adversa, o a su  propia Parte,  salvo lo  que disponga  la ley  de esta última Parte,  información alguna  sobre los  heridos y  los enfermos que  estén o hayan estado asistidos por esa persona cuando,  en   su  opinión,  dicha  información  pudiera  ser perjudicial para  los interesados  o para sus familiares. No obstante,  deberán respetarse las prescripciones sobre declaración obligatoria de enfermedades transmisibles.
                                                                      
Artículo 17  - Cometido  de la  población  civil  y  de  las sociedades de socorro
1. La  población civil  respetará  a  los heridos, enfermos y  náufragos, aunque  pertenezcan a  la  Parte  adversa,  y  no   ejercerá   ningún   acto  de   violencia  contra   ellos.  Se  autorizará  a  la población  civil  y  a  las  sociedades  de socorro, tales  como las  Sociedades nacionales  de la  Cruz Roja (Media  Luna Roja,  León  y  Sol  Rojos), incluso  por iniciativa propia,  a recogerlos y prestarles cuidados, aun en las regiones invadidas  u  ocupadas.  No  se  molestar á, procesará , condenará ni castigará a nadie por tales actos humanitarios. 
                                                                      
2. Las  Partes en conflicto podrán hacer un llamamiento a la población civil o a las sociedades de socorro mencionadas en el párrafo  1 para recoger y prestar cuidados a los heridos,  enfermos y náufragos y para buscar a los muertos y comunicar dónde se  encuentran; dichas Partes concederán la protección  y las  facilidades necesarias a aquellos que respondan a tal llamamiento. Si  la Parte  adversa adquiere  o  recupera  el control de la región seguirá  otorgando esta protección y las  facilidades mencionadas mientras sean necesarias.
                                                                      
Artículo 18 - Identificación 
1. Cada  Parte en  conflicto procurará asegurar que tanto el personal sanitario  y religioso  como  las  unidades  y  los medios de transporte sanitarios puedan ser identificados.
                                                                      
2. Cada  Parte en  conflicto  procurar   también  adoptar  y aplicar métodos  y procedimientos que permitan identificar las unidades y los  medios  de  transporte  sanitarios  que utilicen el signo distintivo y señales distintivas.                 
                                                                      
3.  En   territorio  ocupado  y  en  zonas  en  las  que  se  desarrollan o  es probable  que se  desarrollen combates, el personal sanitario  civil y personal  religioso civil se   darán a  conocer, por  regla general,  por medio  del  signo distintivo y  de una  tarjeta de identidad que certifique su condición.                                                          
                                                                      
4. Las  unidades y los medios de transporte sanitarios serán  señalados, con el consentimiento de la autoridad competente, mediante el  signo distintivo.  Los buques y embarcaciones a que se  refiere el  artículo 22 del presente Protocolo serán señalados de acuerdo con las disposiciones del II Convenio.                                                                      
                                                                      
 5. Además del signo distintivo y de acuerdo con lo dispuesto en el  Capítulo III  del Anexo I del presente Protocolo, una Parte  en  conflicto  podrá   autorizar  el  uso  de  señales distintivas para  identificar las  unidades y  los medios de transporte sanitarios.  A título  excepcional, en  los casos particulares previstos  en el  Capítulo III  del Anexo,  los medios de  transporte sanitarios podrán utilizar las señales distintivas sin exhibir el signo distintivo.                        
                                                                      
6. La  ejecución de  las disposiciones de los párrafos 1 a 5 se regirá por los Capítulos I a III del Anexo I del presente Protocolo. Las  señales destinadas, conforme al Capítulo III de dicho Anexo, para  el uso exclusivo de las unidades y de los medios de transporte  sanitarios, sólo  se  utilizarán salvo lo previsto en ese Capítulo, para la identificación de las unidades  y de  los medios de transporte sanitarios allí especificados.                                                      
                                                                      
7. Este  artículo no  autoriza a dar al signo distintivo, en tiempo de  paz, un  uso más  amplio que  el estipulado en el artículo 44 del I Convenio.                                         
                                                                      
8.  Las  disposiciones  de  los  Convenios  y  del  presente Protocolo relativas  al control del uso del signo distintivo y a  la  prevención  y  represión  de  su  uso  abusivo  son aplicables a las señales distintivas.                               
                                                                      
Artículo 19  - Estados neutrales y otros Estados que no sean Partes en conflicto: 
  
Los Estados  neutrales y otros Estados que no sean Partes en conflicto  observarán las  disposiciones pertinentes  del presente Protocolo  respecto de  las personas protegidas por este Título  que pudieran  ser recibidas o internadas en sus territorios, así  como de  los  muertos de las Partes en conflicto que recogieren.                                           
                                                                      
Artículo 20 - Prohibición de las represalias: se prohíben las represalias contra las personas y los bienes protegidos por el presente Título.                                  
                                                                      
SECCION II - TRANSPORTES SANITARIOS                                 
                                                                      
Artículo 21 - Vehículos sanitarios:                                  
                                                                      
Los vehículos  sanitarios serán  respetados y protegidos del modo previsto  en los Convenios y el presente Protocolo para las unidades sanitarias móviles.
                                                                      
Artículo 22  - Buques hospitales y embarcaciones costeras de salvamento 

1. Las disposiciones de los Convenios relativas:                                                                                        
                                                                      
a) a  los buques  descritos en los artículos 22, 24, 25 y 27 del II Convenio, b) a sus lanchas de salvamento y pequeñas embarcaciones, c) a su personal y sus tripulaciones, y  d) a  los heridos, enfermos y náufragos que se encuentren a bordo,  se aplicaron también en  los  casos  en  que  esos  buques, lanchas o  embarcaciones  transporten  heridos,  enfermos  y náufragos civiles  que  no  pertenezcan  a  ninguna  de  las categorías mencionadas  en el  artículo 13  del II Convenio.
Esas personas civiles, sin embargo, no podrán ser entregadas a una Parte en conflicto que no sea la propia, ni capturadas en el mar. Si se hallaren en poder de una Parte en conflicto que no sea la propia, les serán aplicables las disposiciones del IV Convenio y del presente Protocolo.
                                                                      
2. La  protección prevista  en los Convenios para los buques descritos en  el artículo 25 del II Convenio se extenderá  a los buques-hospitales puestos a disposición de una Parte en conflicto con fines humanitarios:                                   
                                                                      
a) por  un Estado  neutral u otro Estado que no sea Parte en ese conflicto; o b) por una organización internacional humanitaria imparcial; siempre que se  cumplan en  ambos  casos  los  requisitos establecidos en el citado artículo.                                 
                                                                      
3. Las embarcaciones descritas en el  artículo 27 del II Convenio serán  protegidas aunque no se haga la notificación prevista en el mismo. No obstante, se invita a las Partes en conflicto a que se comuniquen mutuamente  toda información que facilite identificación y el reconocimiento de tales embarcaciones.                                                                                                                                                                                           
                                                                      
Artículo 23 - Otros buques y embarcaciones sanitarios :
1. Los  buques y  embarcaciones sanitarios  distintos de los mencionados en el artículo 22 del presente Protocolo y en el artículo 38 del II Convenio, ya se encuentren en el mar o en otras aguas, serán respetados y protegidos del modo previsto en los  Convenios  y  en  el  presente Protocolo  para  las unidades sanitarias  móviles. Como esa protección sólo puede ser eficaz si es posible identificarlos y reconocerlos como buques y  embarcaciones sanitarios,  tales  buques  deberían llevar el  signo distintivo  y, en  la medida de lo posible, dar cumplimiento a lo dispuesto en  el segundo párrafo del artículo 43 del II Convenio.                                        
                                                                      
2. Los  buques y embarcaciones a que se refiere el párrafo 1 permanecerán sujetos a las leyes de la guerra. Todo buque de guerra  que   navegue  en   la  superficie  y  que  esté  en condiciones de  hacer cumplir inmediatamente su orden, podrá ordenarles que  se detengan,  que se  alejen o que tomen una   determinada ruta,  y toda  orden de  esta índole  deberá ser obedecida.  Esos   buques  y  embarcaciones  no  podrán  ser desviados  de  ningún  otro  modo  de  su  misión  sanitaria mientras  sean  necesarios para  los  heridos,  enfermos  y  náufragos que se encuentren a bordo.                                
                                                                      
3. La  protección que otorga el párrafo 1 sólo cesará  en las  condiciones establecidas  en los  artículos 34  y 35  del II Convenio. Toda negativa inequívoca a obedecer una orden dada  con arreglo a lo  dispuesto en  el párrafo 2 constituirá un acto perjudicial  para el enemigo a los efectos del artículo 34 del II Convenio.                                                 
                                                                      
4.Toda Parte en conflicto podrá  notificar a cualquier Parte adversa, con  la mayor anticipación posible antes del viaje,   el nombre,  la descripción,  la hora  prevista de salida, la ruta  y  la velocidad  estimada  del  buque  o  embarcación sanitarios, en  particular en  el caso  de buques  de mas de 2.000 toneladas  brutas, y podrá suministrar cualquier otra información que facilite su identificación y reconocimiento.La Parte adversa acusará recibo de tal información.
5.  Las disposiciones del artículo 37 de II convenio serán aplicadbles a los heridos, enfermos y náufragos pertenecientes a las categorías a que se refiere el artículo 13 del II Convenio y el artículo 44 del presente Protocolo, que se  encuentren a  bordo de  esos buques  y embarcaciones sanitarios. Los heridos, enfermos y náufragos civiles que no  pertenezcan a  las categorías  mencionadas en el artículo 13 del II  Convenio, no  podrán ser entregados, si se hallan en  el mar,  a una  Parte que  no sea  la propia  ni obligados a  abandonar tales  buques o embarcaciones; si, no obstante, se hallan en  poder de  una Parte  en conflicto  que no  sea la  propia, estarán amparados por  el IV Convenio y el presente  Protocolo.
                                                                      
Artículo 24 - Protección de las aeronaves sanitarias: Las aeronaves  sanitarias serán respetadas y  protegidas de conformidad con las disposiciones del presente Título.              
                                                                      
Artículo 25 - Aeronaves sanitarias en zonas no dominadas por la Parte adversa: En las  zonas terrestres  dominadas  de  hecho  por  fuerzas amigas o  en las  marítimas no  dominadas de  hecho por  una Parte adversa, así como en su espacio aéreo, el respeto y la  protección de  las aeronaves sanitarias  de  una  Parte  en conflicto no  dependerán de  acuerdo  alguno  con  la  Parte adversa. No  obstante, para  mayor seguridad,  la  Parte  en conflicto que  utilice sus  aeronaves  sanitarias  en  tales zonas podrá  dar a  cualquier Parte  adversa la notificación prevista  en  el  artículo 29,  especialmente  cuando  esas  aeronaves efectúen vuelos que  las pongan al alcance de los sistemas de armas superficie-aire de la Parte adversa.              
                                                                      
Artículo 26  - Aeronaves  sanitarias en  zonas de contacto o similares:
1. En  las partes de la zona de contacto que estén dominadas de hecho  por fuerzas  amigas y  en las zonas cuyo dominio de hecho no esté claramente establecido‚ así como en su esoaceio aéreo, la  protección de las aeronaves sanitarias sólo podrá ser plenamente  eficaz si  media un acuerdo previo entre las autoridades militares competentes de las Partes en conflicto conforme a  lo previsto  en el  artículo 29.  Las  aeronaves sanitarias que, a falta de tal acuerdo, operen por su cuenta  y riesgo,  deberán no  obstante ser  respetadas cuando hayan sido reconocidas como tales.                                        
                                                                      
2.  Se  entiende  por  "zona  de  contacto"  cualquier  zona terrestre en  que los  elementos avanzados  de  las  fuerzas opuestas estén en contacto  unos con  otros, en  particular cuando estén expuestos a tiro directo desde tierra.                 
                                                                      
Artículo 27 - Aeronaves sanitarias en zonas dominadas por la Parte adversa:
1. Las  aeronaves  sanitarias  de  una  Parte  en  conflicto continuarán protegidas  mientras sobrevuelen zonas marítimas o terrestres dominadas de  hecho por  una Parte  adversa, a condición  de  que  para  tales  vuelos  se  haya  obtenido previamente el  acuerdo de  la autoridad competente de dicha Parte adversa.                                                      
                                                                      
2. La aeronave sanitaria que sobrevuele una zona dominada de  hecho por  la Parte  adversa sin el acuerdo  previsto en el párrafo 1, o apartándose de lo convenido, debido a un error de navegación o a una situación de emergencia que comprometa la seguridad  del vuelo, deberá  hacer  todo lo posible para identificarse e  informar a  la Parte  adversa acerca de las  circunstancias en que se encuentra. Tan pronto como la Parte adversa haya reconocido tal aeronave sanitaria, hará  todo lo razonablemente posible  para dar  la orden  de  aterrizar  o amarar a  que se refiere el párrafo 1 del artículo 30 o para adoptar otras  disposiciones con  objeto de salvaguardar los intereses de esa Parte y, en ambos casos, antes de recurrir a un ataque contra la aeronave, darle tiempo de obedecer.
                                                                      
Artículo  28   -  Restricciones  relativas  al  uso  de  las aeronaves sanitarias:                                                
                                                                      
1. Se  prohíbe  a  las  Partes  en  conflicto  utilizar  sus aeronaves sanitarias  para tratar  de  obtener  una  ventaja militar sobre  una Parte  adversa. La presencia de aeronaves sanitarias  no   podrá   utilizarse   para  tratar  de  poner objetivos militares a cubierto de un ataque.                        
                                                                      
2. Las aeronaves sanitarias no se utilizarán para recoger ni transmitir información  militar y  no  transportarán  equipo alguno destinado  a esos  fines. Se  les prohíbe transportar personas o  cargamento  no  comprendidos  en  la  definición contenida  en   el  apartado  f)  del  artículo  8.  No  se considerará  prohibido  el transporte  a bordo de los efectos personales  de   los ocupantes o del equipo destinado exclusivamente a facilitar la navegación, las comunicaciones  o la identificación.                                                
                                                                      
3.  Las  aeronaves  sanitarias  no  transportarán  armamento alguno salvo las armas portátiles y las municiones que hayan sido recogidas  a los  heridos, enfermos  y náufragos que se hallen a  bordo y  que  aún  no  hayan  sido  entregadas  al servicio competente,  y las  armas ligeras  individuales que sean necesarias  para que el personal sanitario que se halle a bordo  pueda defenderse y defender a los heridos, enfermos y náufragos que tenga a su cargo.                                   
                                                                      
4. Salvo  acuerdo previo con la Parte adversa, las aeronaves sanitarias no  podrán utilizarse,  al efectuar  los Vuelos a que se  refieren los artículos 26 y 27, para buscar heridos, enfermos y náufragos.                                               
                                                                      
Artículo 29  - Notificaciones  y acuerdos  relativos  a  las aeronaves sanitarias:                                                
                                                                      
1. Las  notificaciones a que se refiere el artículo 25 y las solicitudes de  acuerdo previo  mencionadas en los artículos  26, 27,  28, párrafo  4, y  31, deberán  indicar  el  número previsto de  aeronaves sanitarias,  sus planes  de  vuelo  y medios de identificación; tales notificaciones y solicitudes se interpreterán en    el  sentido  de  que  los  vuelos  se efectuarán conforme a las disposiciones del artículo 28.
                                                                      
2. La  Parte que reciba una notificación hecha en virtud del artículo 25 acusará  recibo de ella sin demora.                      
                                                                      
3. La Parte que reciba una solicitud de acuerdo previo hecha en virtud  de lo  previsto en  los artículos  26,  27,  28, párrafo 4, o 31, notificará  tan rápidamente como sea posible a la Parte que haya hecho tal solicitud:                            
                                                                      
a) la aceptación de la solicitud; b) la denegación de la solicitud; o c) una propuesta alternativa razonable a la solicitud. Podrá  también proponer  una prohibición  o  restricción  de  otros vuelos en  la zona  de  que  se  trate  durante  el  período considerado. Si  la Parte  que ha  presentado  la  solicitud acepta esas  contrapropuestas, notificar  su aceptación a la otra Parte.
                                                                      
4. Las Partes tomarán las medidas necesarias para que puedan hacerse  esas  notificaciones  y  acuerdos  sin  pérdida  de tiempo.                                                             
                                                                      
5. Las  Partes tomarán  también  las  medidas necesarias para que lo  esencial  de  tales  notificaciones  y  acuerdos  se difunda   rápidamente  entre las    unidades   militares  interesadas, las  que serán  informadas sobre  los medios de identificación que  utilizarán las  aeronaves sanitarias  de que se trate.                                                       
                                                                      
Artículo  30   -  Aterrizaje   e  inspección   de  aeronaves sanitarias:                                                          
                                                                      
1. Las  aeronaves sanitarias que sobrevuelen zonas dominadas de hecho  por la  Parte adversa o zonas cuyo dominio no este claramente establecido  podrán ser  intimadas a aterrizar o, en su caso, a  amarar,  a  fin  de  que  se  proceda  a  la inspección  prevista   en  los  párrafos siguientes. Las aeronaves sanitarias obedecerán tal intimación.                     
                                                                      
2. Si una de tales aeronaves aterriza o amarra, obedeciendo a una intimación  o por  cualquier otra  circunstancia,  sólo podrá  ser objeto de inspección para comprobar los extremos a que hacen referencia los párrafos 3 y 4 de este artículo. La inspección  será  iniciada sin demora y efectuada rápidamente.        La Parte  que proceda  a la  inspección no  exigirá  que sean desembarcados de la aeronave los heridos y enfermos, a menos que ello  sea indispensable para la inspección. En todo caso esa Parte cuidará  de que esa inspección o ese desembarque no agrave el estado de los heridos y enfermos.                         
                                                                      
3. Si la inspección revela que la aeronave:                         
                                                                      
a) es  una aeronave  sanitaria en el sentido del apartado j) del artículo 8, b) no  contraviene las condiciones prescritas en el artículo 28, y c) no  ha  efectuado  el  vuelo  sin  acuerdo  previo  o en violación del mismo cuando tal acuerdo se requiera. La aeronave  y los  ocupantes de  la misma que pertenezcan a una Parte  adversa o a un Estado neutral o a otro Estado que no sea Parte en  el conflicto serán autorizados a proseguir el vuelo sin demora.
                                                                      
4. Si la inspección revela que la aeronave:
                                                                      
a) no  es una  aeronave sanitaria en el sentido del apartado j) del artículo 8, b) contraviene las condiciones prescritas en el artículo 28, o c) ha  efectuado el  vuelo sin acuerdo previo o en violación de un acuerdo previo cuando tal acuerdo se requiera, la aeronave podrá  ser apresada. Sus ocupantes serán tratados conforme a  las disposiciones pertinentes de los Convenios y del presente  Protocolo. Toda  aeronave  apresada  que  haya estado destinada  a servir  de aeronave sanitaria permanente sólo podrá  ser  utilizada  en  lo  sucesivo  como  aeronave sanitaria.                                                          
                                                                      
Artículo 31  - Estados neutrales u otros Estados que no sean partes en conflicto:                                                
                                                                      
1.  Las   aeronaves  sanitarias   no  podrán  sobrevolar  el territorio de  un Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte en el conflicto, ni aterrizar o amarar en él, salvo en virtud de acuerdo previo.  Sin  embargo,  de  mediar  tal acuerdo, esas aeronaves serán respetadas mientras dure el vuelo y durante las eventuales escalas en tal territorio. No obstante, deberán obedecer toda  intimación de aterrizar o, en su caso, amarar.                                                 
                                                                      
2.  La   aeronave  sanitaria   que,  sin  acuerdo  previo  o apartándose de  lo estipulado  en un acuerdo, sobrevuele el territorio de  un Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte en conflicto, por error de navegación o a causa de una situación de emergencia que afecte a la seguridad del vuelo, hará  todo  lo posible  para notificar  su  vuelo  y  hacerse identificar. Tan pronto como  dicho Estado  haya reconocido tal aeronave  sanitaria, hará todo lo razonablemente posible por dar  la orden  de aterrizar o amarar a que se refiere el  párrafo 1 del artículo 30 o para adoptar otras disposiciones con objeto de salvaguardar los intereses de ese Estado y, en ambos casos,  dar a  la aeronave tiempo para obedecer, antes de recurrir a un ataque.                                            
                                                                      
3. Si  una aeronave  sanitaria, con  acuerdo previo o en las circunstancias mencionadas en el párrafo 2, aterriza o amara en el  territorio de  un Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte en el conflicto, obedeciendo a una intimación o por  cualquier   otra  circunstancia,   quedará  sujeta a inspección para  determinar si  se  trata  de  una  aeronave sanitaria.  La inspección  será    iniciada  sin  demora  y efectuada rápidamente.  La Parte que proceda a la inspección no exigirá  que sean desembarcados de la aeronave los heridos y enfermos  que dependen de la Parte que utilice la aeronave a menos  que ello  sea indispensable  para la inspección. En todo caso,  esa  Parte  cuidará   de  que  tal  inspección  o desembarque no  agrave el  estado de los heridos y enfermos. Si la inspección revela que la aeronave es efectivamente una aeronave sanitaria, esa aeronave  con sus  ocupantes, salvo los que deban ser retenidos de conformidad con las normas de derecho internacional  aplicables en los conflictos armados, será   autorizada  a  proseguir  su  vuelo,  y  recibir   las facilidades apropiadas para ello.  Si la  inspección revela   que esa  aeronave no  es una aeronave sanitaria, la aeronave ser  apresada  y sus  ocupantes serán  tratados conforme a lo dispuesto en el párrafo 4.                                          
                                                                      
4.  Con   excepción   de   los   que   sean   desembarcados temporalmente,   los    heridos,   enfermos    y   náufragos desembarcados de  una aeronave sanitaria con el asentimiento de la autoridad local en el territorio de un Estado neutral o de  otro Estado  que no  sea Parte  en conflicto  deberán, salvo que  este Estado  y las  Partes en  conflicto acuerden otra cosa, quedar bajo la custodia de dicha autoridad cuando las  normas  de  derecho  internacional  aplicables  en  los conflictos armados  así lo  exijan, de  forma que  no puedan volver a participar en  las  hostilidades.  Los  gastos  de  hospitalización y  de internamiento  correrán  a  cargo  del Estado a que pertenezcan tales personas.  
                                                                      
  5. Los  Estados neutrales u Otros Estados que no sean Partes en conflicto  aplicarán por  igual a  todas  las  Partes  en conflicto  las   condiciones  y   restricciones   eventuales respecto  al  sobrevuelo  de  su  territorio  por  aeronaves  sanitarias o al aterrizaje de ellas en el mismo.                    
                                                                      
SECCION III - PERSONAS DESAPARECIDAS Y FALLECIDAS                   
                                                                      
Artículo 32 - Principio general:
En la  aplicación de la presente Sección, las actividades de las Altas  Partes contratantes, de las Partes en conflicto y de   las    organizaciones   humanitarias    internacionales  mencionadas en  los Convenios  y en  el  presente  Protocolo deberán estar  motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros.

Artículo 33 - Desaparecidos:                                        
                                                                      
1. Tan  pronto como  las circunstancias  lo permitan, y a más tardar desde  el fin de las hostilidades activas, cada Parte en conflicto  buscará  las  personas cuya  desaparición  haya señalado una Parte adversa. A fin de facilitar tal búsqueda, esa  Parte   adversa  comunicará    todas  las  informaciones pertinentes sobre las personas de que se trate.                     
                                                                      
2. Con  objeto de  facilitar la  obtención de información de conformidad con  lo dispuesto  en el  párrafo anterior, cada Parte en  conflicto deberá ,  con respecto a las personas que no se  beneficien de condiciones más favorables en virtud de los Convenios o del presente Protocolo:                             
                                                                      
a) registrar en la forma dispuesta en el artículo 138 del IV Convenio  la   información  sobre   tales  personas,  cuando hubieran  sido   detenidas,  encarceladas  o  mantenidas  en cualquier otra  forma  de  cautiverio  durante más  de  dos semanas como  consecuencia  de  las  hostilidades  o  de  la ocupación  o   hubieran  fallecido  durante  un  período  de detención; b) en  toda la  medida de  lo posible,  facilitar  y,  de ser necesario,  efectuar   la  búsqueda  y  el  registro  de  la información relativa  a tales personas si hubieran fallecido  en   otras   circunstancias   como   consecuencia   de   las  hostilidades o de la ocupación.                                     
                                                                      
3. La  información sobre  las personas  cuya desaparición se haya señalado,  de conformidad con  el  párrafo  1,  y  las solicitudes  de   dicha   información   serán transmitidas  directamente o por conducto de la Potencia protectora, de la Agencia Central  de Búsqueda  del Comité Internacional de la Cruz Roja,  o de  las Sociedades  nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León  y Sol Rojos). Cuando la información no sea  transmitida por conducto del Comité Internacional de la Cruz Roja y de su Agencia Central de Búsqueda, cada Parte en conflicto  velará  por  que tal  información  sea  también facilitada a esa Agencia.
                                                                      
4. Las  Partes en  conflicto se  esforzarán por  ponerse  de acuerdo  sobre   disposiciones  que permitan  que  grupos constituidos al efecto busquen, identifiquen y recuperen los muertos  en las  zonas   del  campo   de   batalla;   esas disposiciones  podrán  prever,  cuando  proceda, que  tales grupos vayan  acompañados de  personal de  la Parte  adversa mientras lleven  a cabo  esas misiones  en zonas controladas por ella. El personal de tales grupos deberá ser respetado y protegido  mientras  se  dedique   exclusivamente  a  tales misiones.                                                           
                                                                      
Artículo 34 - Restos de las personas fallecidas
                                                                      
1. Los  restos de  las personas fallecidas a consecuencia de la ocupación  o mientras  se hallaban detenidas por causa de  la ocupación  o de  las hostilidades,  y los de las personas que no  fueren nacionales  del país en que hayan fallecido a consecuencia de las hostilidades, deben ser respetados y las sepulturas  de   todas  esas   personas  serán   respetadas, conservadas y  marcadas según lo previsto en el artículo 130 del IV  Convenio, en  tanto que tales restos y sepulturas no se beneficien de condiciones más favorables en virtud de los Convenios y del presente Protocolo.                                 
                                                                      
2. Tan pronto como las circunstancias y las relaciones entre las  Partes   adversas  lo   permitan,  las   Altas   Partes contratantes en  cuyos territorios  se encuentren las tumbas y, en su caso,  otros lugares donde se hallen los restos de las   personas   fallecidas   como   consecuencia   de   las hostilidades, durante  la ocupación  o mientras  se hallaban detenidas, celebrarán acuerdos a fin de: 
                                                                      
a)  facilitar   a  los  miembros  de  las  familias  de  los fallecidos y a los representantes de los servicios oficiales de  registro  de  tumbas  el  acceso  a  las  sepulturas,  y determinar las  disposiciones de  orden  práctico  para  tal acceso; b) asegurar  la protección y el mantenimiento permanentes de tales sepulturas;    c) facilitar  la repatriación  de los restos de las personas fallecidas y la devolución de los efectos personales al país de origen,  a solicitud de ese país o, salvo que el mismo se opusiera a ello, a solicitud de los parientes más próximos.         
                                                                      
3.  A  falta de  los acuerdos previstos en los apartados b) o c) del  párrafo 2  y si  el país  de origen de esas personas fallecidas  no   está  dispuesto   a  sufragar   los  gastos correspondientes al  mantenimiento de  tales sepulturas,  la Alta Parte  contratante en  cuyo  territorio  se  encuentren tales  sepulturas   podrá   ofrecer   facilidades   para   la devolución  de   los  restos  al  país  de  origen.  Si  tal ofrecimiento no  fuera aceptado,  la Alta Parte contratante, transcurridos cinco  años desde  la fecha del ofrecimiento y previa la  debida notificación  al  país  de  origen,  podrá  aplicar las  disposiciones previstas  en su  legislación  en    materia de cementerios y sepulturas.                                
                                                                      
4.  La   Alta  Parte   contratante  en  cuyo  territorio  se encuentren las  sepulturas a  que  se  refiere  el  presente artículo sólo podrá  exhumar los restos:                             
                                                                      
a) en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del párrafo  2 y en el párrafo  3, o b) cuando la exhumación  constituya una necesidad imperiosa de interés   público,  incluidos  los  casos de necesidad sanitaria o  de investigación  administrativa o judicial, en cuyo caso  la Alta  Parte contratante deberá guardar en todo momento el  debido respeto  a los restos y comunicar al país de  origen   su  intención  de  exhumarlos,  transmitiéndole detalles sobre  el lugar  en que  se  propone  darles  nueva sepultura.                                                          
                                                                      
TITULO III                                                          
                                                                      
MODOS Y  MEDIOS DE  GUERRA -  ESTATUTO DE  COMBATIENTE Y  DE PRISIONERO DE GUERRA                                                
                                                                      
SECCION I - METODOS Y MEDIOS DE GUERRA                              
                                                                      
Artículo 35 - Normas fundamentales                                  
                                                                      
1. En  todo conflicto  armado, el  derecho de  las Partes en conflicto a  elegir los  métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado.                                                    
                                                                      
2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos  de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios.                             
                                                                      
3. Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que  hayan sido  concebidos para causar, o de los que quepa prever  que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.                                          
                                                                      
Artículo 36 - Armas nuevas                                          
                                                                      
Cuando  una  Alta  Parte  contratante  estudie,  desarrolle, adquiera o  adopte una nueva arma, o nuevos medios o métodos de guerra,  tendrá  la obligación de determinar si su empleo. en  ciertas  condiciones  o  en  todas  las  circunstancias, estaría prohibido  por el presente Protocolo o por cualquier otra norma  de derecho  internacional aplicable  a esa  Alta Parte contratante.
                                                                      
Artículo 37 - Prohibición de la perfidia:

1. Queda  prohibido matar,  herir o capturar a un adversario valiéndose de  medios pérfidos.  Constituirán  perfidia  los actos que,  apelando a  la buena  fe de  un  adversario  con intención de  traicionarla, den  a entender a éste que tiene derecho a  protección, o  que está  obligado a concederla, de conformidad  con   las  normas   de  derecho   internacional aplicables  en  los  conflictos  armados.  Son  ejemplos  de perfidia los actos siguientes:                                      
                                                                      
a)  simular   la  intención  de  negociar  bajo  bandera  de parlamento o de rendición; b) simular una incapacitación por heridas o enfermedad; c) simular el estatuto de persona civil, no combatiente; d) simular  que se posee un estatuto de protección, mediante el uso  de signos,  emblemas o  uniformes  de  las  Naciones Unidas o de Estados neutrales o de otros Estados que no sean Partes en el conflicto.                                             
                                                                      
2. No  están prohibidas  las estratagemas.  Son estratagemas los actos  que tienen  por  objeto  inducir  a  error  a  un adversario o  hacerle  cometer  imprudencias,  pero  que  no infringen ninguna  norma de  derecho internacional aplicable en los  conflictos armados, ni son pérfidos ya que no apelan a la  buena fe de un adversario con respecto a la protección prevista en  ese derecho.  Son ejemplos  de estrategias  los actos  siguientes:   el   camuflaje,   las   añagazas,   las operaciones simuladas y las informaciones falsas.                   
                                                                      
Artículo 38 - Emblemas reconocidos:                                                                       
1. Queda  prohibido hacer  uso indebido del signo distintivo de la  cruz roja,  de la  media luna  roja o  del león y sol rojos o  de otros emblemas, signos o señales establecidos en los Convenios  o en  el presente  Protocolo. Queda prohibido también abusar  deliberadamente, en  un conflicto armado, de otros    emblemas,     signos    o    señales    protectores internacionalmente  reconocidos,  incluidos  la  bandera  de parlamento y el emblema protector de los bienes culturales.
                                                                      
2. Queda  prohibido hacer  uso del emblema distintivo de las Naciones Unidas,  salvo en los casos en que esa Organización lo autorice.                                                        
                                                                      
Artículo 39 - Signos de nacionalidad :                                                                       
1. Queda  prohibido hacer  uso en un conflicto armado de las banderas o  de los emblemas, insignias o uniformes militares de Estados  neutrales o  de otros Estados que no sean Partes en el conflicto.                                                    
                                                                      
2. Queda  prohibido hacer  uso de  las  banderas  o  de  los emblemas, insignias o uniformes militares de Partes adversas durante los  ataques, o  para cubrir,  favorecer, proteger u  obstaculizar operaciones militares.                                 
                                                                      
3. Ninguna  de las disposiciones del presente artículo o del artículo 37, párrafo 1, d), afectará  a las normas existentes de derecho  internacional generalmente  reconocidas que sean aplicables al  espionaje o  al  uso  de  la  bandera  en  el desarrollo de los conflictos armados en el mar.                     
                                                                      
Artículo 40 - Cuartel:                                               
                                                                      
Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes, amenazar con ello  al  adversario  o  conducir  las  hostilidades  en función de tal decisión.                                            
                                                                      
Artículo 41 - Salvaguardia del enemigo fuera de combate: 

1. Ninguna  persona podrá   ser objeto  de ataque  cuando  se reconozca o,  atendidas las circunstancias, deba reconocerse que esté  fuera de combate.                                          
                                                                      
2. Está  fuera de combate toda persona; a) que esté en poder de una Parte adversa: b) que exprese claramente su intención de rendirse; o c) que  esté‚ inconsciente  o incapacitada  en cualquier otra forma a  causa  de  heridas  o  de  enfermedad  y  sea,  por consiguiente, incapaz de defenderse; y siempre  que, en  cualquiera de esos casos, se abstenga de todo acto hostil y no trate de evadirse.                            
                                                                      
3. Cuando las personas que tengan derecho a la protección de que gozan  los prisioneros de guerra hayan caído en poder de una Parte adversa en condiciones de combate inhabituales que impidan su  evacuación en  la forma prevista en la Sección I del Título  III del  III Convenio, serán liberadas, debiendo adoptarse todas las precauciones posibles para garantizar su seguridad.                                                          
                                                                      
Artículo 42 - Ocupantes de aeronaves:
1. Ninguna  persona  que  se  lance  en  paracaídas  de  una aeronave en peligro será  atacada durante su descenso.               
                                                                      
2. Al llegar a tierra en territorio controlado por una Parte adversa, la persona que se haya lanzado en paracaídas de una aeronave en  peligro deberá  tener oportunidad  de  rendirse antes de  ser atacada, a menos  que sea manifiesto que está  realizando un acto hostil.
                                                                      
3. Las  tropas aerotransportadas  no quedarán protegidas por este artículo.                                                      
                                                                      
SECCION II  - ESTATUTO  DE COMBATIENTE  Y DE  PRISIONERO  DE GUERRA                                                              
                                                                      
Artículo 43 - Fuerzas armadas:                                       
                                                                      
1. Las fuerzas armadas de una Parte en conflicto se componen de  todas   las  fuerzas, grupos  y   unidades  armados  y organizados, colocados  bajo  un  mando  responsable  de  la conducta de sus subordinados ante esa Parte, aun cuando ésta esté representada  por un  gobierno o  por una  autoridad no reconocidos por  una Parte  adversa. Tales  fuerzas  armadas deberán estar  sometidas a  un régimen de disciplina interna que  haga   cumplir,  inter  alia,  las  normas  de  derecho internacional aplicables en los conflictos armados.                 
                                                                      
2. Los  miembros de  las fuerzas  armadas de  una  Parte  en conflicto (salvo  aquellos que  formen  parte  del  personal sanitario y  religioso a  que se  refiere el artículo 33 del III Convenio)  son combatientes,  es decir, tienen derecho a participar directamente en las hostilidades.                        
                                                                      
3. Siempre  que una  Parte  en  conflicto  incorpore  a  sus fuerzas armadas  un  organismo  paramilitar  o  un  servicio armado encargado  de velar  por  el  orden  público,  deberá   notificarlo a las otras Partes en conflicto.                        
                                                                      
Artículo 44 - Combatientes y prisioneros de guerra:                                                                      
1. Todo  combatiente, tal como queda definido en el artículo 43, que  caiga en poder de una Parte adversa será  prisionero de guerra.                                                          
                                                                      
2. Aunque  todos los combatientes están obligados a observar    las  normas  de  derecho  internacional  aplicables  en  los   conflictos armados,  la violación de tales normas no privará  a un combatiente de su derecho a ser considerado como tal o, si cae  en poder  de una  Parte adversa, de su derecho a ser considerado prisionero  de guerra, salvo lo dispuesto en los   párrafos 3 y 4.                                                     
                                                                      
3. Con  objeto de  promover la  protección de  la  población civil  contra   los  efectos   de  las   hostilidades,   los combatientes están  obligados a distinguirse de la población civil en  el curso  de un  ataque o de una operación militar    preparatoria de  un ataque.  Sin embargo,  dado que  en  los conflictos armados  hay situaciones  en las que, debido a la índole de  las hostilidades,  un combatiente armado no puede distinguirse  de   la  población  civil,  dicho  combatiente conservar´s   su   estatuto  de   tal  siempre  que,  en  esas  circunstancias, lleve sus armas abiertamente:                       
                                                                      
a) durante todo enfrentamiento militar; y b) durante  el tiempo  en que  sea visible  para el  enemigo mientras está  tomando parte en un despliegue militar previo al lanzamiento de un ataque en el que va a participar.              
                                                                      
No se  considerarán como  actos pérfidos,  en el sentido del apartado c)  del párrafo 1 del artículo 37, los actos en que concurran las condiciones enunciadas en el presente párrafo.        
                                                                      
4. El  combatiente que caiga en poder de una Parte adversa y no reúna  las condiciones enunciadas en la segunda frase del párrafo  3,  perderá   el  derecho  a  ser  considerado  como prisionero  de  guerra,  pero,  no  obstante,  recibirá   las protecciones equivalentes,  en todos  los  sentidos,  a  las otorgadas a  los prisioneros de guerra por el III Convenio y el  presente   Protocolo.  Esta   protección  comprende  las protecciones equivalentes  a las otorgadas a los prisioneros de guerra  por el III Convenio en el caso de que tal persona sea juzgada  y sancionada  por cualquier infracción que haya cometido.                                                           
                                                                      
5. El  combatiente que  caiga en  poder de una Parte adversa mientras no  participa en  un ataque  ni  en  una  operación militar  preparatoria   de  un   ataque,   no   perderá ,   a consecuencia de sus actividades anteriores, el derecho a ser considerado como combatiente y prisionero de guerra.                
                                                                      
6. El presente artículo no privará  a una persona del derecho a ser  considerada como  prisionero de  guerra  conforme  al artículo 4 del III Convenio.                                        
                                                                      
7. El  propósito del  presente artículo  no es  modificar la práctica generalmente  aceptada por  los Estados  en lo  que respecta al  uniforme que  han de  llevar  los combatientes pertenecientes  a   las   unidades   armadas   regulares   y    uniformadas de una Parte en conflicto.                              
                                                                      
8. Además  de las  categorías de  personas mencionadas en el artículo 13  de los  Convenios I y II, todos los miembros de las fuerzas  armadas de  una Parte en un conflicto, tal como se definen en el artículo 43 del presente Protocolo, tendrán derecho  a   la  protección  concedida  en  virtud  de  esos Convenios si  están heridos  o enfermos o, en el caso del II Convenio, si son náufragos en el mar o en otras aguas.              
                                                                      
Artículo 45 - Protección de personas que han tomado parte en las hostilidades:                                                    
                                                                      
1. La  persona que  participe en las hostilidades y caiga en poder de una Parte adversa se presumirá  prisionero de guerra y, por  consiguiente, estará   protegida por  el III Convenio cuando reivindique  el estatuto  de  prisionero  de  guerra, cuando parezca  tener derecho al mismo, o cuando la parte de que dependa  reivindique ese  estatuto en  su favor mediante una notificación  a la  Potencia detenedora  o a la Potencia protectora. Si  hubiere alguna duda respecto a su derecho al estatuto de  prisionero de  guerra, tal  persona  continua  beneficiándose de  este estatuto y, en consecuencia, seguirá  gozando de  la protección  del III  Convenio y  del presente Protocolo hasta  que un tribunal competente haya decidido al respecto.                                                           
                                                                      
2. La  persona que,  habiendo caído  en poder  de una  Parte adversa, no esté‚ detenida como prisionero de guerra y vaya a ser juzgada  por esa  Parte con motivo de una infracción que guarde relación  con las  hostilidades podrá   hacer valer su derecho al estatuto de prisionero de guerra ante un tribunal   judicial y a que se decida esta cuestión. Siempre que no sea contrario  al   procedimiento  aplicable,  esa  cuestión  se decidirá  antes  de que  el tribunal  se pronuncie  sobre  la infracción. Los  representantes de  la  Potencia  protectora tendrán derecho  a asistir  a las  actuaciones en  que  deba dirimirse la  cuestión, a  menos que,  excepcionalmente y en interés de  la seguridad  del Estado,  tales actuaciones  se celebren a puerta cerrada. En este caso, la Potencia en cuyo poder se  encuentre la  persona informará   al respecto  a la Potencia protectora.                                                
                                                                      
3. La persona que haya tomado parte en las hostilidades y no tenga  derecho  al  estatuto  de  prisionero  de  guerra  ni disfrute de  un trato más favorable  de conformidad  con lo dispuesto en  el IV Convenio, tendrá  derecho en todo momento a la  protección del artículo 75 del presente Protocolo. Tal persona, cuando se encuentre en territorio ocupado y siempre que no se halle detenida como espía, disfrutará  también, no obstante lo establecido en el artículo 5 del IV Convenio, de los derechos de comunicación previstos en ese Convenio.             
                                                                      
Artículo 46 - Espías:                                                
                                                                      
1. No obstante cualquier otra disposición de los Convenios o del presente Protocolo, el miembro de las fuerzas armadas de una Parte  en conflicto  que caiga  en poder  de  una  Parte adversa mientras  realice actividades de espionaje no tendrá  derecho al  estatuto de  prisionero de  guerra y  podrá   ser tratado como espía.                                                 
                                                                      
2. No se considerará  que realiza actividades de espionaje el miembro de  las fuerzas  armadas de  una Parte  en conflicto que, en  favor  de  esa  Parte,  recoja  o  intente  recoger información dentro de un territorio controlado por una Parte adversa siempre  que, al  hacerlo, vista  el uniforme de las fuerzas armadas a que pertenezca.                                   
                                                                      
3. No se considerará  que realiza actividades de espionaje el miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto que sea residente  en territorio ocupado por una Parte adversa y que, en  favor de  la Parte de que depende, recoja o intente recoger  información   de  interés  militar  dentro  de  ese territorio, salvo  que lo  haga mediante  pretextos falsos o proceda de  modo deliberadamente  clandestino.  Además,  ese residente no perderá  su derecho al estatuto de prisionero de guerra y  no podrá   ser tratado  como espía  a menos que sea capturado mientras realice actividades de espionaje.                
                                                                      
4. El  miembro de  las  fuerzas  armadas  de  una  Parte  en conflicto que no sea residente en territorio ocupado por una Parte adversa  y que haya realizado actividades de espionaje en ese  territorio, no  perderá  su  derecho al  estatuto  de prisionero de  guerra y  no podrá   ser tratado  como espía a  menos que  sea capturado antes de reintegrarse a las fuerzas armadas a que pertenezca.                                           
                                                                      
Artículo 47 - Mercenarios :                                          
                                                                      
1.  Los  mercenarios  no  tendrán derecho  al  estatuto  de combatiente o de prisionero de guerra.                              
                                                                      
2. Se entiende por mercenario toda persona:
                                                                      
a) que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, a fin de combatir en un conflicto armado; b) que, de hecho, tome parte directa en las hostilidades; c) que  tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el  deseo de  obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente  la promesa, por una Parte en conflicto o en   nombre   de   ella,   de   una   retribución   material considerablemente superior  a la  prometida o  abonada a los combatientes de  grado y  funciones similares en las fuerzas armadas de esa Parte; d) que  no  sea  nacional  de  una  Parte  en  conflicto  ni residente en un territorio  controlado  por  una  Parte  en conflicto; e) que no sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto; y f) que  no haya  sido enviada en misión oficial como miembro de sus  fuerzas armadas  por un  Estado que  no es  Parte en conflicto.                                                          

TITULO IV                                                           
                                                                      
POBLACION CIVIL                                                     
                                                                      
SECCION I  - PROTECCION  GENERAL CONTRA  LOS EFECTOS DE LAS HOSTILIDADES
                                                                      
CAPITULO I - NORMA FUNDAMENTAL Y AMBITO DE APLICACION
                                                                      
Artículo 48 - Norma fundamental
                                                                      
A fin  de garantizar  el  respeto  y  la  protección  de  la población civil   de los bienes de carácter civil las Partes en  conflicto   harán  distinción   en  todo  momento  entre población civil  y combatientes,  y entre bienes de carácter  civil y  objetivos militares  y, en  consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares.              
                                                                      
Artículo 49 - Definición de ataques  y  ámbito de aplicación                                                                       
1. Se  entiende por  "ataques" los actos de violencia contra el adversario, sean ofensivos o defensivos.                         
                                                                      
2. Las  disposiciones del  presente Protocolo respecto a los ataques serán  aplicables a  todos los  ataques en cualquier territorio donde  se realicen,  inclusive en  el  territorio nacional que  pertenezca a  una Parte en conflicto, pero que   se halle bajo el control de una Parte adversa.                      
                                                                      
3. Las  disposiciones de  la presente Sección se aplicarán a cualquier operación  de guerra  terrestre, naval o aérea que pueda afectar en tierra a la población civil, a las personas civiles y  a los  bienes de  carácter  civil.  Se  aplicarán también a  todos los  ataques desde  el mar  o desde el aire contra objetivos en tierra, pero no afectarán de otro modo a las  normas  de  derecho  internacional  aplicables  en  los conflictos armados en el mar o en el aire.                          
                                                                      
4. Las  disposiciones de  la presente  Sección completan las normas relativas  a la  protección humanitaria contenidas en el IV  Convenio, particularmente  en su  Título II, y en los demás  acuerdos  internacionales que  obliguen  a  las  Altas Partes contratantes,  así como  las otras  normas de derecho internacional  que  se  refieren  a  la  protección  de  las personas civiles  y de  los bienes  de carácter civil contra los efectos de las hostilidades en tierra, en el mar o en el  aire.                                                               
                                                                      
CAPITULO II - PERSONAS CIVILES Y POBLACION CIVIL                    
                                                                      
Artículo 50  - Definición de personas civiles y de población civil :

1. Es  persona civil  cualquiera que  no pertenezca a una de las categorías  de personas a que se refieren el artículo 4, A. 1),  2), 3), y 6), del III Convenio, y el artículo 43 del presente Protocolo.  En caso  de duda acerca de la condición        
 de una persona, se la considerará  como civil.                       
                                                                      
2.  La  población  civil  comprende  a  todas  las  personas  civiles.                                                            
                                                                      
3. La  presencia entre  la población  civil de personas cuya condición no  responda a  la definición  de persona civil no priva a esa población de su calidad de civil.                       
                                                                      
Artículo 51 - Protección de la población civil:                      
                                                                      
1. La  población civil  y las  personas civiles  gozarán  de protección  general   contra  los  peligros  procedentes  de operaciones militares.  Para hacer efectiva esta protección, además  de   las  otras   normas   aplicables   de   derecho internacional, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.                                                  
                                                                      
2. No  serán  objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia  cuya finalidad  principal sea aterrorizar a la población civil.                                                    
                                                                      
3.  Las  personas  civiles  gozarán  de  la  protección  que confiere esta  Sección, salvo  si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.                 
                                                                      
4. Se  prohíben los  ataques  indiscriminados.  Son  ataques indiscriminados:                                                    
                                                                      
a) los  que no  estén dirigidos  contra un  objetivo militar concreto; b) los que emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto; o c) los que emplean‚todos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar conforme a lo exigido por el presente Protocolo; y que,  en consecuencia en cualquiera de tales casos, pueden alcanzar indistintamente  a objetivos militares y a personas civiles o a bienes de carácter civil.                               
                                                                      
5.  Se  consideraran  indiscriminados,   entre  otros, los siguientes tipos de ataque:

a) los  ataques por  bombardeo, cualesquiera  que  sean  los métodos  o  medios  utilizados,  que  traten  como  objetivo militar  único   varios  objetivos   militares  precisos   y claramente separados  situados en una ciudad, un pueblo, una aldea u  otra zona  en que  haya  concentración  análoga  de personas civiles o bienes de carácter civil; b)  los ataques,  cuando sea  de   prever  que  causarán incidentalmente muertos  y heridos entre la población civil,  o daños  a bienes  de carácter  civil, o  ambas  cosas,  que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.                                                 

6. Se prohíben los ataques dirigidos como represalias contra la población civil o las personas civiles.

7. La  presencia de la población civil o de personas civiles o sus  movimientos  no  podrán  ser  utilizados  para  poner ciertos puntos  o zonas a cubierto de operaciones militares, en especial  para tratar  de poner a cubierto de ataques los objetivos   militares, ni   para cubrir, favorecer u obstaculizar operaciones  militares. Las Partes en conflicto no podrán dirigir los movimientos de la población civil o de personas civiles  para tratar de poner objetivos militares a cubierto de ataques, o para cubrir operaciones militares.           
                                                                      
8. Ninguna violación de estas prohibiciones dispensará  a las Partes  en  conflicto  de  sus  obligaciones  jurídicas  con respecto a  la  población  civil  y  las  personas  civiles, incluida la  obligación de adoptar las medidas de precaución previstas en el artículo 57.                                        
                                                                      
CAPITULO III - BIENES DE CARACTER CIVIL                             
                                                                      
Artículo 52  - Protección  general de los bienes de carácter civil :
                                                                      
1. Los bienes de carácter civil no serán objeto de ataque ni de represalias.  Son bienes  de  carácter  civil  todos  los bienes que  no son  objetivos militares  en el  sentido  del párrafo.2.
                                                                      
2. Los  ataques se  limitarán estrictamente  a los objetivos militares. En  lo que  respecta a  los bienes, los objetivos militares  se   limitan  a   aquellos  objetos  que  por  su naturaleza, ubicación,  finalidad o  utilización contribuyan eficazmente a  la acción  militar o cuya destrucción total o parcial,   captura   o   neutralización   ofrezca   en   las circunstancias del caso una ventaja militar definida.
                                                                      
3. En  caso de  duda acerca de si un bien que normalmente se dedica a fines civiles, tal como un lugar de culto, una casa u otra  vivienda o  una escuela,  se utiliza para contribuir eficazmente a  la acción  militar, se  presumirá  que  no  se utiliza con tal fin.                                                
                                                                      
Artículo 53  - Protección  de los bienes culturales y de los   lugares de culto:
                                                                      
Sin perjuicio  de las  disposiciones de  la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales  en   caso  de Conflicto  Armado  y de otros instrumentos internacionales aplicables, queda prohibido:

a)  cometer   actos  de   hostilidad  dirigidos  contra  los monumentos históricos,  obras de arte o lugares de culto que constituyen el  patrimonio  cultural  o  espiritual  de  los pueblos; b) utilizar tales bienes en apoyo del esfuerzo militar; c) hacer objeto de represalias a tales bienes.

Artículo 54  - Protección  de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil:

1. Queda  prohibido, como  método de  guerra, hacer  padecer hambre a las personas civiles.

2. Se  prohíbe atacar,  destruir, sustraer  o inutilizar los bienes indispensables  para la supervivencia de la población civil, tales  como los  artículos alimenticios  y las  zonas agrícolas que  los producen,  las cosechas,  el ganado,  las instalaciones y  reservas de  agua potable  y las  obras  de riego, con la intención deliberada de privar de esos bienes, por su valor como medios para asegurar la subsistencia, a la población civil  o a  la Parte  adversa, sea  cual fuere  el   motivo, ya  sea para  hacer padecer  hambre a  las  personas civiles, para  provocar su  desplazamiento, o  con cualquier otro propósito.
                                                                      
3. Las  prohibiciones establecidas  en el  párrafo 2  no  se aplicarán a  los bienes  en él mencionados cuando una Parte adversa:
                                                                      
a)  utilice   tales  bienes  exclusivamente  como  medio  de subsistencia para los miembros de sus fuerzas armadas; o b) los  utilice en  apoyo directo  de una  acción militar, a condición, no  obstante, de  que en  ningún  caso  se  tomen contra tales  bienes medidas  cuyo resultado  previsible sea dejar tan  desprovista de  víveres o  de agua a la población civil que ésta se vea reducida a padecer hambre u obligada a desplazarse.
                                                                      
4. Estos bienes no serán objeto de represalias.
                                                                      
5. Habida  cuenta de  las exigencias  vitales que  para toda Parte en  conflicto  supone  la  defensa  de  su  territorio nacional contra  la invasión,  una Parte  en conflicto podrá  dejar de  observar las prohibiciones señaladas en el párrafo   2 dentro  de ese territorio que se encuentre bajo su control cuando lo exija una necesidad militar imperiosa.
                                                                      
Artículo 55 - Protección del medio ambiente natural:

1.  En  la  realización  de  la  guerra  se  velará   por  la protección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y  graves. Esta  protección incluye la prohibición de emplear  métodos o  medios de  hacer la  guerra que hayan sido concebidos  para causar  o de  los que quepa prever que causen tales daños al medio ambiente natural, comprometiendo así la salud o la supervivencia de la población.

2. Quedan  prohibidos los  ataques contra  el medio ambiente natural como represalias.

Artículo 56  - Protección  de las  obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas :

1.  Las   obras  o   instalaciones  que   contienen  fuerzas peligrosas, a  saber, las presas, los diques y las centrales nucleares de  energía eléctrica, no serán objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques puedan producir la  liberación de  aquellas fuerzas  y  causar,  en consecuencia,perdidas importantes en  la población  civil. Los otros  objetivos militares  ubicados  en  esas  obras  o instalaciones, o  en sus  proximidades, no  serán objeto de ataques cuando  tales ataques  puedan producir la liberación de fuerzas  peligrosas y  causar, en  consecuencia, pérdidas  importantes en la población civil.

2. La  protección especial contra todo ataque prevista en el párrafo cesará::                                                     
                                                                      
a) para  las presas  o diques, solamente si se utilizan para funciones distintas  de aquellas  a  que  normalmente  están  destinados y  en apoyo  regular,  importante  y  directo  de operaciones militares, y si tales ataques son el único medio factible de poner fin a tal apoyo;  b)  para  las  centrales  nucleares  de  energía  eléctrica, solamente si tales centrales suministran corriente eléctrica en  apoyo  regular,  importante  y  directo de  operaciones militares, y si tales ataques son el único medio factible de poner fin a tal apoyo; c) para los otros objetivos militares ubicados en esas obras o instalaciones,  o en  sus proximidades, solamente  si  se utilizan  en   apoyo  regular,   importante  y   directo  de operaciones militares, y si tales ataques son el único medio    factible de poner fin a tal apoyo.                                  
                                                                      
3. En  todos los  casos, la  población civil  y las personas civiles mantendrán  su derecho  a toda la protección que les confiere el  derecho internacional, incluidas las medidas de precaución  previstas   en  el   artículo  57.  Si  cesa  la protección  y   se  ataca   a  cualquiera de  las  obras  e instalaciones o  a cualquiera  de  los  objetivos  militares mencionados  en   el  párrafo  1,  se  adoptarán  todas  las precauciones posibles  en la  práctica a  fin de  evitar  la liberación de las fuerzas peligrosas.                               
                                                                      
4. Se  prohíbe hacer  objeto de  represalias a cualquiera de las obras  e instalaciones  o  de los  objetivos  militares mencionados en el párrafo 1.                                        
                                                                      
5. Las  Partes en  conflicto se  esforzarán por no  ubicar objetivos  militares   en  la  proximidad  de  las  obras  o instalaciones mencionadas  en el  párrafo1. No obstante, se  autorizan las  instalaciones construidas con el único objeto de defender  contra los  ataques las obras o  instalaciones protegidas, y tales instalaciones no serán objeto o condición de que no se utilicen en las hostilidades, salvo en las  acciones defensivas  necesarias para responder a los ataques contra  las obras  o instalaciones  protegidas, y de que su  armamento se  limite a  armas que sólo puedan servir para  repeler   acciones  hostiles   contra  las   obras   o instalaciones protegidas.
                                                                      
6. Se  insta a  las Altas Partes contratantes y a las Partes en conflicto  a que  concierten entre  sí otros acuerdos que brinden protección complementaria a los bienes que contengan fuerzas peligrosas.                                                 
                                                                      
7. Para facilitar la identificación de los bienes protegidos por el  presente artículo,  las partes  en conflicto  podrán marcarlos con  un signo  especial consistente en un grupo de tres círculos  de color  naranja vivo a lo largo de un mismo eje, como  se indica  en el  artículo 16  del  Anexo  I  del presente Protocolo.  La  ausencia  de  tal  señalización  no dispensará  en  modo alguno  a las Partes en conflicto de las obligaciones dimanantes del presente artículo.

CAPITULO IV - MEDIDAS DE PRECAUCION
                                                                      
Artículo 57 - Precauciones en el ataque:                             
                                                                      
1. Las  operaciones militares  se realizarán  con un cuidado constante de  preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil.                           
                                                                      
2.  Respecto  a  los  ataques,  se  tomarán  las  siguientes precauciones:
                                                                      
a) quienes preparen o decidan un ataque deberán:

i) hacer  todo lo  que sea  factible para  verificar que los objetivos que  se proyecta atacar no son personas civiles ni bienes de  carácter civil,  ni gozan de protección especial, sino que  se trata  de objetivos militares en el sentido del párrafo 2  del artículo  52  y  que  las disposiciones  del presente Protocolo no prohíben atacarlos; ii) tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios  y métodos  de ataque  para evitar  o, al  menos, reducir todo  lo posible  el número  de muertos y de heridos que  pudieran  causar  incidentalmente  entre  la  población  civil, así como los daños a los bienes de carácter civil; iii) abstenerse  de decidir  un ataque  cuando sea de prever que  causará  incidentalmente  muertos o  heridos  en  la población civil, daños a  bienes de carácter civil, o ambas cosas, que  serían excesivos  en  relación  con  la  ventaja militar concreta y directa prevista;                                
                                                                      
b) un ataque será  suspendido o anulado si se advierte que el objetivo no  es militar o que goza de protección especial, o que es  de prever  que  el  ataque  causará   incidentalmente muertos o  heridos entre  la población civil, daños a bienes de carácter  civil, o  ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista; c) se  dará  aviso  con la  debida antelación  y  por  medios eficaces  de   cualquier  ataque  que  pueda  afectar  a  la población civil, salvo que las circunstancias lo impidan.

3. Cuando  se pueda  elegir entre varios objetivos militares para obtener  una ventaja militar equivalente, se optará  por el objetivo cuyo ataque, según sea de prever, presente menos peligro para  las personas  civiles y los bienes de carácter civil.  
                                                                      
4. En las operaciones militares en el mar o en el aire, cada Parte en  conflicto deber   adoptar, de  conformidad con los derechos y  deberes que  le corresponden  en virtud  de  las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados,  todas  las  precauciones  razonables  para  evitar perdidas de  vidas en la población civil y daños a bienes de carácter civil.                                                     
                                                                      
5. Ninguna  de las  disposiciones  de  este  artículo  podrá  interpretarse en  el  sentido  de  autorizar  ataque  alguno contra la población civil, las personas civiles o los bienes de carácter civil.                                                  
                                                                      
Artículo 58 - Precauciones contra los efectos de los ataques Hasta donde sea factible, las Partes en conflicto:
                                                                      
a) se  esforzarán, sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el artículo 49  del IV Convenio, por alejar de la proximidad de objetivos militares  a  la  población  civil,  las  personas civiles y  los bienes  de carácter  civil que  se encuentren bajo su control; b) evitarán  situar objetivos  militares en el interior o en las proximidades de zonas densamente pobladas; c) tomarán  las demás  precauciones necesarias para proteger contra los  peligros resultantes  de operaciones militares a la población  civil, las  personas civiles  y los  bienes de carácter civil que se encuentren bajo su control.
                                                                      
CAPITULO V - LOCALIDADES Y ZONAS BAJO PROTECCION ESPECIAL           
                                                                      
Artículo 59 - Localidades no defendidas                             
                                                                      
1. Queda  prohibido a  las Partes  en conflicto  atacar, por cualquier medio que sea, localidades no defendidas.
                                                                      
2. Las  autoridades competentes  de una  Parte en  conflicto pueden  declarar  localidad  no  defendida  cualquier  lugar habitado que  se encuentre en la proximidad o en el interior de una  zona donde  las fuerzas  armadas estén en contacto y que esté  abierto a  la ocupación por una Parte adversa. Tal localidad habrá  de reunir las condiciones siguientes:
                                                                      
a) deberán  haberse evacuado todos los combatientes, así como las armas y el material militar móviles;b) no  se  hará   uso  hostil  de  las  instalaciones  o  los establecimientos militares fijos; c) ni  las autoridades  ni la  población cometerán  actos de hostilidad; d) no se emprenderá actividad alguna en apoyo de operaciones militares.                                                          
                                                                      
3. La  presencia en  esa localidad de personas especialmente protegidas por  los Convenios  y por  el presente Protocolo, así como  la de  fuerzas de  policía retenidas  con la única finalidad de  mantener el  orden público,  no se opone a las condiciones señaladas en el párrafo 2. 
                                                                      
4. La  declaración que  se haga en virtud del párrafo 2 será  dirigida a  la Parte  adversa y  definirá e indicará , con la  mayor precisión  posible, los  límites de  la  localidad  no defendida. La  Parte en  conflicto que reciba la declaración acusar  recibo  de ella  y  tratará   a  esa  localidad  como localidad  no   defendida   a   menos   que   no   concurran efectivamente las  condiciones señaladas en el párrafo 2, en cuyo caso  lo comunicará   inmediatamente a la Parte que haya hecho la  declaración. Aunque  no concurran  las condiciones señaladas en  el párrafo  2, la localidad continuará  gozando de la  protección prevista  en las  demás disposiciones  del presente  Protocolo   y  las   otras   normas   de   derecho internacional aplicables en los conflictos armados.
                                                                      
5. Las Partes en conflicto podrán ponerse de acuerdo para el establecimiento de  localidades no  defendidas,  incluso  si tales localidades  no reúnen las condiciones señaladas en el párrafo 2.  El acuerdo  debería definir  e indicar,  con  la mayor precisión  posible, los  límites de  la localidad  no defendida; si  fuere necesario,  podrá fijar las modalidades de supervisión. 
                                                                      
6. La  Parte en cuyo poder se encuentre una localidad objeto de tal  acuerdo la  señalizará , en  la medida de lo posible, con los  signos que  convenga con  la otra Parte, los cuales serán colocados  en lugares  donde sean claramente visibles, especialmente en  el  perímetro  y  en  los  límites  de  la localidad y en las carreteras.                                      
                                                                      
7.  Una  localidad  perderá   su  estatuto  de  localidad  no defendida cuando deje de reunir las condiciones señaladas en el párrafo  2 o en el acuerdo mencionado en el párrafo 5. En tal caso,  la localidad  continuará gozando de la protección prevista en las demás disposiciones del presente Protocolo y las otras  normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados.                                                 
                                                                      
Artículo 60 - Zonas desmilitarizadas 
                                                                      
1. Queda  prohibido a  las Partes  en conflicto  extender sus operaciones militares a las zonas a las que hayan conferido, mediante acuerdo,  el estatuto  de zona  desmilitarizada, si tal extensión es contraria a lo estipulado en ese acuerdo. 
                                                                      
2. El  acuerdo será  expreso, podrá  concertarse verbalmente o por  escrito,  bien  directamente  o  por  conducto  de  una Potencia  protectora   o  de  una  organización  humanitaria imparcial, y  podrá  consistir  en declaraciones recíprocas y concordantes. El acuerdo podrá  concertarse en tiempo de paz, o una  vez rotas  las  hostilidades,  y  debiera  definir  e indicar, con  la mayor  precisión posible, los límites de la zona desmilitarizada  y, si fuere necesario, podrá  fijar las modalidades de supervisión.
                                                                      
3. Normalmente,  será  objeto  de tal  acuerdo una  zona  que reúna las condiciones siguientes:
                                                                      
a) deberán haberse evacuado todos los combatientes, así como las armas y el material militar móviles; b) no  se  hará   uso  hostil  de  las  instalaciones  o  los establecimientos militares fijos; c) ni  las autoridades  ni la  población cometerán  actos de hostilidad d) deberá   haber cesado  toda actividad  relacionada con  el esfuerzo militar.
                                                                      
Las Partes  en conflicto  se pondrán  de  acuerdo  sobre  la interpretación que proceda dar a la condición señalada en el apartado d) y sobre las personas que, aparte las mencionadas en  el párrafo  4,   puedan  ser   admitidas  en  la  zona desmilitarizada. 
                                                                      
4. La  presencia  en  esa  zona  de  personas  especialmente protegidas por  los Convenios  y por  el presente Protocolo, así como  la de  fuerzas de  policía retenidas  con la única finalidad de  mantener el  orden público,  no se opone a las   condiciones señaladas en el párrafo 3.
                                                                      
5.  La  Parte  en  cuyo  poder  se  encuentre  tal  zona  la señalizará , en  la medida  de lo posible, con los signos que convenga con  la otra  Parte, los  cuales serán colocados en lugares donde  sean claramente visibles, especialmente en el   perímetro y  en  los  límites  de  la  localidad  y  en  las carreteras.                                                         
                                                                      
6. Si  los combates se aproximan a una zona desmilitarizada, y si  las Partes  en conflicto así lo han convenido, ninguna de ellas  podrá  utilizar la zona para fines relacionados con la realización  de  operaciones  militares,  ni  revocar  de     manera unilateral su estatuto.                                      
                                                                      
7. La  violación grave por una de las Partes en conflicto de las disposiciones  de los  párrafos 3 ó 6 liberará  a la otra Parte de  las obligaciones dimanantes del acuerdo por el que se confiere  a la  zona el estatuto de zona desmilitarizada. En tal  caso, la  zona perderá   su estatuto  pero continuará  gozando de la protección prevista en las demás disposiciones del presente  Protocolo y  en las  otras normas  de  derecho internacional aplicables en los conflictos armados.  
                                                                      
CAPITULO VI - SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL                         
                                                                      
Artículo 61 - Definiciones y  ámbito de aplicación Para los efectos del presente Protocolo: 

a) se  entiende por  protección civil el cumplimiento  de algunas o  de todas las tareas humanitarias que se mencionan a continuación,  destinadas a  proteger a la población civil contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y a  ayudarla a  recuperarse de  sus efectos inmediatos, así como  a facilitar  las   condiciones  necesarias  para  su supervivencia. Estas tareas son las siguientes:

i) servicio de alarma; ii) evacuación; iii) habilitación y organización de refugios; iv) aplicación de medidas de oscurecimiento; v) salvamento; vi)  servicios   sanitarios,  incluidos los de primeros auxilios, y asistencia religiosa; ii) lucha contra incendios; viii) detección y señalamiento de zonas peligrosas; ix) descontaminación y medidas similares de protección; x) provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia; xi) ayuda  en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en las zonas damnificadas; xii) medidas  de urgencia  para el  restablecimiento de  los servicios públicos indispensables;   xiii) servicios funerarios de urgencia; xiv)  asistencia   para  la   preservación  de   los  bienes esenciales para la supervivencia; xv) actividades complementarias necesarias para el desempeño de una  cualquiera de  las  tareas  mencionadas,  incluyendo entre otras cosas la planificación y la organización; b) se  entiende por  "organismos de  protección  civil"  los establecimientos y  otras unidades creados o autorizados por la autoridad  competente de  una  Parte  en  conflicto  para realizar cualquiera de las tareas mencionadas en el apartado a) y  destinados y  dedicados exclusivamente al desempeño de esas tareas; c) se  entiende por  "personal" de  organismos de protección civil las  personas asignadas  por una  Parte  en  conflicto   exclusivamente al  desempeño de las tareas mencionadas en el apartado a),  incluido el personal asignado exclusivamente a la  administración  de  esos  organismos  por  la  autoridad competente de dicha Parte; d) se  entiende por  "material" de  organismos de protección civil el  equipo, los suministros y los medios de transporte utilizados por esos organismos en el desempeño de las tareas mencionadas en el apartado a).
                                                                      
Artículo 62 - Protección general
                                                                      
1. Los  organismos civiles de protección civil y su personal serán  respetados  y  protegidos,  de  conformidad  con  las disposiciones del  presente Protocolo  y en particular de la presente Sección.  Dichos organismos  y su  personal tendrán derecho a  desempeñar sus  tareas de protección civil, salvo en casos de imperiosa necesidad militar.
                                                                      
2. Las  disposiciones del  párrafo 1 se aplicarán asimismo a las personas  civiles que,  sin pertenecer  a los organismos civiles de protección civil, respondan al llamamiento de las  autoridades competentes  y lleven  a cabo  bajo  su  control tareas de protección civil.

3. Los  edificios y  el material  utilizados  con  fines  de protección civil,  así como  los refugios  destinados  a  la población civil,  se regirán por lo dispuesto en el artículo 52. Los  bienes utilizados  con fines de protección civil no podrán ser destruidos ni usados con otros fines salvo por la Parte a que pertenezcan.
                                                                      
Artículo 63 - Protección civil en los territorios ocupados

1. En  los territorios  ocupados, los  organismos civiles de protección civil  recibirán de  las  autoridades  todas  las facilidades necesarias  para el  cumplimiento de sus tareas. En ninguna  circunstancia se obligará  a su personal a llevar a cabo  actividades que  dificulten el cabal cumplimiento de sus tareas.  La Potencia  ocupante no podrá introducir en la estructura ni  en el  personal  de  esos  organismos  ningún cambio que  pueda perjudicar  el cumplimiento  eficaz de  su misión. No  se obligará  a dichos organismos a que actúen con prioridad en  favor de  los nacionales o de los intereses de la Potencia ocupante.                                               
                                                                      
2. La  Potencia ocupante no obligará , coaccionará  o incitará  a los  organismos civiles  de protección  civil a desempeñar sus tareas  de modo  alguno que  sea  perjudicial  para  los intereses de la población civil.
                                                                      
3. La  Potencia ocupante  podrá, por  razones de  seguridad, desarmar al personal de protección civil
                                                                      
4. La  Potencia ocupante  no destinará  a fines distintos de los que  les  son  propios  los  edificios  ni  el  material pertenecientes  a  los  organismos  de  protección  civil  o utilizados por  ellos ni  proceder   a  su  requisa,  si  el destino a  otros  fines  o  la  requisa  perjudicaran  a  la población civil.                                                    
                                                                      
5. La  Potencia ocupante  podrá requisar  o destinar a otros fines  los   mencionados  recursos   siempre  que   continúe observando la  regla general  prevista en el párrafo 4, bajo  las condiciones particulares siguientes:
                                                                      
a) que  los edificios  o el  material sean  necesarios  para satisfacer otras necesidades de la población civil; y b) que  la requisa o el destino a otros fines continúen sólo mientras exista tal necesidad.
                                                                      
6. La  Potencia ocupante  no  destinará   a  otros  fines  ni requisar  los refugios previstos para el uso de la población civil o necesarios para ‚ésta.

Artículo 64  - Organismos civiles de protección civil de los Estados neutrales  u otros  Estados que  no sean  Partes  en conflicto y organismos internacionales de protección civil 1. Los  artículos 62,  63, 65  y 66  se aplicarán también al personal  y   al  material  de  los  organismos  civiles  de protección civil  de los  Estados neutrales  u otros Estados que no  sean Partes  en conflicto  y que  lleven a  cabo las tareas de  protección mencionadas  en el  artículo 61  en el  territorio de  una Parte en conflicto, con el consentimiento y bajo  el  control  de  esa  Parte.  Esta  asistencia  ser  notificada a cada Parte adversa interesada lo antes posible.

En ninguna  circunstancia se considerar  esta actividad como una  injerencia   en  el  conflicto.  Sin  embargo,  debería realizarse tomando  debidamente en  cuenta los  intereses en materia de seguridad de las Partes en conflicto afectadas.
                                                                      
2.  Las  Partes  en  conflicto  que  reciban  la  asistencia  mencionada en  el párrafo  1 y las Altas Partes contratantes que  la   concedan  deberían   facilitar,  si   procede,  la coordinación   internacional   de   tales   actividades   de protección  civil.   En  ese  caso,  las  disposiciones  del presente   Capítulo    se   aplicarán   a   los   organismos internacionales competentes.
                                                                      
3. En  los territorios  ocupados, la  Potencia ocupante sólo podrá  excluir o restringir las actividades de los organismos civiles de  protección civil  de Estados  neutrales u  otros Estados que  no sean  Partes en  conflicto y  de  organismos internacionales de  coordinación si  está  en  condiciones de asegurar  el   cumplimiento  adecuado   de  las   tareas  de  protección civil  por medio de sus propios recursos o de los recursos del territorio ocupado.

Artículo 65 - Cesación de la protección civil
                                                                      
1. La  protección a  la cual  tienen derecho  los organismos civiles  de   protección  civil,   su  personal,  edificios, refugios y material, únicamente podrá cesar si cometen o son utilizados para  cometer, al margen de sus legítimas tareas,  actos  perjudiciales   para  el  enemigo.  Sin  embargo,  la protección cesar   únicamente después de una intimación que, habiendo fijado  cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos.                                                            
                                                                      
  2. No se considerarán actos perjudiciales para el enemigo: 
                                                                      
a) el  hecho de  que  las  tareas  de  protección  civil  se realicen bajo  la dirección  o el control de las autoridades militares;                                                          
                                                                      
b) el  hecho de  que el  personal civil  de los servicios de protección civil  coopere con  el  personal  militar  en  el cumplimiento de  sus tareas  o de  que se  agreguen  algunos  militares a los organismos civiles de protección civil; c) el  hecho de  que se  realicen tareas de protección civil que puedan  beneficiar incidentalmente a víctimas militares, en particular las que se encuentren fuera de combate.
                                                                      
3. No  se considerará   acto perjudicial  para el  enemigo el hecho  de   que  el  personal  civil  de  los  servicios  de protección civil  lleve armas  ligeras individuales para los fines de  mantenimiento del  orden o para su propia defensa. Sin embargo,  en las  zonas  donde  se desarrolle  o  pueda desarrollarse un  combate terrestre, las partes en conflicto adoptarán las  medidas apropiadas  para que  esas armas sean  sólo armas  de mano, tales como pistolas o revólveres, a fin de  facilitar   la  distinción  entre  el  personal  de  los  servicios de  protección civil  y los  combatientes.  Aunque lleve otras  armas ligeras  individuales en  esas zonas,  el personal de  los  servicios  de  protección  civil  ser   no obstante  respetado   y  protegido   tan  pronto   como  sea reconocida su calidad de tal.                                       
                                                                      
4. Tampoco  privar  a  los organismos  civiles de protección  civil de  la protección  que les  confiere este Capítulo, el hecho de  que estén organizados según un modelo militar o de que su personal sea objeto de reclutamiento obligatorio.
                                                                      
Artículo 66 - Identificación                                        
                                                                      
1. Cada  Parte en conflicto procurar  asegurar que tanto los Organismos de  protección civil, como su personal, edificios y  material,  mientras  estén  asignados  exclusivamente  al cumplimiento de  tareas  de  protección  civil,  puedan  ser identificados. Los  refugios destinados a la población civil  deberían ser identificables de la misma manera.                     
                                                                      
2. Cada  una de  las Partes  en conflicto  procurará  también adoptar y  aplicar métodos  y  procedimientos  que  permitan identificar los  refugios civiles,  así  como  el  personal,  edificios y  material de  protección civil  que utilizan  el signo distintivo internacional de la protección civil.
                                                                      
3.  En   territorio  ocupado  y  en  zonas  en  las  que  se desarrollan o  es probable  que se  desarrollen combates, el personal se dará a conocer, por regla general, por medio del signo  distintivo   y  por  una  tarjeta  de  identidad  que  certifique su condición. 
                                                                      
4. El  signo distintivo  internacional de  protección  civil consiste en  un triángulo  equilátero azul sobre fondo color naranja,  cuando  se  utilice  para  la  protección  de  los  organismos  de   protección  civil, de  su  personal,  sus edificios y su material o para la protección de los refugios  civiles.                                                            
                                                                      
5. Además  del signo  distintivo, las  Partes  en  conflicto podrán  ponerse   de  acuerdo   sobre  el   uso  de  señales distintivas  a   fin  de  identificar  a  los  servicios  de protección civil.
                                                                      
6. La  aplicación de  las  disposiciones  previstas  en  los párrafos 1  a 4  se regir  por el Capítulo V del Anexo I del presente Protocolo.                                                 
                                                                      
7. En tiempo de paz, el signo descrito en el párrafo 4 podrá  utilizarse,  con   el  consentimiento de  las  autoridades  nacionales competentes,  para identificar a los servicios de protección civil.
                                                                      
8. Las  Altas Partes  contratantes y las Partes en conflicto tomarán las  medidas necesarias  para controlar  el uso  del signo distintivo internacional de protección civil, así como para prevenir y reprimir el uso indebido del mismo.
                                                                      
9. La  identificación del personal sanitario y religioso, de las unidades  sanitarias  y  de  los  medios  de  transporte sanitarios de  la protección civil se regir  asimismo por el artículo 18.
                                                                      
Artículo 67  - Miembros  de las  fuerzas armadas  y unidades militares asignados a organismos de protección civil 
                                                                      
1. Los  miembros de  las  fuerzas  armadas  y  las  unidades militares que  se asignen  a organismos  de protección civil serán respetados y protegidos a condición de:
                                                                      
a) que  ese personal y esas unidades están asignados de modo permanente  y   dedicados  exclusivamente  al  desempeño  de cualesquiera de las tareas mencionadas en el artículo 61; b) que  el personal  así asignado  no desempeñe ninguna otra función militar durante el conflicto; c) que  ese personal  se pueda  distinguir claramente de los  otros   miembros   de   las   fuerzas   armadas   exhibiendo ostensiblemente el  signo  distintivo  internacional  de  la protección  civil  en  dimensiones  adecuadas,  y  lleve  la tarjeta de identidad mencionada en el Capítulo V del Anexo I al presente Protocolo que acredite su condición; d) que  ese personal  y esas  unidades estén dotados sólo de armas individuales  ligeras con  el propósito de mantener el orden o  para  su  propia  defensa.  Las  disposiciones  del párrafo 3 del artículo 65 se aplicarán también en este caso; e)  que  ese  personal  no  participe  directamente  en  las hostilidades, y que no cometa ni sea utilizado para cometer, al  margen   de  sus   tareas  de  protección  civil,  actos perjudiciales para la Parte adversa; f) que ese personal y esas unidades desempeñen sus tareas de protección civil  sólo dentro  del territorio nacional de su Parte. Queda  prohibida   la  inobservancia   de  las   condiciones establecidas en  el  apartado  e)  por  parte  de  cualquier miembro de  las fuerzas  armadas que  cumpla los  requisitos  establecidos en los apartados a) y b).2. Si  el personal militar que preste servicio en organismos   de protección  civil cae en poder de una Parte adversa, ser  considerado prisionero  de guerra.  En territorio ocupado se le podrá   emplear, siempre que sea exclusivamente en interés de la  población civil  de ese  territorio, para  tareas  de protección civil  en la  medida  en  que  sea  necesario,  a condición,  no   obstante,  de   que,  si  esas  tareas  son peligrosas, se ofrezca voluntario para ellas.
                                                                      
3. Los edificios y los principales elementos del equipo y de los medios de transporte de las unidades militares asignadas a organismos de protección civil estarán claramente marcados con el  signo  distintivo  internacional  de  la  protección civil. Este  signo  distintivo  será   tan  grande  como  sea necesario.                                                          
                                                                      
4. El  material y  los edificios  de las  unidades militares asignadas permanentemente a organismos de protección civil y exclusivamente destinados  al desempeño  de las tareas de la protección civil  seguirán estando sujetos a las leyes de la guerra si  caen en poder de una Parte adversa. Salvo en caso de imperiosa  necesidad militar,  no podrán  ser destinados, sin embargo,  a  fines  distintos  de  la  protección  civil mientras sean  necesarios para  el desempeño  de  tareas  de protección civil, a no ser que se hayan adoptado previamente las disposiciones  adecuadas para atender las necesidades de la población civil.

SECCION II - SOCORROS EN FAVOR DE LA POBLACION CIVIL                
                                                                      
Artículo 68 - Ambito de aplicación
                                                                      
Las disposiciones  de esta Sección se aplican a la población civil,  entendida   en  el  sentido  de  este  Protocolo,  y completan los  artículos 23,  55, 59,  60, 61  y 62  y demás disposiciones pertinentes del IV Convenio.
                                                                      
Artículo 69 - Necesidades esenciales en territorios ocupados

1. Además de las  obligaciones que,  en  relación  con  los víveres y  productos médicos le impone el artículo 55 del IV Convenio, la  Potencia ocupante  asegurar   también,  en  la medida de  sus recursos y sin ninguna distinción de carácter desfavorable, la  provisión de  ropa de  vestir y  de  cama, alojamientos  de  urgencia  y  otros  suministros  que  sean esenciales para  la supervivencia  de la  población civil en territorio ocupado,  así como de los objetos necesarios para el culto.
                                                                      
2. La acciones de socorro en beneficio de la población civil de los  territorios ocupados  se rigen por los artículos 59, 60, 61,  62, 108,  109, 110  y 111 del IV Convenio, así como por lo  dispuesto en  el artículo  71 de  este Protocolo,  y serán llevadas a cabo sin retraso.
                                                                      
Artículo 70 - Acciones de socorro                                   
                                                                      
1. Cuando  la población  civil de  cualquier territorio que, sin ser  territorio ocupado, se halle bajo el control de una Parte en  conflicto esté‚  insuficientemente  dotada  de  los suministros mencionados  en el  artículo 69,  se llevarán  a cabo, con  sujeción al  acuerdo de  las Partes  interesadas, acciones  de  socorro  que  tengan  carácter  humanitario  e imparcial  y  sean  realizadas  sin  ninguna  distinción  de carácter desfavorable.  El ofrecimiento de tales socorros no ser  considerado  como injerencia  en el  conflicto ni  como acto hostil.  En la distribución de los envíos de socorro se dar  prioridad  a aquellas personas que, como los niños, las  mujeres encintas,  las parturientas  y las madres lactantes, gozan de  trato privilegiado  o de  especial  protección  de acuerdo con el IV Convenio o con el presente Protocolo.             
                                                                      
2. Las  Partes en  conflicto y las Altas Partes contratantes permitirán y  facilitarán el  paso rápido  y sin  trabas  de todos  los   envíos,  materiales   y  personal   de  socorro suministrados de  acuerdo con  lo dispuesto en esta Sección, incluso en el caso de que tal asistencia esté destinada a la población civil de la Parte adversa.
                                                                      
3. Las  Partes en  conflicto y las Altas Partes contratantes que permitan el paso de los envíos, materiales y personal de socorro de acuerdo con el párrafo 2:                                
                                                                      
a)  tendrán   derecho  a  fijar  las  condiciones  técnicas, incluida la  investigación, bajo  las que se permitir  dicho paso; b) podrán  supeditar  la  concesión  de  ese  permiso  a  la condición de  que la  distribución de  la asistencia se haga bajo la supervisión local de una Potencia protectora; c) no  podrán, en  manera  alguna,  desviar  los  envíos  de socorro de  la afectación  que les hubiere sido asignada, ni demorar  su  tránsito,  salvo  en  los  casos  de  necesidad urgente, en interés de la población civil afectada.
                                                                      
4. Las  Partes en conflicto protegerán los envíos de socorro y facilitarán su rápida distribución.
                                                                      
5. Las  Partes en  conflicto y las Altas Partes contratantes interesadas  promoverán  y  facilitarán   la   coordinación internacional efectiva  de las acciones de socorro a que se refiere el párrafo 1.                                               
                                                                      
Artículo 71  - Personal  que participa  en las  acciones  de socorro   
                                                                      
1. Cuando sea necesario, podrá  formar parte de la asistencia prestada en cualquier acción de socorro personal de socorro, en especial para el transporte y distribución de los envíos; la participación  de tal  personal  quedar   sometida  a  la aprobación de  la Parte  en cuyo  territorio haya de prestar sus servicios.                                                      
                                                                      
2. Dicho personal será  respetado y protegido.
                                                                      
3. La  Parte que  reciba los  envíos de socorro asistirá, en toda la  medida de  lo posible, al personal de socorro a que se refiere  el párrafo  1 en  el desempeño de su misión. Las actividades  del   personal  de   socorro  sólo  podrán  ser limitadas y  sus movimientos  temporalmente restringidos, en caso de imperiosa necesidad militar.                                
                                                                      
4.  El   personal  de   socorro   no   podrá,   en   ninguna circunstancia, exceder  los límites  de su misión de acuerdo con lo  dispuesto en  este Protocolo.  Tendrá  en  cuenta, en especial, las  exigencias de  seguridad de  la Parte en cuyo territorio presta  sus servicios.  Podrá darse por terminada la misión  de todo  miembro del  personal de  socorro que no respete estas condiciones.                                          
                                                                      
SECCION III  - TRATO A LAS PERSONAS EN PODER DE UNA PARTE EN CONFLICTO
                                            
CAPITULO I  - AMBITO  DE  APLICACION  Y  PROTECCION  DE  LAS PERSONAS Y DE LOS BIENES
                                                                      
Artículo 72 - Ambito de aplicación
                                                                      
Las disposiciones  de  esta  Sección  completan  las  normas relativas  a  la  protección  humanitaria  de  las  personas civiles y  de los  bienes de  carácter civil en poder de una Parte  en   conflicto  enunciadas  en  el  IV  Convenio,  en particular en sus Títulos I y III, así como las demás normas aplicables  de   derecho  internacional   referentes  a   la protección de los derechos humanos fundamentales durante los conflictos armados de carácter internacional.
                                                                      
Artículo 73 - Refugiados y ap tridas                                
                                                                      
Las personas  que, antes  del comienzo  de las hostilidades, fueren  consideradas  como  ap tridas  o  refugiadas  en  el sentido  de  los  instrumentos  internacionales  pertinentes aceptados por  las Partes  interesadas o  de la  legislación nacional del  Estado que  las  haya acogido  o  en  el  que residan, lo serán, en todas las circunstancias y sin ninguna distinción de  índole desfavorable, como personas protegidas en el sentido de los Títulos I y III del IV Convenio.               
                                                                      
Artículo 74 - Reunión de familias dispersas
                                                                      
Las Altas  Partes contratantes  y las  Partes  en  conflicto facilitarán en  toda la  medida de  lo posible la reunión de las  familias   que  están   dispersas  a   consecuencia  de conflictos armados y alentarán en particular la labor de las organizaciones humanitarias  que se  dediquen a  esta  tarea conforme a las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo y  de conformidad  con sus  respectivas normas  de seguridad.                                                          
                                                                      
Artículo 75 - Garantías fundamentales                               
                                                                      
1. Cuando se encuentren en una de las situaciones a que hace referencia  el   artículo  1  del  presente  Protocolo,  las personas que  están en poder de una Parte en conflicto y que no disfruten  de un  trato más  favorable en  virtud de  los Convenios o  del presente  Protocolo serán  tratadas en toda circunstancia con  humanidad y se beneficiarán, como mínimo, de la  protección prevista  en  el  presente  artículo,  sin distinción alguna  de carácter  desfavorable  basada  en  la raza, el  color, el  sexo, el  idioma,  la  religión  o  las creencias, las  opiniones políticas  o de  otro  género,  el origen nacional  o social,  la fortuna, el nacimiento u otra condición o  cualesquiera  otros  criterios  análogos logos.  Cada Parte respetar   la persona, el honor, las convicciones y la prácticas religiosas de todas esas personas.                        
                                                                      
2. Están  y quedaron  prohibidos en  todo tiempo y lugar los actos siguientes,  ya sean  realizados por agentes civiles o militares:                                                          
                                                                      
a) los  atentados contra  la vida,  la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular: i) el homicidio; ii) la tortura de cualquier clase, tanto física como mental; iii) las penas corporales; y iv) las mutilaciones; b) los  atentados contra  la dignidad  personal, en especial los  tratos   humillantes  y  degradantes,  la  prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor; c) la toma de rehenes; d) las penas colectivas; y e) las amenazas de realizar los actos mencionados.
                                                                      
3. Toda  persona  detenida,  presa  o  internada  por  actos relacionados con  el conflicto  armado  ser   informada  sin demora, en  un idioma  que comprenda, de las razones que han motivado esas  medidas. Salvo  en los  casos de  detención o prisión por  una infracción penal, esa persona ser  liberada lo antes  posible y  en todo caso en cuanto desaparezcan las circunstancias  que   hayan  justificado  la  detención,  la prisión o el internamiento.

4. No  se impondrá   condena  ni  se  ejecutar   pena  alguna respecto de una persona declarada culpable de una infracción penal relacionada con el conflicto armado, sino en virtud de sentencia de  un tribunal imparcial, constituido con arreglo a  la   ley  y   que  respete  los  principios  generalmente reconocidos para  el procedimiento  judicial ordinario, y en particular los siguientes:
                                                                      
a) el  procedimiento dispondrá   que el acusado sea informado sin demora  de los  detalles de  la  infracción  que  se  le atribuya y  garantizar  al  acusado, en  las actuaciones que precedan al juicio y en el curso de ‚éste, todos los derechos y medios de defensa necesarios; b) nadie  podrá  ser  condenado por  una infracción  si no es sobre la base de su responsabilidad penal individual; c) nadie  ser  acusado o condenado por actos u omisiones que no  fueran   delictivos  según   el   derecho   nacional   o internacional que  le  fuera  aplicable  en  el  momento  de cometerse.  Tampoco  se  impondrá   pena  más  grave  que  la aplicable en  el momento de cometerse la infracción. Si, con posterioridad  a   esa  infracción,  la  ley  dispusiera  la aplicación de una pena más leve, el infractor se beneficiar  de la disposición; d) toda  persona acusada  de  una  infracción  se  presumir  inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; e) toda  persona acusada  de una infracción tendrá  derecho a hallarse presente al ser juzgada; f) nadie  podrá ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable; g) toda  persona acusada  de una infracción tendrá  derecho a   interrogar o  hacer interrogar  a los  testigos de  cargo, a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y a que ‚éstos sean  interrogados en  las mismas  condiciones que los testigos de cargo; h) nadie  podrá  ser juzgado ni condenado por la misma Parte, de conformidad  con la  misma legislación  y  con  el  mismo procedimiento judicial,  por un  delito respecto  al cual se haya  dictado   ya  una   sentencia  firme,  condenatoria  o absolutoria; i) toda  persona juzgada por una infracción tendrá derecho a que la sentencia sea pronunciada públicamente; y  j) toda  persona condenada  ser  informada, en el momento de su condena,  de sus derechos a interponer recurso judicial y de todo  tipo, así  como de  los plazos  para  ejercer  esos  derechos.

5. Las mujeres privadas de libertad por razones relacionadas con  el   conflicto  armado  serán  custodiadas  en  locales separados de  los ocupados  por los  hombres. Su  vigilancia inmediata estar   a  cargo  de  mujeres.  No  obstante,  las familias detenidas  o internadas serán alojadas, siempre que sea posible, en un mismo lugar, como unidad familiar.
                                                                      
6. Las  personas detenidas,  presas o internadas por razones relacionadas con  el  conflicto  armado  disfrutarán  de  la protección  otorgada   por  el  presente  artículo,  incluso después de  la terminación  del conflicto  armado, hasta  el momento  de   su  liberación   definitiva,  repatriación   o reasentamiento.
                                                                      
7. A  fin de  evitar toda  duda en cuanto al procesamiento y juicio  de  personas  acusadas  por  crímenes  de  guerra  o crímenes contra  la humanidad,  se aplicarán  los siguientes principios:                                                         
                                                                      
a) las  personas acusadas  de  tales  crímenes  deberán  ser sometidas a  procedimiento y juzgadas de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional; y  b) cualquiera  de esas  personas que no disfrute de un trato más favorable  en virtud  de los  Convenios o  del  presente Protocolo,  recibir    el  trato  previsto  en  el  presente artículo, independientemente  de que  los crímenes de que se la  acuse  constituyan  o  no  infracciones  graves  de  los Convenios o del presente Protocolo. 
                                                                      
8. Ninguna  de las disposiciones del presente artículo podrá  interpretarse  de  manera  que pueda  limitar  o  infringir cualquier otra disposición más favorable y que ofrezca a las personas comprendidas en el párrafo 1 una mayor protección en  virtud   de  otras   normas   aplicables del   derecho internacional.
                                                                      
CAPITULO II - MEDIDAS EN FAVOR DE LAS MUJERES Y DE LOS NIÑOS
                                                                      
Artículo 76 - Protección de las mujeres                             
                                                                      
1. Las  mujeres  serán  objeto  de  un  respeto  especial  y protegidas   en   particular   contra   la   violación,   la prostitución forzada  y cualquier  otra forma de atentado al pudor.
                                                                      
2. Serán  atendidos con  prioridad  absoluta  los  casos  de mujeres encintas  y de  madres con  niños de corta edad a su cargo, que  sean  arrestadas,  detenidas  o  internadas  por   razones relacionadas con el conflicto armado.
                                                                      
3. En  toda la medida de lo posible, las Partes en conflicto procurarán evitar  la imposición  de la pena de muerte a las mujeres encintas o a las madres con niños de corta edad a su cargo por  delitos relacionados  con el conflicto armado. No se ejecutar  la pena  de muerte  impuesta a esas mujeres por tales delitos.                                                      
                                                                      
Artículo 77 - Protección de los niños                               
                                                                      
1. Los  niños serán  objeto de  un respeto especial y se les proteger  contra  cualquier forma  de atentado al pudor. Las Partes en  conflicto les  proporcionarán los  cuidados y  la ayuda que necesiten, por su edad o por cualquier otra razón.
                                                                      
2.  Las  Partes  en  conflicto  tomarán todas  las  medidas posibles para  que los  niños  menores  de  quince  años  no participen directamente  en las  hostilidades, especialmente absteniéndose de  reclutarlos para  sus fuerzas  armadas. Al reclutar personas  de m s  de quince  años pero  menores  de dieciocho años,  las Partes  en conflicto procurarán alistar en primer lugar a los de más edad.                                  
                                                                      
3. Si, en casos excepcionales, no obstante las disposiciones del párrafo 2, participarán directamente en las hostilidades niños menores  de quince años y cayeran en poder de la Parte adversa,  seguirán   gozando  de   la  protección   especial concedida por el presente artículo, sean o no prisioneros de guerra.
                                                                      
4. Si  fueran arrestados, detenidos o internados por razones relacionadas  con  el  conflicto  armado,  los  niños  serán mantenidos en  lugares distintos  de los  destinados  a  los adultos, excepto  en  los  casos  de  familias  alojadas  en unidades familiares en la forma prevista en el párrafo 5 del artículo 75.
                                                                      
5. No  se ejecutará   la pena  de  muerte  impuesta  por  una infracción cometida  en relación  con el  conflicto armado a personas que, en el momento de la infracción, fuesen menores de dieciocho años.
                                                                      
Artículo 78 - Evacuación de los niños 

1. Ninguna  Parte en  conflicto dispondrá la evacuación a un país extranjero de niños que no sean nacionales suyos, salvo   en caso  de evacuación  temporal  cuando  así  lo  requieran  razones imperiosas  relacionadas con  la salud  del niño, su tratamiento médico  o, excepto  en  territorio  ocupado,  si seguridad. Cuando  pueda encontrarse a los padres o tutores, se requerir   el consentimiento  escrito de  ‚éstos  para  la evacuación. Si  no se los puede encontrar, se requerir  para esa evacuación el consentimiento escrito de las personas que conforme a  la ley  o a  la costumbre  sean los  principales responsables de  la guarda  de los niños. Toda evacuación de esta naturaleza  ser  controlada  por la Potencia protectora de acuerdo  con las  Partes interesadas,  es decir, la Parte que organice la evacuación, la Parte que acoja a los niños y las Partes  cuyos nacionales  sean evacuados.  En todos  los casos, todas  las Partes en el conflicto tomarán las máximas precauciones  posibles   para  no   poner  en   peligro   la evacuación.
                                                                      
2. Cuando  se realice  una evacuación  de conformidad con el párrafo 1,  la educación  del niño,  incluida  la  educación religiosa y  moral que  sus padres deseen, se proseguir  con la mayor continuidad posible mientras se halle en el país a donde haya sido evacuado.
                                                                      
3. Con  el fin de facilitar el regreso al seno de su familia y a  su país  de los niños evacuados de conformidad con este artículo, las  autoridades  de  la  Parte  que  disponga  la evacuación y, si procediere,  las autoridades  del país que los  haya  acogido  harán  para  cada  niño  una  ficha  que enviarán, acompañada de fotografías, a la Agencia Central de Búsqueda del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esa ficha contendrá , siempre  que sea  posible y que no entrañe ningún riesgo de perjuicio para el niño, los datos siguientes:
                                                                      
a) apellido(s) del niño; b) nombre(s) del niño: c) sexo del niño; d) lugar  y fecha  de nacimiento (o, si no se sabe la fecha, edad aproximada); e) nombre(s) y apellido(s) del padre; f) nombre(s)  y apellido(s)  de la  madre y eventualmente su apellido de soltera; g) parientes más próximos del niño h) nacionalidad del niño i) lengua vernácula y cualesquiera otras lenguas del niño; j) dirección de la familia del niño; k) cualquier número que permita la identificación del niño; l) estado de salud del niño; m) grupo sanguíneo del niño; n) señales particulares; o) fecha y lugar en que fue encontrado el niño: p) fecha y lugar de salida del niño de su país; q) religión del niño, si la tiene; r) dirección actual del niño en el país que lo haya acogido; s) si el niño falleciera antes de su regreso, fecha, lugar y circunstancias  del   fallecimiento  y   lugar  donde esté enterrado.                                                          
                                                                      
CAPITULO III - PERIODISTAS                                          
                                                                      
Artículo 79 - Medidas de protección de periodistas                  
                                                                      
1.  Los  periodistas  que  realicen  misiones  profesionales peligrosas  en   la  zonas   de conflicto   armado   serán considerados personas  civiles en  el sentido  del párrafo 1 del artículo 50.                                                    
                                                                      
2.  Serán  protegidos  como  tales  de  conformidad  con  los Convenios y  el presente  Protocolo, a  condición de  que se abstengan de  todo acto  que afecte a su estatuto de persona civil  y   sin  perjuicio  del  derecho  que  asiste  a  los corresponsales  de   guerra  acreditados  ante  las  fuerzas armadas a gozar del estatuto que les reconoce el artículo 4,  A. 4) del III Convenio.                                              
                                                                      
3. Podrán  obtener una  tarjeta de identidad según el modelo del Anexo  II del  presente Protocolo. Esa tarjeta, que ser  expedida por  el gobierno del Estado del que sean nacionales o en  cuyo territorio  residan, o  en que  se  encuentre  la agencia de  prensa  u  órgano  informativo  que  emplee  sus servicios, acreditar   la  condición  de  periodista  de  su titular.
                                                                      
TITULO V                                                            
                                                                      
EJECUCION DE LOS CONVENIOS Y DEL PRESENTE PROTOCOLO
                                                                      
SECCION I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 80 - Medidas de ejecución
                                                                      
1. Las  Altas Partes  contratantes y las Partes en conflicto adoptarán sin  demora  todas  las  medidas  necesarias  para cumplir las  obligaciones que  les incumben en virtud de los Convenios y del presente Protocolo. 

2. Las  Altas Partes  contratantes y las Partes en conflicto  darán las  órdenes e instrucciones oportunas para garantizar el respeto  de los  Convenios y  del  presente  Protocolo  y velarán por su aplicación.                                          
                                                                      
Artículo 81  - Actividades  de  la  Cruz  Roja  y  de  otras organizaciones humanitarias
1. Las  Partes en conflicto darán al Comité Internacional de a Cruz  Roja todas  las facilidades  que esté  en su  poder otorgar para  que pueda  desempeñar las  tareas humanitarias que se  le atribuyen  en los  Convenios  y  en  el  presente Protocolo a  fin de  proporcionar protección  y asistencia a las víctimas  de los  conflictos; el Comité‚ Internacional de la Cruz  Roja podrá  ejercer también cualquier otra actividad humanitaria en favor de esas víctimas, con el consentimiento previo de las Partes en conflicto interesadas. 
                                                                      
2.  Las   Partes  en   conflicto  darán  a  sus  respectivas organizaciones de  la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) las  facilidades necesarias  para el ejercicio de sus actividades  humanitarias  en  favor  de  las  víctimas  del conflicto, con  arreglo a las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo y a los principios fundamentales de la Cruz  Roja formulados en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.   
                                                                      
3. Las  Altas Partes  contratantes y las Partes en conflicto facilitarán, en  toda la medida de lo posible, la asistencia que las  organizaciones de  la Cruz  Roja (Media  Luna Roja, León y  Sol Rojos)  y la  Liga de Sociedades de la Cruz Roja presten a  las víctimas  de los conflictos con arreglo a las disposiciones de  los Convenios y del presente Protocolo y a los principios  fundamentales de  la Cruz Roja formulados en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.                   
                                                                      
4. Las  Altas Partes  contratantes y las Partes en conflicto darán, en  la medida  de lo  posible, facilidades análogas a las  mencionadas   en  los  párrafos  2  y  3  a  las  demás organizaciones humanitarias  a que se refieren los Convenios y  el   presente  Protocolo,   que  se   hallen debidamente autorizadas por  las respectivas  Partes en  conflicto y que ejerzan sus actividades  humanitarias  con  arreglo  a  las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo.

Artículo 82 - Asesores jurídicos en las fuerzas armadas

Las Altas  Partes contratantes  en todo tiempo, y las Partes en conflicto en tiempo de conflicto armado, cuidarán de que, cuando  proceda,  se  disponga  de  asesores  jurídicos  que asesoren a  los comandantes  militares, al  nivel apropiado, acerca de  la aplicación  de los  Convenios y  del  presente Protocolo y de la enseñanza que deba darse al respecto a las fuerzas armadas.                                                    

Artículo 83 - Difusión                                              
                                                                      
1. Las  Altas Partes  contratantes se comprometen a difundir lo más  ampliamente posible,  tanto en tiempo de paz como en tiempo de  conflicto armado,  los Convenios  y  el  presente  Protocolo en  sus países  respectivos  y,  especialmente,  a incorporar  su  estudio  en  los  programas  de  instrucción militar y  a fomentar  su estudio  por parte de la población civil, de  forma que  esos instrumentos puedan ser conocidos por las fuerzas armadas y la población civil.                       
                                                                      
2. Las  autoridades militares  o civiles  que, en  tiempo de conflicto armado,  asuman responsabilidades  en cuanto  a la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo deberán estar plenamente al corriente de su texto.
                                                                      
Artículo 84 - Leyes de aplicación                                   

Las Altas  Partes contratantes se comunicarán, lo más pronto posible, por  mediación del  depositario y,  en su caso, por mediación de  las Potencias  protectoras,  sus  traducciones oficiales del  presente Protocolo,  así  como  las  leyes  y reglamentos que adopten para garantizar su aplicación. 
                                                                      
SECCION II  - REPRESION DE LAS INFRACCIONES DE LOS CONVENIOS O DEL PRESENTE PROTOCOLO 
                                                                      
Artículo 85 - Represión de las infracciones del Presente Protocolo
                                                                      
1.  Las  disposiciones  de  los  Convenios  relativas  a  la represión de  las infracciones y de las infracciones graves, completadas por  la presente  Sección, son  aplicables a  la represión de  las infracciones  y de las infracciones graves del presente Protocolo.

2.  Se   entiende  por   infracciones  graves  del  presente Protocolo los  actos descritos  como infracciones  graves en los Convenios  si se cometen contra personas en poder de una Parte adversa  protegidas por  los artículos 44, 45 y 73 del Presente Protocolo,  o contra  heridos, enfermos o náufragos de la  Parte adversa protegidos por el presente Protocolo, o contra el  personal  sanitario  o  religioso,  las  unidades sanitarias o  los medios  de transporte  sanitarios  que  se hallen  bajo   el  control  de  la  Parte  adversa  y  están protegidos por el presente Protocolo.
                                                                      
3.  Además  de  las  infracciones  graves  definidas  en  el artículo  11,   se  considerarán  infracciones  graves  del presente Protocolo  los actos  siguientes, cuando se cometan intencionalmente,  en   violación   de   las   disposiciones pertinentes del  presente Protocolo,  y causen  la muerte  o atenten gravemente a la integridad física o a la salud; a) hacer  objeto de ataque a la población civil o a personas civiles; b) lanzar un ataque indiscriminado que afecte a la población civil o  a bienes  de carácter  civil a sabiendas de que tal ataque causar   muertos o heridos entre la población civil o daños a  bienes de  carácter civil, que sean excesivos en el sentido del artículo 57, párrafo 2, a) iii; c)  lanzar  un  ataque  contra  obras  o  instalaciones  que contengan fuerzas  peligrosas a  sabiendas de que ese ataque causar  muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de  carácter civil,  que sean excesivos en el sentido del artículo 57, párrafo 2, a) iii; d) hacer  objeto de  ataque a  localidades no  defendidas  y zonas desmilitarizadas; e) hacer  objeto de  ataque a una persona a sabiendas de que esté fuera de combate; f) hacer uso pérfido, en violación de artículo 37, del signo distintivo de la cruz roja, de la media luna roja o del león y sol  rojos o  de otros  signos protectores reconocidos por los Convenios o el presente Protocolo.
                                                                      
4. Además de  las  infracciones  graves  definidas  en  los párrafos precedentes  y en  los Convenios,  se  considerarán infracciones  graves   del  presente   Protocolo  los  actos  siguientes cuando se cometan intencionalmente y en violación de los Convenios o del Protocolo:

a) el  traslado por  la Potencia  Ocupante de  partes de  su propia  población  civil  al  territorio  que  ocupa,  o  la deportación o  el  traslado  en  el  interior  o  fuera  del territorio ocupado  de la  totalidad o parte de la población de ese  territorio, en  violación del  artículo  49  del  IV  Convenio; b)  la   demora  injustificable   en  la   repatriación   de prisioneros de guerra o de personas civiles; c) las prácticas del apartheid y demás prácticas inhumanas y degradantes,  basadas   en  la  discriminación  racial,  que entrañen un ultraje contra la dignidad Personal; d) el  hecho de  dirigir un  ataque a monumentos históricos, obras de  arte o lugares de culto claramente reconocidos que constituyen el  patrimonio  cultural  o  espiritual  de  los pueblos y a los que se haya conferido protección especial en   virtud  de  acuerdos  especiales  celebrados,  por  ejemplo, dentro  del   marco  de   una   organización   internacional competente,    causando     como    consecuencia    extensas destrucciones de  los mismos,  cuando  no  haya  pruebas  de violación por  la Parte adversa del apartado b) del artículo 53 y  cuando tales monumentos históricos, lugares de culto u obras de  arte no  están situados en la inmediata proximidad de objetivos militares; e) el  hecho de  privar a  una  persona  protegida  por  los Convenios o aludida en el párrafo 2 del presente artículo de su derecho a ser juzgada normal e imparcialmente.
                                                                      
5. Sin  perjuicio de  la aplicación  de los  Convenios y del presente  Protocolo,   las  infracciones  graves  de  dichos instrumentos se considerarán como crímenes de guerra.
 
Artículo 86 - Omisiones 

1. Las  Altas Partes  contratantes y las Partes en conflicto deberán reprimir  las  infracciones  graves  y  adoptar  las medidas necesarias  para hacer  que cesen  todas  las  demás   infracciones de  los Convenios  o del presente Protocolo que resulten del incumplimiento de un deber de actuar.                  
                                                                      
2. El  hecho de  que la  infracción de  los Convenios  o del presente Protocolo  haya sido cometida por un subordinado no exime de  responsabilidad penal  o disciplinaria,  según  el caso,  a   sus  superiores,   si  éstos   sabían  o  poseían información   que    les   permitiera   concluir,   en   las circunstancias  del  momento,  que  ese  subordinado  estaba cometiendo o  iba a  cometer tal  infracción y si no tomaron todas las medidas factibles que estuvieran a su alcance para impedir o reprimir esa infracción.                                  
                                                                      
Artículo 87 - Deberes de los jefes                                  
                                                                      
1. Las  Altas Partes  contratantes y las Partes en conflicto exigirán que los jefes militares, en cuanto se refiere a los miembros de  las fuerzas armadas que estén a sus órdenes y a las demás  personas que  se encuentren  bajo  su  autoridad, impidan las  infracciones de  los Convenios  y del  presente  Protocolo y,  en caso  necesario, las repriman y denuncien a las autoridades competentes.                                        

2. Con  el fin  de impedir  y reprimir las infracciones, las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto exigirán que los  jefes, según  su grado  de  responsabilidad,  tomen medidas para  que los  miembros de  las fuerzas armadas bajo sus órdenes  tengan conocimiento de las obligaciones que les incumben en  virtud de lo dispuesto en los Convenios y en el presente Protocolo.                                                 
                                                                      
3. Las  Altas Partes  contratantes y las Partes en conflicto obligarán a  todo jefe  que tenga  conocimiento de  que  sus subordinados u  otras  personas  bajo  su  autoridad  van  a cometer o han cometido una infracción de los Convenios o del presente Protocolo  a que  tome las  medidas necesarias para impedir tales  violaciones de  los Convenios  o del presente Protocolo  y,   en  caso   necesario,  promueva  una  acción disciplinaria o penal contra los autores de las violaciones.        
                                                                      
Artículo 88 - Asistencia mutua judicial en materia penal            
                                                                      
1.Las  Altas Partes  contratantes  se  prestarán  la  mayor asistencia posible  en lo  que respecta a todo proceso penal relativo a  las infracciones  graves de  los Convenios o del presente Protocolo.                                                 
                                                                      
2. A reserva de los derechos y obligaciones establecidos por los Convenios  y por  el  párrafo  1  del  artículo  85  del presente Protocolo, y cuando las circunstancias lo permitan, las Altas  Partes  contratantes  cooperarán  en  materia  de extradición.  Tomarán   debidamente  en   consideración   la solicitud del  Estado en cuyo territorio se haya cometido la infracción alegada.                                                 
                                                                      
3. En  todos los  casos, será   aplicable la  ley de  la Alta Parte contratante  requerida. No obstante, las disposiciones de los  párrafos precedentes no afectarán a las obligaciones que emanen de las disposiciones contenidas en cualquier otro tratado de carácter bilateral o multilateral que rija o haya de  regir,   total  o  parcialmente,  en  el  ámbito  de  la asistencia mutua judicial en materia penal.                         
                                                                      
Artículo 89 - Cooperación                                           
                                                                      
En situaciones  de violaciones graves de los Convenios o del presente  Protocolo,   las  Altas   Partes  contratantes  se comprometen  a   actuar,  conjunta   o   separadamente, en  cooperación con  las Naciones Unidas y en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
                                                                      
Artículo 90 - Comisión internacional de Encuesta
                                                                      
1. a) Se constituirá una Comisión Internacional de Encuesta, en adelante  llamada la  Comisión,  integrada  por  quince miembros  de   alta  reputación   moral  y   de   reconocida imparcialidad. b) En el momento en que veinte Altas Partes contratantes por lo menos  hayan convenido  en aceptar  la competencia  de la Comisión de  conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2, y ulteriormente a  intervalos de  cinco años,  el  depositario convocar  una reunión de representantes de esas Altas Partes contratantes, con  el fin  de elegir  a los  miembros de  la Comisión. En  dicha reunión,  los representantes  elegirán a los miembros  de la  Comisión por  vocación secreta,  de una lista de personas para la cual cada una de esas Altas Partes contratantes podrá proponer un nombre. c) Los  miembros de la Comisión actuarán a título personal y ejercerán su mandato hasta la elección de nuevos miembros en la reunión siguiente. d) Al  proceder a la elección, las Altas Partes contratantes se asegurarán de que cada candidato posea las calificaciones necesarias y de que, en su conjunto, la Comisión ofrezca una representación geográfica equitativa. e) Si  se produjera  una vacante, la propia Comisión elegir  un  nuevo   miembro  tomando   debidamente  en   cuenta  las disposiciones de los apartados precedentes. f) El  depositario proporcionar  a la Comisión los servicios  administrativos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  sus funciones.

2. a)  En el  momento de  firmar, ratificar  o adherirse  al Protocolo, o  ulteriormente en  cualquier otro  momento, las Altas Partes contratantes podrán declarar que reconocen ipso facto y  sin acuerdo especial, con relación a cualquier otra Alta Parte  contratante que  acepte la  misma obligación, la competencia de la Comisión para proceder a una investigación  acerca de  las denuncias  formuladas por esa otra Parte, tal como lo autoriza el presente artículo. b) Las  declaraciones antes mencionadas serán presentadas al depositario, que  enviar  copias  de las  mismas a las Altas Partes contratantes. c) La Comisión tendrá  competencia para: i) proceder  a una  investigación sobre  cualquier hecho que haya sido  alegado como  infracción grave tal como se define en los Convenios o en el presente Protocolo o como cualquier otra  violación  grave  de  los  Convenios  o  del  presente Protocolo; actitud  de   respeto  de   los  Convenios  y  del  presente Protocolo. d) En otros casos, la Comisión proceder  a una investigación a petición  de una  Parte en  conflicto  únicamente  con  el consentimiento de la otra o las otras Partes interesadas. e) A  reserva  de  las  precedentes  disposiciones  de  este párrafo,  las  disposiciones  de  los  artículos  52  del  I Convenio, 53 del II Convenio, 132 del III Convenio y 149 del IV Convenio  seguirán aplicándose  a toda supuesta violación de los  Convenios y  se extenderán a toda supuesta violación del presente Protocolo.   

3. a)  A menos  que las Partes interesadas convengan en otra cosa, todas  las investigaciones  serán efectuadas  por  una Sala integrada  por siete  miembros designados  de la manera siguiente: 
 
i) cinco  miembros de la Comisión, que no sean nacionales de las Partes  en conflicto,  nombrados por el Presidente de la Comisión sobre  la base  de una representación equitativa de las regiones  geográficas, previa consulta con las Partes en conflicto; ii) dos miembros ad hoc que no sean nacionales de las Partes en conflicto,  nombrados cada  uno respectivamente  por cada una de ellas. b) Al  recibir una  petición  para  que  se  proceda  a  una investigación, el  Presidente de la Comisión fijar  un plazo apropiado para la constitución de una Sala. Si uno o los dos miembros ad  hoc no hubieren sido nombrados dentro del plazo señalado, el  Presidente designará inmediatamente  los  que sean necesarios para completar la composición de la Sala.
                                                                      
4. a)  La Sala,  constituida conforme  a lo  dispuesto en el párrafo 3  para proceder a una investigación, invitar  a las Partes en  conflicto a  comparecer y a presentar pruebas. La Sala procurará  además obtener  las demás pruebas que estime convenientes y  efectuar una  investigación in  loco  de  la situación. b) Todas  las pruebas  se darán a conocer íntegramente a las Partes interesadas,  las  cuales  tendrán  derecho  a  hacer observaciones al respecto a la Comisión. c) Cada  Parte interesada  tendrá derecho  a impugnar dichas pruebas.     
                                                                      
5. a)  La Comisión  presentará a  las Partes  interesadas un informe acerca  de las  conclusiones a  que haya  llegado la Sala sobre los hechos, acompañado de las recomendaciones que considere oportunas. b) Si  la Sala  se viera  en  la  imposibilidad  de  obtener pruebas suficientes  para llegar  a conclusiones objetivas e imparciales, la  Comisión dará  a conocer las razones de tal imposibilidad. c) La  Comisión no  hará  públicas  sus conclusiones, a menos que así se lo pidan todas las Partes en conflicto.                  
                                                                      
6. La  Comisión establecer   su propio Reglamento, incluidas las normas  relativas a las presidencias de la Comisión y de la Sala.  Esas normas  garantizarán  que  las  funciones  de  Presidente de  la Comisión  sean ejercidas en todo momento y que, en caso de investigación, se ejerzan por persona que no  sea nacional de las Partes en conflicto.                            
                                                                      
7.  Los   gastos  administrativos   de  la   Comisión  serán sufragados  mediante  contribuciones  de  las  Altas  Partes contratantes que  hayan hecho  declaraciones de  conformidad con el  párrafo 2, y mediante contribuciones voluntarias. La Parte o  las Partes  en conflicto que pidan que se proceda a una investigación  anticiparán los  fondos  necesarios  para cubrir  los   gastos  ocasionados   por  una  Sala  y  serán reembolsadas por la Parte o las Partes que hayan sido objeto de las  denuncias hasta  el cincuenta  por ciento  de  tales gastos. En  caso de  presentarse denuncias  recíprocas a  la Sala, cada una de las dos Partes anticipará el cincuenta por ciento de los fondos necesarios.                                    
                                                                      
Artículo 91 - Responsabilidad                                       
                                                                      
La Parte  en conflicto  que violare las disposiciones de los Convenios  o   del  presente  Protocolo  estará  obligada  a indemnizar si  hubiere lugar  a ello.  Será  responsable  de todos los  actos cometidos por las personas que formen parte de sus fuerzas armadas.            
                                                                      
TITULO VI                                                           
                                                                      
DISPOSICIONES FINALES                                               
                                                                      
Artículo 92 - Firma                                                 
                                                                      
El presente  Protocolo quedará   abierto a  la firma  de  las Partes en  los Convenios  seis meses después de la firma del Acta Final  y seguir   abierto durante  un período  de  doce meses.   

Artículo 93 - Ratificación                                          
                                                                      
El presente  Protocolo ser  ratificado lo antes posible. Los instrumentos de  ratificación serán depositados en poder del Consejo Federal Suizo, depositario de los Convenios..
                                                                      
Artículo 94 - Adhesión                                              
                                                                      
El presente  Protocolo quedará abierto a la adhesión de toda Parte en  los Convenios no signataria de este Protocolo. Los instrumentos  de   adhesión  se  depositarán  en  poder  del depositario.                                                        
                                                                      
Artículo 95 - Entrada en vigor 
                                                                      
1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que  se hayan depositado dos instrumentos de ratificación o de adhesión. 
                                                                      
2. Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique o que a él se  adhiera ulteriormente,  el presente Protocolo entrará  en  vigor  seis  meses  después  de  que  dicha  Parte  haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. 
                                                                      
Artículo 96  - Relaciones  convencionales  a  partir  de  la entrada en vigor del presente Protocolo

1. Cuando las Partes en los Convenios sean también Partes en el presente  Protocolo, los  Convenios se aplicarán tal como quedan completados por éste.                                        
                                                                      
2. Si una de las Partes en conflicto no está obligada por el presente Protocolo,  las Partes  en  el  presente  Protocolo seguirán, no  obstante, obligadas  por él  en sus relaciones recíprocas.  También  quedarán  obligadas  por  el  presente Protocolo en sus relaciones con dicha Parte si ésta acepta y aplica sus disposiciones.
                                                                      
3. La  autoridad que  represente a un pueblo empeñado contra una Alta  Parte contratante  en un conflicto armado del tipo mencionado  en   el  párrafo   4  del   artículo   1   podrá comprometerse  a   aplicar  los   Convenios  y  el  presente Protocolo en  relación con  ese conflicto  por medio  de una declaración  unilateral   dirigida  al   depositario.   Esta declaración, cuando  haya sido  recibida por el depositario, surtir   en   relación  con   tal  conflicto   los   efectos siguientes:                                                         
                                                                      
a) los  Convenios y  el presente Protocolo entraron en vigor respecto de la mencionada autoridad como Parte en conflicto, con efecto inmediato; b) la  mencionada autoridad  ejercer  los  mismos derechos y asumir   las   mismas  obligaciones  que  las  Altas  Partes contratantes en los Convenios y en el presente Protocolo; y c) los Convenios y el presente Protocolo obligarán por igual a todas las Partes en conflicto.                                    
                                                                      
Artículo 97 - Enmiendas                                             
                                                                      
1. Toda  Alta Parte  contratante podrá proponer una o varias enmiendas al  presente  Protocolo.  El  texto  de  cualquier enmienda propuesta  se comunicará  al depositario,  el cual, tras  celebrar   consultas  con   todas  las   Altas  Partes contratantes y  con el Comité Internacional de la Cruz Roja, decidir  si  conviene convocar una conferencia para examinar la enmienda propuesta.                                              
                                                                      
2. El  depositario invitará  a esa  conferencia a  las Altas Partes contratantes  y a las Partes en los Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo.                              
                                                                      
Artículo 98 - Revisión del Anexo I                                  
                                                                      
1. En el plazo máximo de cuatro años, a partir de la entrada en vigor  del  presente  Protocolo  y,  en  lo  sucesivo,  a intervalos  de   cuatro  años   por  lo   menos,  el  Comité Internacional de  la Cruz Roja consultar  a las Altas Partes contratantes con  respecto al Anexo I del presente Protocolo y, si  lo estima necesario, podrá  proponer la celebración de una reunión de expertos técnicos para que revisen el Anexo I y  propongan   las   enmiendas   al   mismo   que   parezcan convenientes.  A   menos  que,  dentro  de  los  seis  meses siguientes a la comunicación a las Altas Partes contratantes de una propuesta para celebrar tal reunión, se oponga a ésta un tercio  de ellas, el Comité Internacional de la Cruz Roja convocará  la   reunión,  e   invitará  también   a  ella  a observadores   de    las   organizaciones    internacionales  pertinentes.  El   Comité  Internacional  de  la  Cruz  Roja convocará   también   tal  reunión  en  cualquier  momento  a petición de un tercio de las Altas Partes contratantes.             
                                                                      
2. El  depositario convocará  una conferencia  de las  Altas Partes contratantes  y de  las Partes  en los Convenios para examinar las enmiendas propuestas por la reunión de expertos técnicos, si  después de  dicha reunión  así lo solicitan el Comité Internacional  de la  Cruz Roja  o un  tercio de  las Altas Partes contratantes.                                          
                                                                      
3. En  tal conferencia podrán adoptarse enmiendas al Anexo l por mayoría  de dos tercios de las Altas Partes contratantes presentes y votantes.                                               
                                                                      
4. El depositario comunicará  a las Altas Partes contratantes y a  las Partes en los Convenios toda enmienda así adoptada. Transcurrido un  período de un año después de haber sido así comunicada, la enmienda se considerará  aceptada a menos que, dentro de  ese período,  un tercio por lo menos de las Altas Partes  contratantes   haya  enviado   al  depositario   una   declaración de no aceptación de la enmienda. 
                                                                      
5. Toda  enmienda que  se considere  aceptada de conformidad con el  párrafo 4  entrará en vigor tres meses después de su aceptación para  todas las  Altas Partes  contratantes,  con excepción de  las que  hayan  hecho  la  declaración  de  no aceptación de  conformidad con  ese párrafo. Cualquier Parte que haya  hecho tal  declaración  podrá   retirarla  en  todo  momento, en  cuyo caso  la enmienda  entrará en  vigor  para dicha Parte tres meses después de retirada la declaración.          
                                                                      
6. El depositario notificará  a las Altas Partes contratantes y a  las Partes en los Convenios la entrada en vigor de toda enmienda, las  Partes por  ella obligadas,  la fecha  de  su entrada  en   vigor  para   cada  una  de  las  Partes,  las declaraciones de no aceptación hechas con arreglo al párrafo 4, así como los retiros de tales declaraciones.                     
                                                                      
Artículo 99 - Denuncia                                              
                                                                      
1. En  el caso de que una Alta Parte contratante denuncie el presente Protocolo,  la denuncia  sólo surtir  efecto un año después de  haberse recibido  el instrumento de denuncia. No obstante, si  al expirar  ese año  la Parte  denunciante  se halla en  una de las situaciones previstas en el artículo 1, los efectos  de la  denuncia quedarán  en suspenso  hasta el final del  conflicto armado  o de  la ocupación  y, en  todo caso, mientras  no terminen  las operaciones de  liberación definitiva, repatriación  o reasentamiento  de las  personas protegidas por los Convenios o por el presente Protocolo.           
                                                                      
2. La  denuncia se  notificará por  escrito al  depositario. Este  último   la  comunicará    a  todas  las  Altas  Partes contratantes.                                                       
                                                                      
3. La  denuncia sólo  surtirá efecto  respecto de  la  Parte denunciante.   
                                                                      
4. Ninguna denuncia presentada de conformidad con el párrafo 1  afectará   a  las   obligaciones   ya   contraídas   como consecuencia del  conflicto armado  en virtud  del  presente Protocolo  por   tal  Parte  denunciante,  en  relación  con cualquier acto  cometido antes de que dicha denuncia resulte efectiva.                                                           
                                                                      
Artículo 100 - Notificaciones                                       
                                                                      
El depositario informará  a las Altas Partes contratantes y a las Partes  en los  Convenios, sean  o  no  signatarias  del presente Protocolo, sobre:
a) depósito de  los instrumentos  de ratificación y de adhesión de conformidad con los artículos 93 y 94; b) la  fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad con el artículo 95; c)  las   comunicaciones  y   declaraciones  recibidas,   de conformidad con los artículos 84, 90 y 97; d) las declaraciones recibidas de conformidad con el párrafo 3  del   artículo  96,   que  serán   comunicadas   por   el procedimiento más rápido posible; e) las  denuncias notificadas de conformidad con el artículo 99.  
                                                                      
Artículo 101 - Registro                                             
                                                                      
1. Una  vez haya  entrado en vigor el presente Protocolo, el depositario lo  transmitir  a  la Secretaría de las Naciones Unidas con  objeto  de  que  se  proceda  a  su  registro  y publicación, de  conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 
                                                                      
2. El  depositario informará   igualmente a  la Secretaría de las Naciones  Unidas de todas las ratificaciones, adhesiones y  denuncias   que  reciba   en  relación  con  el  presente  Protocolo.                                                          
                                                                      
Artículo 102 - Textos auténticos 
                                                                      
El original  del presente  Protocolo,  cuyos  textos  árabe, chino,  español,  francés,  inglés  y  ruso  son  igualmente auténticos, se  depositará  en poder del depositario, el cual enviará  copias  certificadas conformes a todas las Partes en los Convenios 
                                                                      
ANEXO I                                                             
                                                                      
REGLAMENTO RELATIVO A LA IDENTIFICACION                             
                                                                      
CAPITULO I - TARJETAS DE IDENTIDAD                                  
                                                                      
Artículo 1  - Tarjeta  de identidad del personal sanitario y religioso, civil y permanente 
                                                                      
1.  La   tarjeta  de  identidad  del  personal  sanitario  y religioso civil  y permanente, a que se refiere el párrafo 3 del artículo 18 del Protocolo debería:                              
                                                                      
a) tener el signo distintivo y unas dimensiones que permitan llevarla en un bolsillo; b) ser de un material tan duradero como sea posible; c) estar  redactada en el idioma nacional u oficial (podrían también añadirse otros idiomas); d) mencionar  el nombre,  la fecha de nacimiento del titular (o, a falta de ella, su edad en la fecha de expedición) y el número de identidad, si lo tiene; e) indicar  en qué‚  calidad tiene  derecho el  titular a  la protección de los Convenios y del Protocolo; f) llevar  la fotografía del titular, así como su firma o la huella dactilar del pulgar, o ambas; g) estar sellada y firmada por la autoridad competente; h) indicar  las fechas  de expedición  y de expiración de la tarjeta.                                                            
                                                                      
2.  La  tarjeta  de  identidad  será   uniforme  en  todo  el territorio de  cada una  de las Altas Partes contratantes y, en cuanto  fuere posible,  del mismo  tipo  para  todas  las Partes  en   conflicto.  Las   Partes  en  conflicto  pueden inspirarse en  el modelo  que, en un solo idioma, aparece en la figura  1. Al comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto se  comunicarán  un  ejemplar  de  la  tarjeta  de identidad que utilicen, si tal tarjeta difiere del modelo de la figura  1. La tarjeta de identidad se extender , si fuese posible,  por   duplicado,  debiendo   quedar  uno   de  los ejemplares en  poder de  la autoridad que la expida, la cual debería mantener un control de las tarjetas expedidas. 
                                                                      
3. En ninguna circunstancia se podrá privar de la tarjeta de identidad  al   personal  sanitario   y  religioso  civil  y permanente. En  caso de  pérdida de  una tarjeta, el titular tendrá  derecho a obtener un duplicado.
                                                                      
Artículo 2  - Tarjeta  de identidad del personal sanitario y religioso, civil y temporal   

1. La  tarjeta de  identidad para  el personal  sanitario  y religioso civil  y temporal  debería  ser,  en  lo  posible, similar  a  la  prevista  en  el  artículo  1  del  presente Reglamento. Las  Partes en conflicto pueden inspirarse en el modelo de la figura 1.                                              
                                                                      
2. Cuando  las circunstancias  impidan expedir  al  personal sanitario  y   religioso  civil   y  temporal,  tarjetas  de identidad similares  a la  descrita en  el  artículo  1  del presente Reglamento,  podrá  proveerse  a ese  personal de un certificado firmado  por la  autoridad competente, en el que conste que  la persona a la que se expide está adscrita a un servicio en  calidad de  personal temporal, indicando, si es posible, el  tiempo que  estar  adscrita  al servicio  y  el derecho del  titular a  ostentar el  signo  distintivo.  Ese certificado debe  indicar el nombre y la fecha de nacimiento del titular  (o a falta de esa fecha, su edad en la fecha de expedición del  certificado), la  función del  titular y  el número de  identidad, si  lo tiene.  Llevar   la  firma  del interesado o la huella dactilar del pulgar, o ambas. 
                                                                      
CAPITULO II - SIGNO DISTINTIVO                                      
                                                                      
Artículo 3 - Forma y naturaleza                                     
                                                                      
1. El  signo distintivo  (rojo sobre  fondo blanco) ser  tan grande como  las circunstancias  lo justifiquen.  Las  Altas Partes contratantes  pueden inspirarse  para la  forma de la cruz, la  media luna  y el  león y  sol en  los modelos  que aparecen en la figura 2.    
                                                                      
2. De  noche o  cuando la  visibilidad sea  escasa, el signo distintivo podrá  estar alumbrado  o iluminado;  podrá estar hecho también  con materiales que permitan su reconocimiento gracias a medios técnicos de detección.
                                                                      
Artículo 4 - Uso                                                    
                                                                      
1.  El   signo  distintivo  se  colocar ,  siempre  que  sea factible, sobre  una superficie  plana  o  en  banderas  que resulten visibles  desde todas  las direcciones  posibles  y desde la mayor distancia posible.                                   
                                                                      
2. Sin  perjuicio  de  las  instrucciones  de  la  autoridad competente, el  personal sanitario y religioso que desempeñe sus funciones  en el  campo de  batalla, ir  provisto, en la medida de  lo posible,  del signo  distintivo en el tocado y vestimenta.                         
                                                                      
CAPITULO III - SEÑALES DISTINTIVAS                                  
                                                                      
Artículo 5 - Uso facultativo                                        
                                                                      
1. A  reserva de  lo dispuesto en el artículo 6 del presente Reglamento, las  señales previstas  en el  presente Capítulo para el  uso exclusivo  de las  unidades  y  los  medios  de transporte sanitarios  no se emplearán para ningún otro fin. El empleo  de todas las señales a que se refiere el presente Capítulo es facultativo.                                            
                                                                      
2. Las  aeronaves sanitarias  temporales que, bien por falta de tiempo  o por razón de sus características, no puedan ser marcadas con  el signo  distintivo, podrán  usar las señales  distintivas autorizadas  por este  Capítulo.  El  método  de señalización más  eficaz de  una aeronave  sanitaria para su identificación y  reconocimiento es,  sin embargo, el uso de una señal  visual,  sea  el  signo  distintivo  o  la  señal luminosa descrita  en el artículo 6, o ambos, complementados por las  demás señales a que se refieren los artículos 7 y 8 del presente Reglamento.                                            

Artículo 6 - Señal luminosa                                         
                                                                      
1. Se  establece como  señal  distintiva  de  las  aeronaves sanitarias la  señal luminosa consistente en un luz azul con destellos. Ninguna  otra aeronave  utilizar  esta  señal. El color  azul   que  se   recomienda  se   representa  con  la utilización de las siguiente coordenadas tricromáticas:límite de los verdes. y = 0.065 - 0.805 x; límite de los blancos. y = 0.400 - x;   límite de los púrpura. x = 0.113 - 0.600 y. La frecuencia  de destellos  que se  recomienda para  la luz azul es de 60 a 100 destellos por minuto.  
                                                                      
2. Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las luces necesarias  para que  las señales resulten visibles en todas las direcciones posibles.                                     
                                                                      
3. A falta de acuerdo especial entre las Partes en conflicto que reserve  el uso  de la  luz azul  con destellos  para la identificación de  los  vehículos,  buques  y  embarcaciones sanitarios, no  estar  prohibida  su utilización  por  otros vehículos o embarcaciones.          
                                                                      
Artículo 7 - Señal de radio                                         
                                                                      
1.  La   señal   de   radio   consistirá   en   un   mensaje radiotelefónico o  radiotelegráfico precedido  de una  señal distintiva  de   prioridad  designada  y  aprobada  por  una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esa señal ser  transmitida tres  veces antes  del distintivo de llamada del transporte sanitario  de que  se  trate.  Dicho  mensaje  se transmitirá  en  inglés, a  intervalos apropiados  y  en  una frecuencia o  unas frecuencias  determinadas de  conformidad con lo  dispuesto en  el párrafo 3 del presente artículo. El empleo  de  la  señal  de  prioridad  estar   exclusivamente reservado para  las unidades  y  los  medios  de  transporte sanitarios.       
                                                                      
2. El  mensaje de  radio precedido de la señal distintiva de prioridad que  se menciona  en el  párrafo  1  incluir   los elementos siguientes:                                               
                                                                      
a) distintivo de llamada del medio de transporte sanitario; b) posición del medio de transporte sanitario; c) número y tipo de los medios de transporte sanitarios;d) itinerario previsto; e) duración  del viaje  y  horas  de  salida  y  de  llegada previstas, según los casos; f) otros datos, tales como altitud de vuelo, radiofrecuencia de escucha,  lenguajes convencionales, y modos y códigos del sistema de radar secundario de vigilancia.                          
                                                                      
3. A fin de facilitar las comunicaciones que se Mencionan en los párrafos  1 y  2, así  como las  comunicaciones a que se refieren los  artículos 22,  23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo,  las Altas Partes contratantes, las Partes en conflicto o  una de estas, de común acuerdo o separadamente, pueden designar  y publicar  las frecuencias nacionales que, de conformidad  con el  cuadro de  distribución de bandas de frecuencia    que     figura    en    el    Reglamento    de Radiocomunicaciones,  anexo  al  Convenio  Internacional  de Telecomunicaciones decidan  usar para  tales comunicaciones. Esas frecuencias  se notificarán a la Unión Internacional de Telecomunicaciones de  conformidad con  el procedimiento que apruebe   una    Conferencia   Administrativa   Mundial   de Radiocomunicaciones.  
                                                                      
Artículo 8 - Identificación por medios electrónicos                 
                                                                      
1. Para  identificar y  seguir el  curso  de  las  aeronaves sanitarias podrá   utilizarse el  sistema de radar secundario de vigilancia  (SSR), tal  como se especifica en el Anexo 10 del Convenio  de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, del  7   de  diciembre   de  1944,  con  sus  modificaciones posteriores. El modo y código de SSR que hayan de reservarse para  uso   exclusivo  de  las  aeronaves  sanitarias  serán establecidos por  las Altas  Partes  contratantes,  por  las Partes en conflicto o por una de las Partes en conflicto, de común  acuerdo  o  separadamente,  en  consonancia  con  los procedimientos que  sean recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional.                                       
                                                                      
2. Las  Partes en  conflicto, por  acuerdo especial,  podrán establecer para  uso entre  ellas,  un  sistema  electrónic  similar para  la identificación de vehículos sanitarios y de  buques y embarcaciones sanitarios.   
                               
CAPITULO IV - COMUNICACIONES                                        
                                                                      
Artículo 9 - Radiocomunicaciones                                    
                                                                      
La señal de prioridad prevista en el artículo 7 del presente Reglamento   podrá     precederá  a    las   correspondientes radiocomunicaciones de  las unidades  sanitarias  y  de  los medios de  transporte sanitarios  para la  aplicación de los procedimientos que  se pongan en práctica de conformidad con los artículos  22, 23,  25, 26,  27, 28,  29, 30  y  31  del Protocolo.               
                                                                      
Artículo 10 - Uso de códigos internacionales                        
                                                                      
Las  unidades   sanitarias  y   los  medios   de  transporte sanitarios  podrán   usar  también  los  códigos  y  señales establecidos    por     la    Unión     Internacional     de Telecomunicaciones,  la   Organización  de   Aviación  Civil Internacional  y   la   Organización   Consultiva   Marítima Intergubernamental. Esos  códigos y  señales serán usados de conformidad  con   la  normas,  prácticas  y  procedimientos establecidos por dichas Organizaciones.                             
                                                                      
Artículo 11 - Otros medios de comunicación                          
                                                                      
Cuando no  sea posible establecer una comunicación bilateral por radio,  podrán utilizarse  las señales  previstas en  el Código Internacional de Señales adoptado por la Organización  Consultiva  Marítima   Intergubernamental  o   en  el  Anexo correspondiente del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional,  del   7  de   diciembre  de  1944,  con  las modificaciones que se introduzcan posteriormente.                   
                                                                      
Artículo 12 - Planes de vuelo                                       
                          
* NOTA: FAVOR HACER CUADROS Y GRAFICAS CONTENIDOS EN TEXTO FISICO
                                          
Los acuerdos  y notificaciones  relativos a  los  planes  de vuelo a  que se  refiere el  artículo 29  del  Protocolo  se formularán, en  todo lo  posible,  de  conformidad  con  los procedimientos establecidos  por la Organización de Aviación Civil Internacional.                                                
                                                                      
Artículo   13   -   Señales   y   procedimientos   para   la interceptación de aeronaves sanitarias Si se  utilizase una  aeronave interceptadora para comprobar la identidad  de una  aeronave sanitaria  en  vuelo  o  para ordenar  a   ésta  el  aterrizaje  de  conformidad  con  los artículos 30 y 31 del Protocolo, tanto la aeronave sanitaria como la  interceptadora  deberían  usar  los  procedimientos normalizados de interceptación visual y por radio prescritos en el  Anexo 2  del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional,  del   7  de   diciembre  de  1944,  con  sus modificaciones posteriores.                                         
                                                                      
CAPITULO V - PROTECCION CIVIL                                       
                                                                      
Artículo 14 - Tarjeta de identidad                                  
                                                                      
1. La  tarjeta de identidad del personal de los servicios de protección civil  prevista en  el párrafo  3 del artículo 66 del  Protocolo  se  rige  por  las  normas  pertinentes  del artículo 1 de este Reglamento.                                      
                                                                      
2. La  tarjeta de identidad del personal de protección civil puede ajustarse al modelo que se indica en la figura 3.             
                                                                      
3. Si  el personal  de protección  civil está  autorizado  a llevar armas  ligeras individuales, se debería hacer mención de ello en la tarjeta de identidad.                                 
                                                                      
Artículo 15 - Signo distintivo internacional                        
                                                                      
1. El  signo distintivo  internacional de  protección  civil previsto en  el párrafo 4 del artículo 66 del Protocolo ser  un triángulo  equilátero azul  sobre fondo  naranja.  En  la figura 4, a continuación, aparece un modelo.                        
                                                                      
2. Se recomienda:                                                   
                                                                      
a) que  si el  triángulo azul  se utiliza  en  una  bandera, brazalete o dorsal, éstos constituyan su fondo naranja; b) que uno de los ángulos del triángulo apunte hacia arriba, verticalmente; c) que  ninguno de  los tres   ángulos tenga  contacto con el borde del fondo naranja.                                            
                                                                      
3. El  signo distintivo  internacional ser   tan grande como las circunstancias  lo justifiquen. Siempre que sea posible, el signo  deber  colocarse  sobre una  superficie plana o en banderas visibles  desde todas  las direcciones  posibles  y desde la  mayor distancia  posible.  Sin  perjuicio  de  las instrucciones de  la autoridad  competente, el  personal  de protección civil  deber  estar  provisto en  la medida de lo posible, del  signo distintivo en el tocado y vestimenta. De noche o  cuando la  visibilidad sea  escasa, el  signo podrá  estar alumbrado  o iluminado;  puede también estará hecho con materiales que  permitan su  reconocimiento gracias a medios técnicos de detección.                                              
                                                                      
CAPITULO VI  - OBRAS  E INSTALACIONES  QUE CONTIENEN FUERZAS PELIGROSAS                                                          

Artículo 16 - Signo internacional especial                          
                                                                      
1. El signo internacional especial para las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, previsto  en el   párrafo  7  del   artículo  56  del   Protocolo, consistir   en  un  grupo  de  tres círculos del  mismo tamaño  de color naranja vivo a lo largo de un  mismo  eje,  debiendo  ser  la  distancia  entre  los círculos equivalente a su radio, según indica la figura 5. 
                                                                      
2. El  signo será   tan grande  como  las  circunstancias  lo justifiquen. Cuando se coloque sobre una superficie extensa,  el signo  podrá repetirse  tantas veces  como  sea  oportuno según  las  circunstancias.  Siempre  que  sea  posible,  se colocar  sobre  una superficie  plana o  sobre  anderas  de  manera que  resulte  visible  desde  todas  las  direcciones posibles y desde la mayor distancia posible.  
                                                                      
3. Cuando el signo figure en una bandera, la distancia entre los límites exteriores del signo y los lados contiguos de la bandera ser   equivalente al radio de un círculo. La bandera ser  rectangular y su fondo blanco.                                 
                                                                      
4. De  noche o  cuando la  visibilidad sea  escasa, el signo podrá  estar alumbrado o iluminado. Puede estar hecho también con materiales  que permitan  su  reconocimiento  gracias  a medios técnicos de detección.                                       
                                                         
DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Apruébase el "PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES (PROTOCOLO I)", adoptado en Ginebra el 8 de junio de 1977.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 7a. de 1944, el "PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES (PROTOCOLO I)", adoptado en Ginebra el 8 de junio de 1977 que por el artículo primero de esta Ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional.

ARTICULO TERCERO: La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Santafé de Bogotá, D.C. a los 21 días del mes de julio de 1992.

(siguen firmas)

III. PRUEBAS

En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, el suscrito Magistrado Ponente decretó pruebas con miras a allegar al proceso copia auténtica del expediente legislativo y de todos los antecedentes del proyecto que culminó con la expedición de la que es hoy la Ley 11 de julio de 1992, para lo cual -por intermedio de la Secretaría General- ofició al Presidente de la Cámara de Representantes y del Senado de la República.

A dichos funcionarios les solicitó asimismo información sobre el proponente del proyecto de ley (i); las razones de orden constitucional en que se fundamentó (ii); las razones de orden constitucional y legal que sirvieron de sustento a su tramitación tanto a nivel de Comisión como de Plenaria (iii); la interpretación que esa Corporación ha dado a su competencia legislativa respecto de los tratados previstos en el artículo 58 transitorio de la Constitución Política (iv); el alcance dado al referido artículo transitorio de la Constitución Política (v); las razones por las cuales se consideró competente para aprobar el susodicho tratado mediante ley (vi); el conducto y procedimiento que el Ministerio de Relaciones Exteriores siguió para expresar ante ese cuerpo la opinión del gobierno según la cual "por corresponder ... -entre otros, el tratado objeto de la presente ley aprobatoria- a los previstos en el artículo transitorio No. 58 de la Carta estimaban innecesario proseguir el trámite de los mismos ante dicha Corporación" (vii); el conducto y procedimiento seguido por el Congreso para informar al gobierno nacional que "... el órgano legislativo consideró pertinente culminar el trámite de aprobación de dichos Tratados" (viii).

Igualmente, solicitó a la Ministra de Relaciones Exteriores que informara sobre las razones por las cuales ese Despacho "manifestó al Congreso que por corresponder dichos Tratados a los previstos en el artículo Transitorio No. 58 de la Carta estimaba innecesario proseguir el trámite de los mismos ante dicha Corporación" (i); que indicara también ante quien, cuándo y a raíz de qué hecho ese Ministerio expresó la citada opinión; y si ella fue comunicada oficialmente por escrito (ii); acerca de si aparte del carácter necesario o "innecesario" del trámite de los proyectos de ley relativos a los tratados comprendidos en el artículo 58 transitorio de la Constitución Política, ese Ministerio evaluó o conceptuó sobre su constitucionalidad (iii); en caso afirmativo, sobre el concepto emitido y sobre si éste fue comunicado oficialmente por escrito al Congreso de la República (iv); sobre los argumentos en que se basó ese Ministerio para afirmar que "... el órgano legislativo consideró pertinente culminar el trámite de aprobación de dichos Tratados, ante quién, cuándo y por cuál conducto el Congreso de la República expresó la citada opinión y si la misma fue comunicada oficialmente por escrito. En caso afirmativo, suministrar con destino a las presentes diligencias copia certificada de los folios pertinentes (v); si el Congreso de la República se había limitado a evaluar la pertinencia de "proseguir el trámite" de los proyectos de ley relativos a los tratados comprendidos en el artículo 58 transitorio de la Constitución Política, o, por el contrario, también evaluó o conceptuó sobre su constitucionalidad. En caso afirmativo, cuál fue su concepto? Fue este comunicado oficialmente por escrito al Gobierno por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores? En caso afirmativo, suministrar con destino a las presentes diligencias copia certificada de los folios pertinentes (vi).

A los elementos de juicio aportados por el material probatorio se hará referencia, en lo pertinente, en el acápite VI, a propósito de las consideraciones en que la Corte Constitucional fundamentará su fallo en el presente caso.

IV. INTERVENCIONES

En respuesta a las comunicaciones que se surtieron en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 del decreto 2067 de 1991, el Ministerio de Relaciones Exteriores -por conducto de su Subsecretaría Jurídica-, solicitó que en las presentes diligencias se tuviera en cuenta la argumentación que ese despacho expuso en el proceso ACTI-OO6, en apoyo de la constitucionalidad del "Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, adoptado en Ginebra el 8 de junio de 1977" (Protocolo I).

V. EL MINISTERIO PUBLICO

El Jefe del Ministerio Público emitió la vista fiscal en oficio 132 de diciembre 10 de 1992. En ella solicita a la Corte Constitucional declarar exequible la ley objeto de revisión.

El señor Procurador General de la Nación comienza por adentrarse en el análisis de los presupuestos constitucionales del control de tratados y convenios internacionales.

Luego analiza la aprobación que el Congreso dió al Protocolo I en virtud de la ley en revisión. A propósito de la validez constitucional de tal actuación expresa:

"Es evidente que la Constituyente habilitó al Presidente de la República para 'ratificar los tratados y convenios celebrados que hubiesen sido ratificados a lo menos, por una de las Cámaras del Congreso de la República' (artículo transitorio 58), pero también lo es, que el Gobierno inexplicablemente defirió ejercitar tal autorización y, entretanto, el Congreso elegido el 27 de octubre de 1991, comenzó a sesionar y a dar curso a algunos proyectos de leyes, entre los que se encontraban los remitidos a esa Corporación por la Cancillería.

"Para el Despacho, la continuación del trámite ordenado por el Congreso de la República, constituye el ejercicio normal de sus atribuciones naturales constitucionales, especialmente la de hacer las leyes aprobando o improbando los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional (art. 150-16), ante la omisión presidencial de ratificar dichos instrumentos internacionales que hasta la entrada en vigencia de la Constitución actual, hacían el curso de rigor, para su adopción válida, como también lo ordenaba la Carta anterior. Además, la decisión del Congreso se produce antes de que los tratados en cuestión hubieran sido ratificados por el Presidente de la República, de acuerdo con la autorización transitoria 58.

"Lo anterior, exige dejar sentado que la Asamblea Nacional Constituyente en lo que precisamente se denomina 'disposiciones transitorias' precisamente otorgaba al Ejecutivo un conjunto de habilitaciones y autorizaciones que debían ejercitarse en los precisos términos y plazos señalados en la misma, pero que ninguna tenía ni podía tener vocación intemporal o carácter indefinido, y así debe entenderse el artículo transitorio 58, que aunque no fija plazo específico no puede comprenderse que estuviese abierta en el tiempo hasta cuando así lo quisiere el Gobierno Nacional.

"Como se trataba de una autorización otorgada con base en una disposición transitoria, resulta incuestionable que si el Gobierno no la utilizaba, como en efecto no lo hizo al dilatarla innecesariamente, entonces el Congreso en ejercicio de sus atribuciones naturales inherentes a su titularidad legislativa, especialmente la de aprobar los tratados y convenios, podía continuar el trámite constitucional legislativo e incorporar al Ordenamiento el Protocolo pluricitado, para darle validez como lo ordena el artículo 224 de la Constitución vigente" (Fls. 7 a 9).

Adentrándose en la materia propia de la ley sub-exámine, se refiere a la regulación de los conflictos armados y a sus antecedentes constitucionales; a los instrumentos internacionales que conforman el ordenamiento internacional positivo aplicable a los conflictos armados de carácter interno o internacional; al minimun humanitario contenido en el sistema constitucional colombiano y al derecho internacional humanitario en la Constitución; a la no afectación del estatuto jurídico que, conforme al artículo 3o. común a los cuatro Convenios de Ginebra, es aplicable a las partes en conflicto; al contenido normativo de éstos así como al del Protocolo I. Sobre este último observa:

"El Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra, sujeto a control constitucional de revisión, no ofrece reparo alguno de inconstitucionalidad, puesto que el conjunto de sus disposiciones tiende objetivamente a garantizar el respeto y protección del derecho a la vida, al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado limitando el uso de la fuerza por los sujetos involucrados en un conflicto armado. Asimismo, tiene como objetivo evitar la guerra, y en su defecto limitar los métodos y medios de hacer la guerra, todo en aras del derecho a la paz, como elemento estructural de la convivencia pacífica en el marco de las relaciones internacionales" (Fl. 39).

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

A. Competencia

Esta Corte es competente para acometer la revisión constitucional de la ley 11 de 1992 y para pronunciarse con carácter definitivo y absoluto sobre su constitucionalidad, según lo dejó sentado al definir el alcance del numeral 10 del artículo 241 de la Carta, con fundamento en estudio que el suscrito ponente1 realizó por encargo de la Sala Plena, en el cual, entre otras, examinó los alcances de la vía del control integral, automático y previo de los tratados internacionales y las leyes aprobatorias de los mismos. Así consta en Acta No. 52 correspondiente a la sesión celebrada en abril (6) seis del pasado año.

Conviene asimismo recordar que el Protocolo I fue uno de los instrumentos cobijados por el referido estudio y que de ellos se predicó la siguiente observación:

"el trámite sui generéis y de carácter excepcional que sufrieron por razón del tránsito constitucional no desvirtúa en nada su naturaleza de verdaderos tratados en vías de formación"2 

B. La Cosa Juzgada Material

Para los efectos de la presente revisión oficiosa es también pertinente tener en cuenta que en el expediente ACTI-06, que concluyó con la sentencia C-574 de octubre 28 de 1992, esta Corte examinó la constitucionalidad material del Protocolo I, declarándolo exequible.

En consideración a los efectos de cosa juzgada, de carácter definitivo y erga omnes que produjo la referida decisión, respecto de la constitucionalidad material del instrumento que es objeto de la presente revisión, corresponderá estarse a lo ya resuelto por la Corte Constitucional en la citada providencia. Así se dispondrá en la parte resolutiva del presente fallo.

C. El pronunciamiento de mérito: la ley 11 de 1992

a) La Materia

Como la materia del Protocolo I ya fue objeto de pronunciamiento por parte de este cuerpo judicial en la referida sentencia C-574 y existe cosa juzgada material respecto de ella, la Corte, en el presente caso, circunscribirá su examen al procedimiento de formación de la ley 11 de 1992, aprobatoria del instrumento en cuestión.

b) El Protocolo I: Antecedentes

Conviene recordar ciertos aspectos atinentes al Protocolo I, adicional a los cuatro Convenios de Ginebra, algunos de los cuales fueron acotados en el proceso que dio lugar a la sentencia que se cita:

1. El Protocolo I, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados de carácter internacional, por su contenido normativo, forma parte del corpus del derecho internacional humanitario, el cual, a su turno, es parte integrante del ius cogens, o conjunto normativo cuya obligatoriedad y fuerza vinculante emana del respaldo universal que a sus preceptos da la comunidad internacional en su conjunto, la que además considera que sus normas no admiten acuerdo en contrario.

En lo atinente al tratamiento jurídico de la guerra, el derecho internacional humanitario ha rebasado la regulación del derecho de la guerra, propia del denominado Derecho de la Haya, contenido en los Convenios de 1899 y 1907 /ius ad bellum) y se ha adentrado en los aspectos globales del conflicto (ius in bello) con una perspectiva civil y humanitaria, inherente al comúnmente conocido como Derecho de Ginebra.

De la primera corriente son características tanto una perspectiva estatal como una óptica eminentemente reguladora del conflicto. De la segunda son notas distintivas, una perspectiva universal así como una dimensión civilista y humanizante del conflicto armado mismo y de sus consecuencias.

El Protocolo I, protege a las víctimas de conflictos armados de carácter internacional; el Protocolo II a las de conflictos armados internos.

Estos instrumentos, -también conocidos como los dos Protocolos adicionales de 1977- complementan los cuatro Convenios suscritos por la Conferencia Diplomática reunida en Ginebra el 12 de agosto de 1949.

Los instrumentos citados son más comúnmente conocidos como los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. En su orden, son:

I. Convenio para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña;

II. Convenio para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar;

III. Convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra;

IV. Convenio relativo a la protección de las personas civiles en tiempos de guerra.

Los citados Convenios fueron aprobados mediante la ley 5a. de 1960, la cual fue declarada exequible mediante sentencia No. 99 de noviembre 9 de 1989 por la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, con ponencia del Magistrado Hernando Gómez Otálora, en lo atinente a los vicios imputados a su procedimiento de formación.

2. Colombia estuvo representada y participó en la Conferencia diplomática para la reafirmación y el desarrollo del derecho Internacional Humanitario en la que se adoptó el texto de los Protocolos I y II, la cual tuvo lugar en Suiza en las sesiones de febrero 20 - marzo 29 de 1974; febrero 3 - abril 18 de 1974; abril 21 - junio 11 de 1976 y marzo 17 a junio 10 de 1977.

3. Para los Estados que, como Colombia, no fueron signatarios de los referidos Protocolos, quedó abierta la posibilidad de vincularse a ellos como parte, mediante el mecanismo de la adhesión conforme al artículo 94 de los mismos, que dice:

"El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de toda parte en los Convenios no signataria de este Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del depositario"3 (Consejo federal suizo, conforme al art. 93 ibídem).

c) El proceso de formación de la ley aprobatoria del Protocolo I.

Por lo que hace al proceso de formación de la ley aprobatoria del Protocolo I, obsérvase que tanto en los antecedentes legislativos del proyecto de Ley No. 137 Cámara/141 Senado, que culminó en la expedición de la misma, los cuales fueron remitidos por el Congreso de la República en cumplimiento del decreto de pruebas ordenado por el Magistrado Ponente, así como en la información suministrada por la Ministra de Relaciones Exteriores, constan los siguientes hechos atinentes al trámite de aprobación sufrido por el Protocolo I ante el derecho interno:

- El Protocolo I, adicional a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales adoptado en Ginebra el 8 de junio de 1977, fue aprobado por el ejecutivo el 17 de octubre de 1990 (Fl. 155).

- El proyecto de ley inicia su proceso de formación bajo la vigencia de la Carta de 1886. Por su pertinencia para el presente examen, cabe destacar los siguientes pasos cumplidos por entonces:

- El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Dr. Luis Fernando Jaramillo -a la sazón titular de esa cartera- sometió el 17 de octubre de 1990 el proyecto de ley aprobatoria del instrumento en cuestión a la consideración del Congreso, para los efectos constitucionales relacionados con su aprobación.

- La Cámara de Representantes recibió el proyecto de ley el 24 de octubre de 1990, siendo radicado bajo el No. 137/1990 (Fl. 92).

- La Comisión II Constitucional Permanente de esa Corporación, en sesión del 21 de noviembre del mencionado año y con ponencia del Representante José Guerra de la Espriella, aprobó por unanimidad, en primer debate la referida iniciativa; asimismo, ordenó darle curso para segundo debate, siendo aprobado en la plenaria de esa Cámara el 11 de diciembre de 1990 (Fl. 82).

- El 12 de diciembre de 1990 la Cámara de Representantes envió el proyecto al Senado de la República para que allí continuara su trámite. En dicha Corporación fue repartido el 9 de abril de 1992 y radicado con el No. 141/92.

Ahora bien, durante la legislatura de 1992, esto es, bajo la vigencia de la Constitución de 1991, se surtieron los siguientes trámites:

- El 22 de abril de 1992 se presenta ponencia para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado (Fl. 73).

- La Comisión Segunda de esa Cámara aprueba el proyecto con ponencia favorable rendida por el senador Enrique Gómez Hurtado.

- La Plenaria del Senado lo aprueba en sesión del 10 de julio, también con ponencia favorable.

- Finalmente, el proyecto de Ley 137 Cámara/141 Senado, es sancionado por el Presidente de la República el 21 de julio de 1992, convirtiéndose en la ley 11 del mismo año.

d) El artículo 58 transitorio de la Carta de 1991 y la competencia del Congreso en materia de aprobación de tratados.

Esclarecido, como está, que en la fecha en que entró en vigor la nueva Carta Política, el instrumento internacional referido se encontraba cumpliendo proceso de perfeccionamiento, -más concretamente, que había sufrido los dos debates constitucionales en la Cámara de Representantes-, corresponde a la Corte Constitucional determinar, en esta oportunidad, la validez constitucional de la prosecución en el Senado de la República, del trámite de formación de la ley aprobatoria del mismo, habida cuenta de la existencia de la disposición transitoria 58 de la Carta de 1991 que, al efecto, dispuso:

"Autorízase al Gobierno Nacional para ratificar los tratados o convenios que hubiesen sido aprobados, al menos, por una de las Cámaras del Congreso de la República".

En sentir de la Corte Constitucional, en la disposición transcrita el Constituyente previó -respecto de los instrumentos internacionales cuyo proceso de perfeccionamiento se encontrare inconcluso a la fecha de entrada en vigor de la nueva Carta Política, pero en el cual ya se hubieren agotado las etapas de negociación, celebración y confirmación presidencial del texto, también conocida como aprobación ejecutiva-, un excepcional modo de conclusión de la fase de aprobación congresional mediante ley.

En efecto, en este caso la voluntad legislativa se formaría de manera constitucionalmente válida, mediante la aprobación del proyecto a nivel de comisión y de plenaria, por una de las dos Cámaras del Congreso de la República.

En otros términos, respecto de los tratados o convenios internacionales respecto de los cuales se predicare el supuesto fáctico previsto en el artículo 58 transitorio de la Carta de 1991, el Constituyente contempló un especialísimo procedimiento para la formación y expresión de la voluntad legislativa, consistente en exceptuarlo tanto de los cuatro (4) debates que, de ordinario exige la Carta para que un proyecto se convierta en ley de la República, como de la sanción presidencial.

En relación con los tratados que se encontraren en la situación descrita, el Constituyente dió por satisfecho el requisito constitucional de aprobación congresional con su discusión y aprobación en primero y segundo debate en una de las dos cámaras legislativas, siempre y cuando ambos tuvieren lugar en la misma.

Por otra parte, para los efectos de este fallo la Corte Constitucional pone de presente que las disposiciones transitorias, por elemental predicamento inherente a su propia razón de ser, conforman régimen especial; el cual, en cuanto tal, es de aplicación preferente.

Además, por elemental imperativo de la lógica jurídica, un régimen de esa naturaleza excluye la posibilidad de ser aplicado de manera concurrente con la regulación normativa destinada a regir el funcionamiento y competencias de los poderes públicos en épocas de regularidad institucional.

e) La acotación del Ministerio de Relaciones Exteriores

Por otra parte, es del caso aludir a la comunicación remisoria de la citada ley (Oficio S.J. 24102) que el Ministerio de Relaciones Exteriores dirigiera a la Corte Constitucional "de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10o. del artículo 241 de la Constitución Política" y en la cual consta lo siguiente:

"Es de anotar, que los instrumentos internacionales que por las leyes citadas en precedencia se aprueban, son actualmente objeto de control por parte de la Honorable Corte Constitucional, por cuanto en estos Tratados se cumplía el supuesto previsto en el artículo transitorio No. 58 de la Carta.

"Por consiguiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, una vez surtido el trámite de estos Tratados ante la Comisión Especial, los remitió a la Corte Constitucional el 2 de diciembre de 1991, mediante oficio No. 31615.

"Asimismo, esta entidad manifestó al Congreso de la República que, por corresponder dichos Tratados a los previstos en el artículo transitorio No. 58 de la Carta, estimaba innecesario proseguir el trámite de los mismos ante dicha Corporación. Sin embargo, el órgano legislativo consideró pertinente culminar el trámite de aprobación de dichos Tratados.

"Por su parte, el Gobierno, en la medida que consideró conveniente dichos Tratados y no encontrándolos violatorios de la Constitución, determinó sancionarlos" (Enfasis fuera de texto).

La respuesta de los Presidentes de la Cámara de Representantes y Senado, así como de la Ministra de Relaciones Exteriores al cuestionario reseñado en el acápite IV, permitió establecer los siguientes hechos:

- La Comisión Segunda Constitucional del Senado, en la sesión del 22 de abril de 1992, aprobó enviar a la Cancillería el siguiente concepto:

"El Congreso debe aprobar los tratados (art. 224 C.N.). Este artículo concuerda con el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución. Entiende entonces la Comisión que los Tratados Internacionales y las leyes que los aprueban deben ser remitidos a la Corte Constitucional "dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley" y no antes. El artículo transitorio Número 58 de la Constitución ya no tiene aplicación" (Subrayas fuera de texto).

- La Cancillería dió respuesta al citado oficio mediante comunicación S.J. 14457 de mayo 14 de 1992 en la cual, luego de informar a la Comisión Segunda del Senado de la República, por intermedio de su Presidente, que la Corte se encontraba conociendo de la constitucionalidad de varios instrumentos internacionales, entre ellos, el que es materia del presente proceso, manifestó:

"Como quiera que el artículo 58 transitorio de la Constitución ha dado lugar a diversas interpretaciones, para este Despacho sería muy valioso contar con la opinión del señor Presidente de la H. Comisión Segunda, en el sentido de precisar si no sería de gran utilidad aprovechar el actual curso de control automático de constitucionalidad, con el fin de despejar las dudas sobre el trámite que corresponda dar a los tratados que tienen la aprobación de una de las Cámaras Legislativas".

- El Presidente de la Comisión Segunda del Senado, al responder en mayo 20 de 1992 la referida misiva, dijo:

"Le reitero lo que le comuniqué en nuestro oficio del 27 de abril de 1992 "Esta Comisión considera que desde la vigencia de la nueva Constitución, el Congreso debe aprobar los tratados (artículo 224) concordante con el numeral 10 del artículo 239 de nuestra Carta Fundamental". De tal manera la Comisión continuará cumpliendo con el mandato del artículo 224".

f) Competencias del legislativo y el ejecutivo.

A juicio de esta Corte, tanto el Congreso como el Presidente de la República desbordaron sus competencias constitucionales al pretender expedir -el primero- y sancionar -el segundo- leyes sobre materias que, sustraídas expresamente de los procedimientos ordinarios de actuación de tales poderes, el Constituyente sometió a un especialísimo proceso de gestación, tal como el previsto en el artículo 58 transitorio respecto de los tratados y convenios internacionales que, al momento de entrar a regir la nueva Carta Política ya hubiesen sido aprobados por una de las dos Cámaras.

En esas condiciones, mal podían el Senado y el Presidente de la República hacer caso omiso del mandato constitucional citado, y proseguir con el trámite de aprobación y de expedición de la referida ley. Dicho proceder comporta ostensible transgresión a la disposición transitoria No. 58 de la Carta, razón que siendo de por sí suficiente para declarar la inexequibilidad de la ley, hace inútil que la Corte Constitucional se ocupe de cualquier consideración adicional.

g) La razón de constitucionalidad aducida por el Ministerio Público

Para concluir, debe esta Corte referirse al argumento esgrimido por el señor Procurador General de la Nación, para quien el procedimiento empleado por el Congreso es constitucional por cuanto, el Gobierno inexplicablemente defirió ejercitar la facultad transitoria prevista en el artículo 58 de la Carta, de la cual solo podía hacer uso antes del 1o. de diciembre de 1991, fecha en que comenzó a sesionar el nuevo Congreso elegido el 27 de octubre del mismo año, so pena de "dilatarla innecesariamente".

Hace ver la Corte que mal podía el Presidente haber hecho uso de la referida facultad durante el lapso a que alude el agente del Ministerio Público pues, para ese entonces, este tribunal judicial adelantaba la revisión constitucional del citado instrumento, la cual se inició el 4 de septiembre de 1991 y culminó el 28 de octubre de 19924 

Es sabido que, por expresa disposición del articulo 241-10 de la Carta de 1991, la ratificación presidencial está condicionada a la decisión jurisdiccional de control constitucional que pronuncie esta Corte.

Por manera que desde que en ella se instituyó, respecto de esta clase de actos, el control previo, la única ratificación presidencial constitucionalmente válida es la que se efectúe después de que la Corte Constitucional, como resultado de la culminación del proceso de revisión constitucional que le compete efectuar al tenor de lo dispuesto en artículo 241-10 de la Carta, lo declare ajustado a la Constitución.

Por lo demás, es del caso tener en cuenta en este proceso que dentro del expediente ACTI-06 la Corte Constitucional puso en conocimiento tanto del Presidente de la República5 como del Presidente del Congreso6 y de la Ministra de Relaciones Exteriores7, la iniciación del proceso constitucional de revisión oficiosa del Protocolo I.

Recuérdese, en efecto, que en tal virtud, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Congreso intervinieron en dicho proceso para defender la constitucionalidad del Protocolo I.

Así, pues, no puede la Corte dejar de manifestar su extrañeza ante la circunstancia de que el Congreso de la República hubiese expedido la citada ley y que el Presidente la hubiera sancionado el 21 de julio de 1992, cuando la revisión constitucional del Protocolo I se encontraba en curso.

Sorprende, de otra parte, que el Presidente de la República no la hubiera objetado por inconstitucional, cuando dicho proceder habría sido el congruente con la posición que el gobierno nacional y concretamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores- dice haber comunicado al órgano legislativo y que de hecho asumió previamente cuando lo encuadró en la hipótesis normativa del artículo 58 transitorio de la Carta, según lo expresó al remitir su texto a esta Corte para su revisión constitucional.

VII DECISION

En consideración a lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, previos los trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, oido el señor Procurador General de la Nación, administrando justicia

EN NOMBRE DEL PUEBLO 
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION

RESUELVE:

Primero. Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, declárase INEXEQUIBLE la Ley 11 de julio 21 de 1992, por la cual se aprueba el Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, adoptado en Ginebra el 8 de junio de 1977 (Protocolo I).

Segundo. ESTESE A LO RESUELTO en al sentencia C-574 de octubre 28 de 1992 que declaró exequible el Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, adoptado en Ginebra el 8 de junio de 1977 (Protocolo I).

Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Presidente

CIRO ANGARITA BARON				EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
     Magistrado						  Magistrado

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO		ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
     Magistrado						  Magistrado

FABIO MORON DIAZ					JAIME SANIN GREIFFENSTEIN
     Magistrado						  Magistrado

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General