Transparencia y Justicia Abierta

19 Mis derechos 2.1.7. Acuerdo PCSJA20-11631 de 2020 . Consejo Superior de la Judicatura. Plan Estratégico de Transformación Digital en la Rama Judicial (2021-2025 “El pilar de Modernización Tecnológica y Transformación Digital del Plan Sectorial de Desarrollo (PSD) comprende “el con- junto de proyectos dirigidos a fortalecer y mejorar el servicio de la administración de justicia en el país, a través del impulso del uso de la tecnología, la innovación tecnológica y la ciencia de datos a través de herramientas disruptivas” . Esto, con el fin de acercar el servicio de justicia al ciudadano, mejorar su confianza a través de procedimientos transparentes, facili- tar el trabajo de los servidores, mejorar la productividad, disminuir los tiempos de atención y de gestión de los procesos, me- jorar la calidad y la capacidad de toma de decisiones en todo el sistema de justicia” (Consejo Superior de la Judicatura, 2020) . 2.1.8. Ley 2213 de 2022 Adicional a lo anterior, específicamente para implementar el elemento TIC en la Rama Judicial, con la Ley 2213 de 2022 se configuró el marco legal más reciente de impulso a las tecnologías de la informa- ción y las comunicaciones en los trámites judiciales que busca implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judi- ciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, juris- dicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones ← Volver a la tabla de contenidos jurisdiccionales y en los procesos arbitra- les. Lo anterior, sin perjuicio de la garantía de atención presencial en los despachos judiciales. (Sistema Único de Información Normativa). 2.1.9. Conpes 4024 de 2021 Avanzar en la modernización y transfor- mación digital de la Justicia en Colombia requiere acciones concretas encaminadas a realizarla y algunas de ellas requieren presupuesto para su concreción. Es por esto que el Conpes 4024 de 2021 integra el concepto favorable a la nación para con- tratar una operación de crédito público externo con la banca multilateral hasta por USD 100millones, o su equivalente en otras monedas, destinados a financiar el programa para la transformación digital de la justicia en Colombia- fase I. La primera fase comprende tres com- ponentes fundamentales: (i) fortaleci- miento institucional del Sistema Judicial; (ii) fortalecimiento de los servicios digita- les y de tecnología para la justicia; y (iii) fortalecimiento del entorno y la cultura digital. (Departamento Nacional de Pla- neación , 2021). 2.1.10. Plan V de Acción Nacional de Estado Abierto De igual manera, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional incluyeron en el V Plan de Acción de Estado Abierto vigen- cia 2024-2026, compromisos orientados a fortalecer la transparencia así: a. Consejo de Estado Compromiso: Fortalecimiento en los procesos de rendición de cuentas en el Consejo de Estado y mayor transparencia. Detalle del compromiso: Adelantar es- pacios de consulta a usuarios y grupos de valor para la divulgación de contenidos en lenguaje ciudadano y en formato de datos abiertos, con el fin de continuar con los procesos de rendición de cuentas continua del Consejo de Estado para la para el forta- lecimiento y actualización de la estrategia de relacionamiento de la Corporación con sus usuarios ygrupos de valor. b. Corte Constitucional Compromiso: Adecuación de senten- cias con uso de lenguaje claro y mayor acceso a la información pública. 2.1.1 1. Circular PSAC12-3. Ética Judicial Mediante Circular PSAC12-3, el Consejo Superior de la Judicatura adoptó el Código de Ética Iberoamericano como guía ética para todos los operadores judiciales de Co-lombia. (Consejo Superior de la Judicatura, 2012) . 2.1.12 . Acuerdo PCSJA18-10999 de 2018. Trato digno para usuarios de despa chos judiciales A través de este acuerdo el Consejo Su-perior de la Judicatura actualizó la Carta de trato digno adoptada en el 2014, en la cual se especifican los derechos y deberes de los usuarios y los medios dispuestos para garantizarlo. (Consejo Superior de la Judicatura, 2018) .